domingo, 30 de octubre de 2011

La fiebre de cultivos perturba África


La pugna para el acceso al petróleo, al gas y a los minerales es una fuerza subterránea que ha contribuido significativamente a plasmar el mundo moderno. En el siglo XXI, se hace cada vez más evidente que, para comprender las relaciones internacionales, a esos factores habrá que añadir otro: el acceso a tierras fértiles.

La carrera por el control de superficies cultivables está en pleno desarrollo. La poderosa subida de los precios de los alimentos ocurrida en 2007-2008 impulsó el fenómeno. Muchos gobiernos de países dependientes de las importaciones de alimentos se convencieron de la necesidad de reducir su vulnerabilidad comprando o alquilando tierra en otros países. En 2011, tras un par de años de relativa calma, los precios han estado constantemente por encima del pico de 2008, según el índice elaborado por la Organización para los Alimentos y la Agricultura de la ONU (FAO, por sus siglas en inglés). La fiebre de los cultivos sigue ardiendo y, según vaticinan los expertos, no hay visos de que vaya a remitir a corto y medio plazo.

África es el principal escenario de la carrera. La falta de transparencia de muchos acuerdos y la ausencia de fiables registros públicos en varios países impide perfilar estadísticas exhaustivas a escala global acerca del fenómeno. Pero los datos disponibles indican que este es de amplísimas proporciones, con contratos que cubren extensiones de miles de kilómetros cuadrados. Tan solo en Etiopia, Mozambique, Sudán y Liberia, unos 43.000 kilómetros cuadrados fueron vendidos o arrendados a inversores extranjeros entre 2004 y 2009, según datos oficiales recopilados por el Banco Mundial. Se trata de una superficie equivalente al territorio de Suiza. Si se tiene en cuenta que son muchos los países que —en África, pero también en otros continentes— viven experiencias similares, la magnitud del asunto es evidente.

El incremento de la población mundial, la dieta más rica de millones de personas en países emergentes y la creciente cantidad de cultivos destinados a biocombustibles explican la subida del precio de los alimentos y, en gran parte, la consiguiente búsqueda de tierras. Más allá de su dimensión económico-social, este empuje tiene implicaciones geopolíticas.

Una de ellas es el control del agua. “Estas grandes inversiones se sitúan en zonas con un acceso estratégico al agua”, comenta en conversación telefónica Michael Taylor, analista del International Land Coalition, una ONG que sigue de cerca el fenómeno. “Por ejemplo, varios países de las cuencas del Nilo y del Níger son grandes receptores de este flujo de inversiones. Muchos de los contratos firmados en estos países no regulan claramente la cuestión del uso del agua. La utilización del caudal del Nilo ya es motivo de tensión entre Egipto y otras naciones de la cuenca. Cuando todos estos proyectos estén en pleno funcionamiento, son de esperar crecientes extracciones de agua. Hay un alto potencial para que se generen conflictos". Unos 200 millones de personas vivían en la cuenca del Nilo en 2005, y la ONU estima que serán 330 millones en 2030.

Malí, uno de los países por los que pasa el río Níger, vendió o alquiló unos 2.400 kilómetros cuadrados de tierra a extranjeros tan solo en 2010, según datos recopilados por el Oakland Institute. Más de 100 millones de personas viven en la cuenca del Níger.

Países que sufren escasez de agua —como Arabia Saudí, Catar o los Emiratos Árabes Unidos— figuran entre los mayores protagonistas de la carrera por la tierra. “Pero también hay otras clases de inversores: países como China o India, que tienen agua para cultivar pero temen que en el futuro su sector agrícola sea incapaz de abastecer a sus grandes poblaciones; y empresas de países occidentales, que quieren tierra para cultivar biocombustibles, o simplemente vender más en el mercado internacional”, observa Taylor. No faltan tampoco inversores que simplemente buscan refugio de las turbulencias del mercado financiero.

La pugna del agua no es la única evidente consecuencia geoestratégica en este fenómeno. También tiene un potencial desestabilizador en la política de Estados en los que la tierra es una cuestión vital, el medio de subsistencia directa de grandes porcentajes de la población.

Disturbios y tensiones
Madagascar es un caso premonitor de lo que puede ocurrir. En 2009, el rechazo a un proyecto para conceder a la empresa surcoreana Daewoo la explotación de una superficie de 13.000 kilómetros cuadrados —aproximadamente la mitad de Bélgica— fue el catalizador de un profundo malestar social que estalló con unos tremendos disturbios que dejaron decenas de muertos. El Gobierno que asumió el poder tras los desórdenes tumbó inmediatamente el proyecto. La frustración de campesinos o pastores expropiados o despojados del derecho de acceso a las tierras ha creado ya tensiones en varios otros países.
Los defensores de esta clase de proyectos alegan que las inversiones permiten crear nuevas infraestructuras, puestos de trabajo y una mejora de la productividad agrícola. Los detractores alertan de que, en la mayor parte de los casos, suponen el desalojo de comunidades enteras, que la creación de puestos de trabajo es muy inferior al número de personas que han perdido su medio de vida, que la exportación de la producción de esos terrenos daña países con mercado alimentarios muy precarios. Varias ONG han denunciado en los últimos años numerosos atropellos a los derechos de las comunidades locales.

Para reducir esos riesgos, el Comité sobre la Seguridad Alimentaria está impulsando un código voluntario de conducta internacional. El comité celebró una sesión en Roma del 17 al 22 de octubre, pero no logró terminar las negociaciones. Olivier de Schutter, relator especial de la ONU sobre el derecho a la Alimentación, alertó de que “está en marcha una carrera entre los inversores [que quieren obtener más terrenos] y la comunidad internacional, que quiere regular este proceso para evitar que tenga consecuencias pavorosas”.

“La atmósfera en la negociación es constructiva”, señala en conversación telefónica Duncan Pruett, consultor de Oxfam que asistió a la sesión del CSA. “El problema es que incluso si se llegara a un acuerdo en los próximos meses, ese código voluntario no tocaría en todo caso los factores que impulsan el fenómeno”.

Esos siguen ahí. “Nuestros análisis sugieren que nos espera una fase de volatilidad del mercado de alimentos”, explica George Rapsomanikis, economista de la FAO. “Además, varios casos de restricciones a las exportaciones —como las de India y Vietnam sobre el arroz en 2008, y la de Rusia sobre cereales en 2010/2011— parecen haber reforzado el deseo de autosuficiencia. Hemos pasado de una era en la que se impulsaba un mercado abierto, a otra en la que cada uno quiere protegerse”. Históricamente, actitudes semejantes han terminado a menudo causando graves tormentas en las relaciones internacionales.

Andrea Rizzi
El País

sábado, 29 de octubre de 2011

Movilizaciones globales

Las grandes manifestaciones que se han desarrollado en más de 80 países y casi mil ciudades del planeta, constatan el malestar general de cientos de miles de personas, anónimas la mayoría, que por primera vez, en algunos casos, salieron a la calle a mostrar su rechazo al poder de la banca, el capital financiero y las trasnacionales. Sin duda han existido otros motivos, pero en líneas generales ese ha sido el punto de unión que las identifica.
 
