Los resultados de la
conferencia mundial de cambio climático realizada a principios de
diciembre en Durban, Sudáfrica, son una condena a la humanidad,
especialmente a los países del Sur más afectados por el caos climático,
mientras que los grandes contaminadores evadieron cualquier
responsabilidad u obligación y aseguraron los mercados de carbono para
seguir lucrando con falsas soluciones a la crisis. Como denunció la red
internacional Justicia Climática Ahora, significó el establecimiento de
un apartheid climático global para mantener los privilegios de una
minoría a costa de todos los demás.
El protocolo de Kioto estableció metas de reducción obligatorias para los países industrializados con mayores emisiones (listados en su Anexo 1) de apenas 5 por ciento por debajo de los niveles de 1990. Aún así, Estados Unidos –que de todos modos no firmó el protocolo–, exigió que se pudieran usar mecanismos de mercado para la reducción de emisiones, con lo cual muchas supuestas
reduccionesson solamente transacciones virtuales. Los mercados de carbono no han servido para nada frente a la crisis climática, pero abrieron jugosos frentes especulativos con la venta de créditos de carbono. Con muy malas notas y sin efecto para bajar las emisiones, el Protocolo de Kioto finalizará su primer periodo de compromisos en 2012. Muchos gobiernos de países del Sur querían abrir un segundo periodo de compromisos, con metas mínimas acordes a las necesarias según el IPCC. Pero ya en la conferencia de cambio climático en Cancún en 2010, en lugar de compromisos obligatorios se aceptó declarar
promesas, que si se cumplieran (improbable), no llegarían más que a reducciones de 13 a 17 por ciento.
Con un proceso antidemocrático e irregular como en Cancún, en
Durban se aprobó de todos modos un segundo periodo del protocolo de
Kyoto, pero como un cascarón vacío. Sin metas de reducción, sin
compromisos vinculantes, sin mecanismos de control de reducciones del
Anexo 1, pero cargando de obligaciones a los demás países que no están
entre los contaminadores históricos. Estas medidas aplicarán a todos,
aunque teóricamente se dirigen a los países de economías emergentes como
China e India, que actualmente están entre los mayores emisores
globales, aunque sólo en los últimos años –contra todo el siglo XX de
los del Anexo 1– y que las emisiones per cápita de la India son 10 veces
menores que las de Estados Unidos. Pese a este acuerdo leonino, que
terminó con el principio de
responsabilidades comunes pero diferenciadasque existía en el convenio, igual se retiraron del Protocolo, Canadá, Japón, Australia, Nueva Zelanda y Rusia, sumándose a Estados Unidos.
La Unión Europea aprovechó la situación para negociar su firma para
un segundo periodo de Kioto, imponiendo sus condiciones: sin metas
obligatorias y abriendo un nuevo proceso de negociaciones que sustituya
al Protocolo de Kioto en 2020. Este proceso y plazo, que querían todos
los países del anexo 1, es para terminar de eliminar cualquier
obligación de reducción, presionar a las economías emergentes y
traspasar la responsabilidad de la crisis climática a las poblaciones de
países pobres del sur, a través de mecanismos de mercado, que
nuevamente, favorecen a las trasnacionales de los países
industrializados. En lugar de cambiar de modelos de producción y consumo
en esos países, se comercia con el espacio que no contaminan los países
del Sur, a través de mecanismos altamente perversos como REDD en
bosques. Se aseguró además la continuidad y nuevos mecanismos de
mercado, se introdujo la discusión de usar agricultura y suelos como
sumideros de carbono y se aceptaron tecnologías de alto riesgo, como la
captura y almacenamiento de carbono en lechos marinos y formaciones
geológicas, tecnología que promueve el uso de más petróleo, gas y
carbón, legando el riesgo de escapes catastróficos a generaciones
futuras.
Tanto el Fondo Verde para el Clima, como el nuevo Comité de
Tecnología quedaron bajo la égida del Banco Mundial, que los usará para
imponer más condiciones. Se estableció de facto carta blanca a
la transferencia de tecnologías, sin cuestionar patentes ni aplicar el
principio de precaución, lo cual resultará en dumping de tecnologías
peligrosas, subsidiando a las trasnacionales.
Tanta irresponsabilidad ante las crisis y con las generaciones
futuras contrastó con la riqueza de propuestas desde las organizaciones y
movimientos sociales, que convocaron a la resistencia contra el nuevo apartheid global.
Silvia Ribeiro. Investigadora del Grupo ETC
La Jornada
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