La actual crisis se expresa por el poder desmedido acumulado por los centros de decisión financiera. Poder que es proporcional a la pérdida de autonomía de la política. La balanza desde hace muchos años se ha desequilibrado en favor de los mercados. Las propuestas del G-20, lanzadas el mismo 15 de octubre, de seguir desregulando, se convierten en más de lo mismo. En otras palabras, apagar el fuego con gasolina. Los banqueros son perseverantes, y mientras queden leyes reguladoras seguirán buscando su derogación, en pro de legitimar inversiones especulativas de riesgo sin considerar las repercusiones sociales ni políticas, aunque ello suponga un suicidio en el medio plazo. La avaricia es el sino del capitalismo y no su excepción. Quienes hoy deciden no están dispuestos a retroceder ni un milímetro. Y la clase política prisionera de los mercados, tampoco reacciona. En este contexto, el panorama se vuelve gris y la atmósfera espesa. No hay quien tenga voluntad de poner el cascabel al gato o lo que es lo mismo meter en vereda a los especuladores, banqueros, empresarios y políticos corruptos. La política con mayúsculas, se bate en retirada. Postrados ante los amos de las finanzas, quienes practican la política chatarra prefieren arrodillarse y bajar la cabeza, convirtiendo el proceso de toma de decisiones en un complemento desde el cual garantizar el itinerario diseñado por las grandes corporaciones y sus magnates a fin de agrandar la brecha entre ricos y pobres. El costo es tremendo, no sólo se degrada la política al tiempo se produce una oligarquización del poder. Cómplices, sicarios, comparsas, títeres o meretrices, aplíquese el adjetivo que mejor convenga, la clase política se ha transformado en el problema y no en la solución. Descrédito, mediocridad, inoperancia, arrogancia, egos desmesurados, son algunos de los nuevos rasgos distintivos de las elites del capitalismo global.

Sin duda, cuando en Madrid, este 15 de octubre, medio millón de personas gritaban al unísono ¡que no, que no, que no nos representan!, estaban señalando su desafección a la clase política de arriba, tanto de derecha como de la llamada izquierda parlamentaria e institucional. Esta frase se coreó hasta la saciedad en todas las ciudades de España donde el movimiento 15-M convocó a la ciudadanía con el fin de rechazar las políticas económicas y la falta de consonancia entre las demandas sociales y las decisiones a contrapelo de los gobiernos. Esta demostración de fuerza y unidad hace abrigar esperanzas, pero señala sus límites. Resultaba curioso ver como esta consigna era voceada por todos los presentes, entre los cuales se hallaban militantes del PSOE, Izquierda Unida, progresistas, anticapitalistas, ecologistas e inclusive alguno que otro votante de la derecha.

Al concluir la manifestación el grueso de los asistentes abandonaba la plaza y volvía a sus hogares teniendo claro que en las elecciones legislativas del 20 de noviembre votará a su opción de siempre, se llame PSOE, UPyD o IU. Dos partidos y una coalición que han tenido representación parlamentaria en la actual legislatura, y salvo IU, en ocasiones contadas, las otras formaciones han seguido, a pies juntillas, los designios del FMI, el BM y las directrices del Banco Central Europeo.

¿Por qué entonces decidían gritar ¡que no, que no, que no nos representan!? ¿Hacia dónde apuntaba el blanco de sus críticas? Si la respuesta es un rechazo a los partidos, la corrupción y un sistema de representación bipartidista distorsionado, es un comportamiento esquizofrénico. No tiene sentido votar al PSOE y avalar la consigna, y no lo duden, había muchos votantes del PSOE en la manifestación y ninguno de ellos cambiará su intención de voto.

Este es el dilema que arrastra el 15-M, suma voluntades, moviliza y genera un halo de esperanza, al tiempo que optimismo, lo cual no es poco. Pero insuficiente. Hacer política supone amén de ejercer la crítica, disputar espacios existentes y crear otros alternativos. No basta salir a la calle y romper el estado de somnolencia, aquel en el cual se encontraba España antes del despertar alegre del 15-M. Indignarse es un punto de partida no de llegada.

No se trata de explicar este déficit organizativo, poniendo el acento en la heterogénea composición del 15-M, lo difícil de consensuar un programa, que lo tiene, o en los intentos de manipulación de unos y otros. En principio la heterogeneidad no se ha mostrado como una rémora, tampoco como una virtud. En su interior conviven parados, jóvenes, desahuciados, estudiantes, jubilados, amas de casa, intelectuales, profesionales y militantes sindicales y políticos. Pero es su escasa incidencia política en las instituciones reales del poder y su rechazo a utilizarlas para revertir la situación, donde radica su talón de Aquiles. Quien no tiene empleo no puede vivir esperanzado el advenimiento de la revolución. Tampoco lo hace quien es desalojado de su vivienda con su familia y se queda en la calle. No es posible refugiarse en la indignación.

El 15-M ha obtenido un gran logro, hacer visible el malestar global y poner en el orden del día el rechazo ciudadano a la práctica corrupta del poder económico y político. Pero no puede dejar de lado las esperanzas depositadas en su capacidad para ser un punto de inflexión en la crisis de la izquierda y la construcción de proyectos alternativos anticapitalistas. Pero tal vez no haya sido ese el objetivo de los indignados y el 15-M. Hoy, sin embargo se convierte en una necesidad si se quiere avanzar. Será por esta razón, que tras la manifestación del 15 de octubre, miembros de 15-M convocasen una asamblea en Sol para plantearse ¿y ahora qué? La pregunta sigue en el aire.

Marcos Roitman Rosenmann
La Jornada

lunes, 24 de octubre de 2011

Riqueza y desperdicio

En Estados Unidos dicen, con ingenio, que hace diez años tenían al empresario Steve Jobs, al cómico Bob Hope y al cantante Johnny Cash, pero que ahora no tienen trabajos (jobs), ni esperanza (hope), ni efectivo (cash). Lo mismo pueden decir en Europa, pues en ambos lados del Atlántico prevalece un completa incapacidad política para poner a la economía en el lugar que debería estar: creando riqueza.
 
En el entorno político, los partidos de cualquier signo ideológico, estén en el gobierno o en la oposición, no aciertan a proponer una forma distinta de encarar una crisis que, lejos de empezar a superarse, tiende a hacerse todavía más honda.

No se resuelve el asunto de las deudas soberanas y, en cambio, se imponen cada vez más recortes al gasto del gobierno, rebasado ya el límite de la atención mínima a la gente y el de la tolerancia social.

En el condado de Los Ángeles, California, más de 2 millones de personas no cuentan con seguro de salud. Hace unos días, la organización CareNow atendió gratuitamente a 5 mil personas con consultas básicas en un estadio deportivo (donde Kennedy ganó la nominación demócrata para las elecciones en 1960). En ese estado la tasa de desempleo llega a 12 por ciento.

En Europa la gente sale a la calle en protesta contra los bárbaros recortes a la educación pública y la salud; los sindicatos se rebelan contra los efectos del constante y cada vez más grande deterioro de la economía. Las familias siguen perdiendo sus casas como resultado de las deudas hipotecarias y hay millones desempleados y subempleados.

El desperdicio de recursos es enorme y también el de la energía colectiva, lo que lleva a mayor frustración y a la pérdida efectiva del bienestar que tomará mucho tiempo reponer. Esto ocurre en medio de una creciente desigualdad entre los grupos de la población, y le impone así un tono aún más grave. Otras contradicciones sociales han surgido por todo el planeta (sí, también en México) y su naturaleza y consecuencias no pueden eliminarse de las variables de la ecuación política.

A principios de la década de 1970 Nicholas Georgescu-Roegen argumentó en su libro La ley de la entropía y el proceso económico que el crecimiento económico incrementaba la entropía: la energía utilizable se disipa y no puede reciclarse. De ahí, anticipaba que la economía no puede crecer permanentemente a pesar de los avances tecnológicos. Así, por ejemplo, a medida que se agotan las fuentes de energía fósil, debería tenderse a formas más simples de existencia, y el ajuste debería ser pausado y no catastrófico.

Las ideas de Georgescu-Roegen han sido descartadas por el pensamiento económico convencional, pero hoy pueden ser una referencia útil para examinar los procesos sociales junto con los determinantes materiales en la perspectiva de la economía política. Un componente de la crisis actual, que no debe quedar en segundo plano, ha sido precisamente la elevación de los precios del petróleo crudo y de los alimentos.

El aumento de la población, junto con el incremento de las expectativas de vida y el uso extensivo de los recursos naturales, apuntan a una necesidad de adaptar la forma en que se aprovechan y se sustituyen. Igualmente, hay que reconsiderar los modos de producción y de distribución que se han llevado al extremo de inoperancia en el entorno de la liberalización económica a ultranza, incluidas las pautas de la política fiscal asociada con los impuestos y los subsidios.

Las disputas por el agua, la tierra, la posibilidad de tener trabajo y la oferta general de satisfactores, constituyen elementos que se integran a los posibles escenarios sociales que se prefiguran. Estos no se proyectan hacia una mayor armonía, sino que se asocian con fuentes de crecientes conflictos, cuya posibilidad no puede barrerse de manera políticamente conveniente por debajo de la alfombra.

La crisis económica actual no está disociada de los límites del crecimiento y de los enfrentamientos que ellos provocan, sino que le imponen, además, un componente financiero y de gestión de las políticas públicas que tiende a crisparlos aún más.

La creación y mantenimiento de la burbuja inmobiliaria desde fines de los años 1990 y su explosivo fin, tiene una relación con las medidas de la política monetaria aplicada por los bancos centrales, especialmente pero no sólo en Estados Unidos, y con el papel del gobierno en la regulación.

El análisis de la crisis no se puede constreñir al comportamiento de los mercados financieros y la colocación de deudas con carácter eminentemente especulativo o al hecho de que la incertidumbre es inescapable.

En todo caso, el comportamiento de los mercados financieros pudo acrecentar las deudas privadas y públicas y, efectivamente, crear una confusión entre la expansión del crédito y la creación de riqueza. Este par no se da necesariamente de manera conjunta.

La economía de la producción y la creación de empleos no puede forzarse a crecer al ritmo de las tasas compuestas de interés de las deudas. Hoy, incluso estas últimas son imposibles de mantener. En la Unión Europea se pretende castigar los bonos de la deuda griega hasta en 60 por ciento, lo que puede tomarse apenas como una medida de la discrepancia que hay entre las variables financieras y las de la economía real.

León Bendesky
La Jornada

Pelea por nuevas tierras

A la tierra le duele el capitalismo. Al menos su versión actual, en la que ha decidido que todo es susceptible de ser empaquetado como activo y enviado a los mercados financieros. Nada es ajeno a la fiebre de las plusvalías. Incluso las tierras de labor, vitales para la condición humana, están sufriendo enorme presión. En los últimos tres años, entre 60 y 80 millones de hectáreas (una superficie similar a la mitad de Francia) han cambiado de manos. Incluso hay quienes, como la firma independiente Global Land Project, sitúan esta cifra solo para África en 63 millones. Por si no bastara, el Banco Mundial revela que, en 2010, los inversores extranjeros “han expresado su interés” en 56 millones de hectáreas de tierra de cultivo en todo el mundo. E Intermón Oxfam habla de 67 millones confirmadas. Pues uno de los problemas es “la falta de transparencia. Ya que se ocultan datos e informes”, avisa Lourdes Benavides, responsable de Justicia Económica de esta ONG.

Es imposible que este acoso no tenga consecuencias. La primera es una deslocalización agraria, como antes hubo una industrial y otra del sector servicios. Medio mundo se ha lanzado a comprar tierras fuera de su país de origen. Arabia Saudí (que en 2008 tuvo que cancelar un programa de explotación intensiva de trigo, que buscaba el autoabastecimiento, porque era insostenible desde el punto de vista de consumo de agua), India, China y Holanda están comprando o arrendando importantes extensiones en África, Asia y América Latina. Y lo hacen a través de instrumentos financieros o empresas nacionales. Todos quieren asegurarse los alimentos y sus ganancias. Pero este movimiento plantea una gran inquietud: “Si dejas que este proceso de deslocalización siga su curso, habrá millones de personas desplazadas, perdidas y con hambre”, advierte Henk Hobbelink, coordinador de la ONG Grain.

Desde luego, a los mercados y a los especuladores, esta advertencia les llega con la fuerza de un susurro. Sus cuentas están hechas. La Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas (FAO) estima que la producción de alimentos ha de crecer un 50% hasta 2050 para satisfacer la demanda mundial, y esto supone, se vista como se vista, un negocio cautivo.

Pero lo inesperado no es que se especule con las tierras, sino quiénes lo hacen. Los fondos de pensiones están destinando entre 5.000 y 15.000 millones de dólares a la compra de fincas de cultivo, afirma un trabajo publicado por Grain. Ya no son solo los fondos de inversión o de private equity los que buscan esos beneficios, ahora, grandes fondos estatales suecos, estadounidenses, daneses y holandeses han visto la posibilidad de negocio. Y, claro, a muchos les rechina, desde una mirada ética, que instrumentos pensados para asegurar la jubilación de trabajadores terminen buscando ganancias en esas tierras.

Tal vez rechine aún más que universidades como Harvard, Spelman o Vanderbilt estén en este negocio. Así lo ha evidenciado el think tank Okland Intitute en un informe de conclusiones inquietantes. Asegura que fondos de pensiones, hedge funds (vehículos de alto riesgo) y especuladores europeos y americanos están comprando enormes extensiones agrícolas en el continente africano. Muchas de ellas se destinan a la producción de biocombustibles o flor cortada en vez de alimentación básica. En Mozambique, según el periódico The Guardian, de las 433.000 hectáreas aprobadas para inversión agrícola entre 2007 y 2009, solo 32.000 se destinaron al cultivo de alimentos.

Por si fuera poco, parece que algunas lecciones no se terminan de aprender. “Las mismas compañías financieras que nos metieron en una recesión global inflando la burbuja inmobiliaria con arriesgadas maniobras ahora están haciendo lo mismo con el suministro mundial de alimentos”, afirma, en una clara alusión a multinacionales y bancos de inversión, a través de una nota, Anuradha Mittal, director ejecutivo del Okland Institute.

Buscar un punto de equilibrio entre alimentación y compañías financieras es muy complicado. El banco holandés Rabobank es una de las entidades con más presencia en este sector. Su fondo Rabo Farm Europe (gestiona 315 millones de euros) invierte en tierras de cultivo y en granjas con una “visión de largo plazo”, dicen. “El rendimiento esperado es doble”, afirma desde Holanda Stefan Baecke, su consejero delegado. “Estamos pidiendo un precio de arrendamiento razonable a los granjeros por nuestras propiedades e intentamos lograr beneficios indirectos a largo plazo: entre 10 y 15 años”. Ambas fuentes de ingresos deberían dar una rentabilidad superior en un par de puntos a la inflación.

Otro jugador de peso es DWS Investments, la gestora de fondos de Deutsche Bank. Su “estrategia para la agricultura mueve 4.000 millones de dólares”, confirma, desde Nueva York, Ralf Oberbannscheidt, gestor del fondo DWS Invest Global Agribusiness (3.018 millones de dólares en agosto de este año). Eso sí, son conscientes de manejar un material delicado y sometido a una elevada presión. “Hay que invertir de una forma muy cuidadosa para minimizar cualquier tipo de impacto negativo”, apunta. “Por eso es necesario conocer el entorno rural en el que se invierte y a la vez desarrollar infraestructuras para que esa producción sea sostenible”.

No solo los instrumentos financieros han visto la oportunidad de hacer negocio, también los inversores particulares. Sai Ramakrishna Karaturi es el mayor productor de rosas del mundo. Hizo fortuna con ellas en Kenia, y ahora explota, según Grain, 300.000 hectáreas de tierra en Etiopía por las que paga una renta ínfima. El Gobierno etíope las está arrendando a los inversores extranjeros a veces por menos de 10 dólares por hectárea y en plazos de 20 a 45 años ampliables a 99. En el vecino Sudán apenas llega a los 25 céntimos de dólar por año y acre (4.406 metros cuadrados) en un periodo de ocho a 32 años.

En gran parte de África, la propiedad de la tierra es estatal y los pequeños agricultores (responsables del 80% de la producción agrícola mundial) son desplazados de unas tierras sobre las que no tienen ningún derecho escrito. Una desprotección que choca contra la fortaleza económica de países como India. No es de extrañar que empresas radicadas allí pensemos en Olam International (que ha comprado 17.000 hectáreas en Argentina para cultivar cacahuetes y 16.000 en Uruguay para explotación láctea); Varun International (se ha hecho con 230.000 hectáreas para arroz y maíz en Madagascar) o KS Oils (plantará palmeras en 130.965 hectáreas en Indonesia), que son muy activas en la compra de terrenos.

Puesto que no existe actuación sin reacción, hay que preguntarse de qué manera afecta esta tensión compradora al coste de los alimentos. “No es fácil saber si la adquisición de tierras agrícolas y la especulación en materias primas aumenta los precios. Podría ser, pero también hay influencias positivas”, dice Gertjan van der Geer, gestor del fondo Pictet Agriculture. Menos dudas tiene Stefan Baeck, responsable de Rabo Farm: “Invertir en tierras de cultivo sin la estrategia adecuada acerca de cómo abordar las sensibilidades y los requerimientos de los grupos de interés se traducirá en una inversión fallida con impacto negativo en los precios de los alimentos”.

Miguel Ángel García Vega
El País
http://www.elpais.com/articulo/economia/global/Pelea/nuevas/tierras/elpepueconeg/20111023elpnegeco_1/Tes

domingo, 23 de octubre de 2011

La crisis mucho más allá de la Unión Europea

“… el movimiento de los Indignados ha ganado una gran amplitud en España, así como en Grecia, y comienza a encontrar cierto eco en Estados Unidos y en otros continentes. Estas movilizaciones, si bien muy importantes, no están todavía en medida de obtener cambios radicales. Tenemos que apoyarlas activamente. A tal efecto, el éxito de la jornada del 15 de octubre de 2011 es prometedor.”

Incluso si Europa se ve grandemente afectada, la crisis no se limita a la Unión Europea: casi todas las economías de los países más industrializados están en estado semicomatoso. Según los países, el desempleo permanece muy elevado o incluso aumenta. Lo mismo ocurre en los países llamados «emergentes», incluidos los BRIC (Brasil, Rusia, India, China), donde el fuerte crecimiento tiende a disminuir. Las Bolsas del planeta, salvo raras excepciones, han caído considerablemente en 2011 (entre el 1 de enero y el 15 de octubre de 2011, –15% en la zona euro, en Japón y en China; -4% en Estados Unidos; –8% en Gran Bretaña; –22% en el Brasil; –19% en Rusia; –17% en India). El oro, valor refugio en tiempos de crisis, ha subido muchísimo (+20% entre enero y octubre de 2011).

Lo que llama la atención es la excesiva volatilidad que caracteriza toda una serie de precios: las Bolsas caen pero conocen rebotes temporales; el dólar cae pero conoce momentos de alza; la paridad entre el dólar, el euro, el yen, la libra esterlina, el franco suizo (otro valor refugio) es muy inestable; el precio de las materias primas se mantiene a un nivel elevado pero experimenta sacudidas importantes. En pocas palabras, la economía real (la producción) disminuye y la esfera financiera es presa de sobresaltos. Los bancos constituyen el eslabón vulnerable, pero cuentan con el apoyo incondicional de los poderes públicos.

Desde el punto de vista de las relaciones Norte-Sur, la situación económica de los países emergentes y en desarrollo es envidiable, comparada con la de los países del Norte |1|. Si consideramos el estado de las reservas internacionales como un indicador, los países emergentes están en posesión del doble de las reservas de los países más industrializados. En efecto, los países emergentes disponen de 6,5 billones de dólares (6.500 000.000.000 US$) de reservas internacionales (de los cuales la mitad corresponde a China, a la India 400.000 millones; a Brasil 350.000 millones, a Rusia 500.000 millones) frente a los 3,2 billones del Norte (de los cuales un tercio corresponde a Japón). El G20, club tan ilegítimo como el G7 que lo ha convocado, es incapaz de encontrar soluciones.

Una nueva expresión se pone de moda: países ricos altamente endeudados (PRAE), que eclipsa otra expresión de moda desde hace unos quince años en los pasillos del FMI y del Banco Mundial: países pobres altamente endeudados (PPAE). La deuda, pública y privada, está en el centro de la crisis.

Si tomamos en cuenta las relaciones entre clases sociales a escala planetaria, vemos que en todas partes las clases dominantes incrementan su riqueza, utilizan la crisis para aumentar la precariedad de la condición de los asalariados y de los pequeños productores. En los países del Atlántico Norte, de la Europa mediterránea y central, el reembolso de la deuda pública se uriliza como pretexto para imponer una nueva ola de austeridad. El costo de las catástrofes producidas por el sistema financiero privado está sistemáticamente a cargo de los poderes públicos, que pasan a su vez la factura a los asalariados y a los pequeños productores (a través de impuestos, reducciones de gastos sociales y despidos). Las desigualdades sociales se agravan. Los movimientos sociales populares experimentan grandes dificultades para constituir un frente coherente de resistencia, sin hablar de un intento de comenzar una contraofensiva. Nuevos fenómenos de protesta en las calles aparecen tras los pasos de las primaveras tunecina y egipcia. Así, el movimiento de los Indignados ha ganado una gran amplitud en España, así como en Grecia, y comienza a encontrar cierto eco en Estados Unidos y en otros continentes. Estas movilizaciones, si bien muy importantes, no están todavía en medida de obtener cambios radicales. Tenemos que apoyarlas activamente. A tal efecto, el éxito de la jornada del 15 de octubre de 2011 es prometedor.|2|.

Notas:

|1| En Internet, véase http://www.cadtm.org/Deuda-de-los-paises-en-desarrollo falta de previsión, 6 de enero de 2011. Véase igualmente: Damien Millet, Daniel Munevar, Eric Toussaint, http://www.cadtm.org/Las-cifras-de-la-deuda-2011 20 de mayo de 2011; y también el libro de Damien Millet y Eric Toussaint (dir.) La deuda o la vida, Icaria editorial, Barcelona, 2011, capítulo 19. Se debe hacer una puntualización fundamental: aun cuando los indicadores económicos tradicionales indican un crecimiento económico sostenido de los países emergentes, la crisis alimentaria (debido a un excesivo aumento de precio de los alimentos) azota a una gran parte de la población del Sur del planeta. Los efectos del cambio climático degradan igualmente las condiciones de vida de las poblaciones de varios países particularmente afectados. La explotación frenética de algunos recursos naturales a causa del elevado precio de las materias primas provoca estragos crecientes tanto para las personas como para el medio ambiente, en particular las minas a cielo abierto y la explotación de hidrocarburos en lugares particularmente sensibles (por ejemplo, en el delta del Níger,).

|2| Véase: http://www.cadtm.org/El-15-de-octubre-de-2011-Una-gran , 16 de octubre de 2011, 
Eric Toussaint
Rebelión
Traducción. Inés Hidalgo

jueves, 20 de octubre de 2011

Es hora de hacer política

Tanto por miedo como por ignorancia, los políticos se han dejado la piel en tratar de vencer a los mercados con sus propias armas. No obstante, a falta de recursos ilimitados, van a tener que recurrir a las reglas de juego de la política para no perder este pulso.

Desde el comienzo de la crisis financiera y de la quiebra, hace ya algunos años, de un banco de tamaño relativamente modesto llamado Lehman Brothers, los políticos del mundo entero tienen miedo. Miedo ante un enemigo que no conocen y del que no controlan las reglas del juego. Desde el inicio de la crisis financiera, la política ha tratado de comprender las reglas de los bancos, de los hedge funds, de las bolsas, de los especuladores. Y no sólo eso, sino que también intentan vencerlos, a pesar de jugar fuera de casa.

Y ese ha sido el comienzo del fin. No es que no existan situaciones análogas anteriores, pues ya en el siglo XVI se produjo la "crisis del tulipán", en la que la eclosión de la burbuja especulativa sobre esos bulbos efímeros arruinó a toda una nación. La Edad Media también tuvo sus bancarrotas, ya que las casas reales estaban a merced de los grandes banqueros de la época (los Welser, los Fugger o los Médicis). La gran depresión de los años treinta del siglo XX liberó las fuerzas destructoras que desencadenaron una guerra mundial. Y hoy ignoramos a dónde nos conduce la crisis financiera del año 2011.

Simplemente sabemos, o más bien intuimos, que la política se encuentra desamparada. Tan desamparada como nosotros mismos. Vemos a los políticos, a los economistas y a los así llamados expertos enunciar sus convicciones y dar respuestas con unos rostros que reflejan su propia perplejidad. Conforme más simples son las respuestas propuestas, más se repite con aplomo la pertinencia de tal o cual solución y menos convincente resulta el discurso.

La autodestrucción de la política

Los políticos parecen impotentes. Y lo son porque han tratado de vencer a sus adversarios con sus propias armas. La democracia vive de la transparencia, de la franqueza, del poder de persuasión y de que los ciudadanos pueden ver qué hacen sus representantes electos, incluso cuando no están de acuerdo con ellos. Ahora bien, hoy, los políticos han dejado fuera de juego a la democracia. Se comportan como si fuesen actores de esos anárquicos mercados internacionales cuya única lógica es la multiplicación de los beneficios. Se han enzarzado en una lucha en la que no deben ser derrotados.

¿Por qué el fondo de rescate del euro sigue hinchándose? Porque la política cree que únicamente un fondo gigantesco, sin que pueda ser equiparable a otro, puede impedir que los especuladores ataquen a las divisas y a los Estados. ¿Por qué los jefes de Estado europeos sólo se reúnen cuando las bolsas están cerradas? Porque tienen miedo de los mercados y del precio de las acciones. ¿Por qué el Parlamento alemán queda casi sistemáticamente excluido de las decisiones vinculadas al fondo de rescate del euro? Porque nuestros máximos dirigentes no se están ya seguros de poder convencer a los diputados. Los políticos han olvidado a los ciudadanos.

Somos testigos de la autodestrucción de la política. Los dirigentes ya no hacen política. ¿Qué es hacer política? En un primer momento se trata de idear las reglas, elaborar leyes y hacer que se apliquen. En este caso, evitar que los especuladores especulen. No se trata de que los Estados especulen contra los especuladores, a pesar de que el fondo de rescate no haga más que eso. Es una muralla contra los especuladores que está concebida para seguir elevándose sin cesar, al ritmo que marque el riesgo de especulación. ¿No serán excesivamente escasos dos billones de euros [la suma que podría alcanzar el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera]? ¿Se intentará doblar esa cantidad en la siguiente cumbre europea, en un plazo de cuatro semanas? Quizá exista un medio para reforzar todavía más ese "mecanismo", tal y como se conoce. Pero es una lógica que carece de sentido.

En manos de los especuladores

En este momento apreciamos hasta qué punto es frágil e inestable el tejido financiero, hoy ya global, que amenaza con ceder. Vemos cómo Europa trata de inmunizarse con todas sus fuerzas contra las consecuencias de esta erosión. Europa es poca cosa. Ni siquiera es capaz de ponerse de acuerdo con Gran Bretaña acerca de la introducción de una tasa sobre las transacciones financieras. Ni ha permitido alcanzar ningún consenso acerca de la participación de los bancos en la crisis.

Al endeudarse en exceso, los Estados no han sido conscientes de haberse puesto en manos de los especuladores monetarios. Y todavía no lo hemos captado, nos falta bastante para darnos cuenta de que somos los artesanos de nuestra propia vulnerabilidad al desear que el dinero no sea únicamente el fruto del trabajo, sino que se pueda autogenerar.

Quien se expone a riesgos debe asumir las consecuencias. Muchos suscribiríamos esta máxima, pero los políticos de hoy en día se rigen por el siguiente principio: quien se expone a riesgos, debe estar protegido contra el riesgo. Los Estados se reflotan, los bancos se respaldan y a los ciudadanos temerarios también se les ayuda. Únicamente quienes no arriesgan su presupuesto corren el riesgo más alto. Y ¿hay que estar de acuerdo con esto?

martes, 18 de octubre de 2011

15-O, primera protesta global

La revuelta trasnacional ya está aquí. El sábado se escuchó su grito de América a Asia y Oceanía, de Europa a África y Oriente Medio: ¡Basta ya! La revolución ética, la protesta de los indignados, la demanda de una democracia real, tomó cuerpo y se hizo sentir en todo el mundo.

A la convocatoria se sumaron un total de 951 ciudades de 82 países distintos. En algunos casos fueron sólo unas centenas de personas, en la mayoría, miles, decenas de miles y hasta centenares de miles en algunos países europeos. A causa de los distintos husos horarios, las primeras movilizaciones empezaron en Tokio, Sidney y Hong Kong.

Cuando la Argentina se desperezaba ayer sábado, ya había decenas de miles de personas en las calles de Berlín, de Lisboa, Amsterdam, Roma –donde un grupo minoritario protagonizó algunos incidentes violentos al intentar incendiar el Ministerio de Defensa– y numerosas otras capitales y ciudades europeas. En la city londinense Julian Assange, cara visible de Wikileaks, habría aparecido con una máscara de Anonymus, el conocido grupo de hackers.

En numerosos sitios de Europa, así como en Estados Unidos, muchos de los manifestantes estaban acampados en plazas desde la noche anterior. En vísperas del 15-O los indignados de Occupy Wall Street lograron evitar que la policía los desalojara del neoyorquino Zuccotti Park –rebautizado Plaza de la Libertad– después de que más de 300.000 personas firmaran peticiones para detener el desalojo. Ayer fueron decenas de miles los que salieron a la calle en Nueva York, Washington y muchas otras ciudades de Estados Unidos.

En España, uno de los platos fuertes de la jornada, con concentraciones en 60 de sus ciudades y cientos de miles de personas protestando, seis marchas partieron por la mañana desde pueblos de la periferia y barrios de Madrid, para converger por la tarde en la mítica plaza de Cibeles, en pleno centro, e iniciar luego la manifestación que terminó, como no podía ser de otra manera, en la mítica Puerta del Sol, donde se originó todo este movimiento hace ayer exactamente cinco meses, el 15 de mayo, el 15-M.

¿Qué gritaban, qué coreaban, qué banderas enarbolaban personas de tantas nacionalidades, razas y edades diferentes en esta protesta global? “¡Especuladores a la cárcel!”, “¡No somos mercancía en manos de políticos y banqueros!”, “¡No estamos llamando a la puerta, la estamos tirando!”, “Precarios del mundo, no tenemos nada que perder, excepto las cadenas!”, “Yo no voté a los mercados ni al FMI”, “Estoy buscando mis derechos, ¿alguien los ha visto?”.

Los lemas, estribillos y pancartas que se vieron ayer en las cientos de manifestaciones que tuvieron lugar en todo el mundo, eran tan variadas como las personas que las portaban o gritaban, pero todas tenían algo en común: reflejaban el hartazgo de millones de personas frente a las injusticias de un sistema neoliberal donde los mercados financieros, el FMI, el Banco Central Europeo, el Banco Mundial, la gran banca, las grandes multinacionales, grandes especuladores y agencias de calificación de riesgo, condicionan a su antojo la vida de los ciudadanos de a pie. Con la complicidad, claro, de tantos de los gobiernos y dirigentes políticos de turno, que se arrodillan ante ellos.

“Los poderes establecidos actúan en beneficio de unos pocos, desoyendo la voluntad de la gran mayoría, sin importarles los costos humanos o ecológicos que tengamos que pagar. Hay que poner fin a esta intolerable situación.” Ése es uno de los pasajes del manifiesto que gracias a la fluidez de las redes sociales elaboraron conjuntamente para la jornada de ayer las distintas partes de esta gran red contestataria y potencialmente anticapitalista.

Una de las patas donde se trabajó en ese documento –traducido a 18 idiomas y accesible en http://15october.net– fue en Bruselas. Durante una semana convergieron en la capital de Bélgica y sede de la Unión Europea y de la OTAN, cientos de indignados, que a pesar de sufrir la represión policial, llegaron tras marchar desde Madrid, Barcelona y Toulouse, en recorridos de hasta 1.200 kilómetros.

Es uno de los fenómenos de este movimiento. Sin medios, sin apoyos institucionales –todo lo contrario, hostigados por los poderes públicos– miles de jóvenes y no tan jóvenes vienen logrando movilizarse, traspasar las fronteras virtual y físicamente para reunirse, para intercambiar experiencias, lanzar iniciativas comunes, de una forma que hasta ahora no han logrado ni siquiera las poderosas confederaciones sindicales, con tantos recursos a su alcance… pero tan domesticadas, tan burocratizadas.

La propia izquierda tradicional europea se ha visto desbordada y, de hecho, cuestionada por toda esta corriente alternativa, sin llegar a comprender cómo un movimiento asambleario como éste es capaz de limar y superar las rencillas internas para consensuar documentos y actividades colectivas, algo que ellos son incapaces de hacer. Tras el recelo inicial, muchos partidos han intentado capitalizar políticamente toda esta protesta, pero tanto el 15-M español como los distintos movimientos similares, son conscientes de que uno de sus capitales principales y diferenciadores es precisamente su independencia.

Supone por una parte una limitación –al menos por ahora– al no poder pesar de una manera más decisiva en el escenario político, sobre todo en situaciones preelectorales como la que se vive en España, pero por otro lado le permite solidificarse y extenderse.

A pesar de que el 15-M español, como otros movimientos similares en otros países, no ha nacido de la nada, sino que es la conjunción de luchas llevadas a cabo durante años por miles de activistas en frentes muy variados, a las que sólo en los últimos meses se han sumado muchísimas más personas, no deja de ser un fenómeno nuevo, que necesita su tiempo para madurar.

Desde que estalló en 2008 en Estados Unidos la actual crisis del sistema financiero capitalista, propagándose por todas las economías europeas enlazadas –con menores repercusiones en América latina y otras zonas del mundo– los gobiernos de esos países desarrollados han justificado los durísimos recortes de los derechos sociales y laborales que han impuesto, por la necesidad de “calmar a los mercados”.

Los mercados financieros, los grandes inversores internacionales, los grandes especuladores, se han convertido así cada vez más en los dueños de la situación. Entes que el ciudadano no ha elegido, han pasado de hecho a condicionar la política económica, laboral y social de gobiernos supuestamente soberanos.

La protesta del 15-O rechaza frontalmente esa lógica, que sólo ha traído desempleo y pobreza. Es un cuestionamiento al sistema económico, al sistema político, a los grandes sindicatos; se trata de otra forma de hacer política, de otra forma de participación ciudadana, de un rechazo del poder monopolista de los medios de comunicación, de otra justicia, el germen de algo nuevo. De ahí que el fenómeno de los indignados se haya convertido para tantas personas en una esperanza de que sí es posible cambiar las cosas, de que otro mundo es posible.

Roberto Montoya
Miradas al Sur

G-20. "El avispero internacional"

El avispero internacional se concentrará a principios de noviembre en Francia y reunirá al G-20, espacio en que entre las reales potencias y algunos de sus comparsas ahí presentes, ni remotamente podrán llegar a algún acuerdo significativo sobre la salida de la crisis mundial.
 
Se reúnen Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Unión Europea (en realidad estará presente la eurozona: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, y Portugal), Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Corea del Sur, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos. No estará presente la Unión Europea, como informan los diarios, sino la eurozona que son 17 países que hemos incluido como UE, y no 27, que son los que la conforman. Como usted advertirá se repiten tres países (Francia, Alemania, e Italia) porque se les incluye explícitamente en G-20 y no sólo subsumidos en el conjunto de la eurozona, porque ya eran parte del prominente G-7 (8). Hay aquí centros nucleares y países periféricos en grados distintos, respecto a los primeros. De acuerdo con esta contabilidad, el G-20 está compuesto por la representación de 34 países.

Hay en el mundo 243 entidades que se reclaman independientes, de las cuales 194 estados tienen reconocimiento internacional (193 son miembros de la ONU; ¡el Estado Vaticano es también miembro de la ONU! con la calidad de observador. De modo que existen 50 entidades con los más disímbolos estatus sociales y políticos, los que, en algunos casos, tienen el reconocimiento de unos algunos estados, y el resto no son reconocidos por nadie.

Es decir, 209 estados y entidades que flotan en el inexistente limbo, conforman la periferia de la periferia. La justicia del mundo.

Hubo un breve momento de la historia en que la geopolítica mundial se dividía en la Alianza Atlántica, su enemiga la URSS, y lo demás. Pero apenas ayer la URSS se pudrió, y hace rato la Alianza Atlántica parece haber empezado a fracturarse, porque la Unión Europea y Estados Unidos, dicen que acordarán cómo van a salir de la crisis, pero en realidad Alemania (en primerísimo lugar) y Francia (en segundo lugar), tienen el propósito de salir fortalecidas como países hegemónicos al interior de la UE y al propio tiempo (si la UE no se fractura), ganar un espacio de hegemonía mayor en Occidente. Sueños, probablemente.

Esto no termina aquí. Rusia ha propuesto a algunas potencias orientales conformar la alianza Eurasia, aunque se trata de un proyecto que aún suena a utopía.

De otra parte, la crisis económica comienza a provocar un giro en la hegemonía global. Por primera vez, Estados Unidos, Canadá y Europa generarán en 2011 menos de 50 por ciento del PIB mundial, mientras el resto de las naciones, encabezadas por China, producirán poco más de 50 por ciento.

Sin remedio el mundo vive de manera fluida una recomposición geopolítica sobre cuya prefiguración aún no puede decirse mucho. Una encuesta de la agencia Abt SRBI que publicó la revista Time, estimó que cuatro de cada cinco encuestados opinan que Estados Unidos va mal encaminado, y 71 por ciento cree que la influencia del país en el mundo se desvanece, y esta apreciación no parece alejada de la realidad.

Otro pequeño polo son los BRIC, incluidos en el G-20.

¿Alguien puede asegurar que existe un proyecto económico que satisfaga los apetitos políticos de todos cuantos se reunirán en el G-20? Porque el debate sigue siendo en términos económicos, pero el mar de fondo es, sin duda alguna, político. Los grandes intereses que mandan en el mundo no pueden preservarse sino bajo determinadas condiciones geopolíticas.

El avispero que se reunirá en Francia muy probablemente llegue a un acuerdo que se parezca mucho al parto de los montes.

Lo que comenzó con una creciente insaciabilidad de ganancias por la banca desregulada gringa, acabó por crear un ejército de ninjas (no income, no jobs, no assets), que a su vez pincharon la burbuja de productos financieros subprime. En ese momento las hipotecas basura no eran sino una línea de pólvora encendida, que pronto nos mostró que conducía a grandes barriles de dinamita. La crisis financiera se convirtió en económica, en crisis bancaria, en derrumbe del sistema Bretton Woods y por ahora vamos en la inimaginable e impagable deuda soberana de los países desarrollados.

El G-20 de 34 miembros, donde mandan seis o siete, dicen que nos dirán cómo saldremos de la crisis económica. Pero como los humanos ya se percataron que si la economía no sirve a la sociedad, la economía no sirve, han empezado masivamente a demostrarlo.

El parto del futuro no tan lejano es un cataclismo que las masas del mundo deben resolver, para crear un mundo que en las palabras de Vandana Shiva, la activista de India, consiste en sustituir el G-8 por el G-7000000000: la entera humanidad.

Noviembre próximo puede ser un punto de inflexión en la historia humana. Veamos si ha llegado el momento.

José Blanco
La Jornada

lunes, 17 de octubre de 2011

La energía no será para los pobres

Nuevos informes de la Agencia Internacional de la Energía confirman que el aumento del consumo energético en los países en desarrollo no beneficiará a los más pobres.

El próximo 9 de noviembre –y como todos los años- la Agencia Internacional de la Energía estará dando a conocer su Prospectiva Mundial para la Energía. Como adelanto, la agencia ha liberado con anterioridad algunos datos correspondientes a dos capítulos del reporte: uno relacionado con el acceso a la energía y otro con los subsidios a los combustibles fósiles.

En el primero (“Energy for All”, dado a conocer el pasado 10 de octubre) la agencia estima que en el mundo en desarrollo hay alrededor de 1,3 mil millones de personas que no tienen acceso a la electricidad y 2,7 mil millones que no acceden a fuentes limpias para cocinar (esto es, que solo cuentan con biomasa utilizada en cocinas ineficientes y contaminantes). Informa también que para el año 2030, en el mejor escenario de inversiones orientadas a este fin, aún habrá mil millones de personas sin acceso a la electricidad y se mantendrán los 2,7 mil millones sin acceso a fuentes de cocción.

Suele argumentarse que las grandes inversiones en aprovisionamiento de energía y la inevitable consecuencia de aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero en los países en desarrollo, está relacionada con la necesidad de llevar energía a las poblaciones que aún carecen de ella. Sin embargo los datos no reflejan esta realidad.

Llevar electricidad a toda la población del planeta aumentaría la generación eléctrica solamente en 2,5% y ofrecer acceso total de energía a la población mundial incrementaría la demanda global en apenas 1,1%, en ambos casos teniendo como horizonte el año 2030. La demanda de combustibles fósiles con este objetivo aumentaría un 0.8% y el aumento de emisiones de CO2 crecería solo un 0,7% para esa misma fecha. “El premio seria la mayor contribución al desarrollo económico y social y ayudaría a evitar la muerte prematura de 1,5 millones de personas por año” dice el reporte.

Inversiones
Para alcanzar el 100% de cobertura energética (es decir, llevar electricidad y fuentes de cocción limpia a todos los pobres del mundo en desarrollo) el informe estima que se requiere una inversión de 32 mil millones de dólares anuales. ¿Es esto mucho o poco?

El segundo informe de los dos referidos al inicio de este artículo, contiene ciertos datos que pueden dar algunas pistas para responder esta pregunta. Según lo adelantado en conferencia de prensa el pasado 4 de octubre, el “IEA analysis of fossil-fuels subsidies” informa que los subsidios destinados a los combustibles fósiles alcanzaron los 409 mil millones de dólares solo en el año 2010. Y que esta cifra aumentará hasta los 660 mil millones de dólares en el año 2020.

Esto significa que los fondos aportados como subsidios a los combustibles fósiles tan solo el pasado año representan 10 veces el volumen de recursos requeridos para solucionar los problemas de acceso a la energía de todo el mundo pobre. No se ha adelantado en este reporte como se distribuyen estos subsidios en el mundo, pero de acuerdo a los reportes de años anteriores, la mayoría de estos subsidios se otorgan en los países en desarrollo.

El documento también informa que en ese mismo año de 2010 año el subsidio a las fuentes renovables fue de 57 mil millones de dólares. Esto es menos del 14% de lo que se le destinó en subsidios a los combustibles fósiles.

En el caso particular de América Latina el documento informa que existen 31 millones de personas que no tienen acceso a la electricidad (7% de la población) y 85 millones sin acceso a fuentes para cocinar (19%). Los requerimientos financieros para llevar energía al total de la población se estima en 200 millones de dólares para cocción y 300 millones de dólares para electricidad.

¿Energía para todos?
Los gobiernos de los países en desarrollo suelen afirmar que es necesario aumentar el abastecimiento energético fundamentando su argumentación en la carencia energética de los sectores más pobres. En el contexto de las negociaciones de cambio climático, sostienen además, que esto justifica su aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Sin embargo, estas proyecciones de la Agencia Internacional de la Energía dejan en claro que ni el aumento de la oferta energética, ni la demanda de recursos, ni el aumento de las emisiones pueden fundamentarse apelando a los requerimientos de energía de los sectores pobres. La cantidad de personas sin acceso a la energía se mantendrá, aún después de haber hecho todas las inversiones proyectadas. Por otra parte, los fondos para llevar energía a los sectores pobres pueden obtenerse redirigiendo parte de los subsidios a los combustibles fósiles. Esto, de paso, contribuiría sustancialmente a la reducción de emisiones. 

Evidentemente, el aumento de consumo energético, las mayores emisiones de gases de efecto invernadero y la mayor demanda de fondos tienen otros destinatarios.

Gerardo Honty es investigador en energía y cambio climático de CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social)
http://www.alainet.org/active/50130

 

20 euros

La crisis nos está acostumbrando a escuchar a diario una plétora de locuaces economistas. Nos quieren convencer de la gravedad de lo que está pasando, como si no lo supiésemos. Sus homilías nos amenazan con pérdidas inminentes de millones, billones o incluso trillones de euros. Lo hacen para que nos enteremos de lo mal que va todo, y en forma de sermón, como si tuviéramos nosotros la culpa de esto. La inflación no afecta sólo a la cifras, las palabras también tienen una tendencia alcista. Hablan de desplome, desastre, catástrofe. Les hemos escuchado bastante. 

El próximo 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación y proponemos a todos estos expertos en finanzas que se tomen una pausa y que dediquen toda su sabiduría un día, sólo uno, a la real economik. La del billete de 20 euros con el que tienen que arreglárselas cada mes millones de familias africanas. Ingresos de dos cifras mucho más concretos y reales que los millones que se crean o que se esfuman a diario en las bolsas del mundo. 

¿Por dónde empezarían?
Podrían empezar, por qué no, por el precio de los alimentos. Explicar por qué no se ha hecho nada para detener la tendencia alcista que se desató en 2008. En Egipto, el precio del trigo se ha multiplicado este año por dos, en México el maíz vuelve a sus niveles históricos más altos. Podrían explicarnos cuánta relación tiene todo esto con la demanda de países emergentes o con el precio del petróleo. Podrían aclararnos si la estampida de los inversores desde los mercados de valores a los mercados de materias primas ha tenido algo que ver. 

Podrían proponer después alguna solución para los 925 millones de personas, en su gran mayoría pequeños agricultores, que destinan el 75% de sus ingresos a comprar alimentos y que han obtenido poco o ningún beneficio de la subida del precio internacional de los alimentos. Podrían contarnos en qué consiste eso del acaparamiento de tierras, y con qué poder se sientan a negociar los precios de la tierra gobernantes de países famélicos ante cohortes de técnicos en comercio internacional.

Podrían, de paso, seguir la pista de los 22.000 millones de dólares para seguridad alimentaria comprometidos en 2009 en L'Aquila por el G-8. O indagar por qué, pese a tantas fotos de chequeras abiertas para el Cuerno de África, hoy siguen faltando más de la mitad de los 2.500 millones de dólares reclamados por Naciones Unidas para responder a la emergencia.

Si tienen tiempo y ganas de profundizar, podrían preguntarse por el coste que supone para un país una generación de niños desnutridos. Niños que, sin los micronutrientes suficientes antes de los 5 años, tendrán taras en su desarrollo. Las secuelas de padecer desnutrición en los primeros 36 meses de vida, tanto mentales como físicas, son irreversibles. No podrán prestar atención en la escuela, no podrán trabajar con su pleno potencial. El Banco Mundial puede echar una mano a nuestros economistas: según sus estimaciones, la pérdida de productividad de un desnutrido supera el 10% de los ingresos respecto a lo que una persona sana obtendría a lo largo de su vida. La factura de la desnutrición puede equivaler en algunos países a pérdidas del 3% del PIB.

El 20 de octubre se cumplirán tres meses de la declaración de hambruna en Somalia. Ha sido desencadenada, es cierto, por la peor sequía de los últimos 60 años. Pero la falta de lluvias no basta para explicar a cuatro millones de somalíes que pueden morirse de hambre en un mundo que produce suficientes alimentos para todos. El planeta acaba de producir las tres cosechas más grandes de su historia. Contamos, además, con sólidos mecanismos de alerta que se dispararon hace más de un año advirtiendo de lo que se venía encima en esa región. Sabemos incluso, cada vez más, cómo adaptarnos al cambio climático. Desde mediados de los noventa contamos con tratamientos de recuperación nutricional sencillos, que han logrado sustituir laboriosas hospitalizaciones de niños desnutridos, imposibles para madres con siete hijos y a jornadas de camino de un centro de salud. Se conocen como Alimentos Terapéuticos Listos para Su Uso y contienen todos los elementos necesarios para recuperar a un niño con desnutrición aguda. Por el exorbitante precio de 40 euros. 40 euros la vida.

Podemos indignarnos un poco, volver esta página, y seguir después leyendo atentamente las andanzas del IBEX 35 o las buenas nuevas de la prima de riesgo, como si nos fuera la vida en ello. La otra opción es convencernos de que lo que estamos viendo estos meses en el Cuerno de África es vergonzoso. De que tenemos los medios para revertir esta situación. De que somos la primera generación que puede hacerlo. Y de que ya no hay excusas para no comprometerse.

Olivier Longué es director general de la ONG Acción Contra el Hambre
Sin Permiso

domingo, 16 de octubre de 2011

Cambiar la constitución de otra manera: el caso islandés

Frente al cambio de la Constitución española exprés y sin consensos, en Islandia intentan otra vía más democrática e innovadora de afrontar la relación con su Carta Magna.

A raíz de la aparición del movimiento 15M se ha hablado mucho y bien del proceso islandés, pero activistas y analistas de esta isla ártica se preguntan hasta qué punto dicho proceso de empoderamiento popular es el éxito que se ha “querido” ver desde España. En Islandia es común escuchar con cierto cinismo que es verdad que el Estado decidió dejar quebrar tres bancos privados pero fue porque no tenía otra salida, ya que la proporción de la deuda no era asequible (nueve veces el PIB del país).

De hecho, el analista Egill Helgason, desde las páginas del Reikiavik Grapevine, ha resaltado que, según un informe de la OCDE, solo Irlanda ha puesto más dinero público en sus instituciones financieras fallidas que Islandia. Egill afirma que “Islandia no es un modelo y la gente en España no necesita ondear banderas Islandesas”.

Lo cierto es que Islandia ha servido de inspiración por más razones: la revuelta popular forzó la dimisión en bloque de un Gobierno y la del director de su banco central. Además, en dos consultas se rechazó pagar deudas privadas con dinero público; se han producido cambios de Gobierno hacia la izquierda; un exprimer ministro ha sido llevado ante los tribunales y hay investigaciones abiertas a políticos y banqueros. A esto hay que sumar un cierto shock cultural y político en un país que era el paradigma de la adormecida sociedad de consumo y un laboratorio de políticas ultra-neoliberales.

Y entre estos procesos fruto de la revuelta popular, uno especialmente interesante es el de promover una reescritura participativa de la Constitución. Los 25 ciudadanos elegidos en sufragio universal tras un proceso no exento de polémica [ver recuadro] han trabajado durante cuatro meses, y en julio enviaron su propuesta al Parlamento. Andris Magnusson, uno de los 25 elegidos para este proceso, cree que el hecho de haber elaborado una propuesta de consenso unánime ha reforzado la legitimidad de la propuesta. Magnusson no es político profesional, como la mayoría de los elegidos, él es psiquiatra, y su popularidad se debe a que denunció desde la sociedad civil, previamente al colapso, la situación insostenible de los bancos. Magnusson explica que en el grupo del que ha formado parte hay muchos académicos, pero también activistas del “movimiento de las cacerolas”, un sindicalista, gente del medio rural, dos pastores protestantes, bloggers y personas de todo tipo de ideologías.

El trabajo se ha realizado con ciertas prisas, como reconoce Katrin, otra de las 25 elegidas, joven abogada y conocida activista del “movimiento de las cacerolas”. Sin embargo, tanto Katrin como Magnusson expresan su satisfacción con el proceso. Entre los principales cambios están las medidas de mayor democracia directa, por las que el 2% de la población puede pedir que se debata un tema en el Parlamento, y un 10% –algo no excesivamente difícil en un país de 320.000 habitantes– pueda hacer propuestas legislativas o revisar nuevas legislaciones para que sean sometidas a referéndum.

Logros y limitaciones del texto

Katrin resalta también lo que llama los “derechos de la naturaleza” y la propiedad colectiva sobre los recursos naturales, cambios inspirados en las reformas constituciones de Bollivia y Ecuador. Este tema entra en el debate nacional en torno a la construcción de gigantescas presas para el procesamiento de aluminio y en el desarrollo del sector pesquero en torno a transnacionales. Magnusson hace especial hincapié en los avances en el campo de la transparencia con los que se protege y promueve el acceso a la información, etc. Este psiquiatra también resalta que el nuevo texto incluye la posibilidad de votar individuos de una lista en vez de toda la lista y que minimizará la falta de proporcionalidad del sistema electoral. No obstante, reconoce con cierta frustración que no hay cambios significativos en la pluralidad de los medios de comunicación, aunque Katrin señala que el texto permitirá que el público conozca mejor la propiedad de los medios. La abogada resalta asimismo la supresión del servicio militar obligatorio, la promoción del desarrollo de una actitud crítica en el sistema educativo y algunos logros en el campo de los derechos humanos y la diversidad. Kristin es miembro fundador de ALDA, una plataforma de reciente creación que promueve la democracia directa, muy activa en el proceso de deliberación constitucional por medio de canales abiertos online.

Kristin cree que “hay muchas mejoras respecto a la antigua Constitución”, sin embargo se muestra crítico en aspectos concretos. Por ejemplo, considera que no se ha profundizado en la separación de poderes, que en el campo de la democracia directa los logros son moderados, y en el campo financiero y económico casi nulos. La propuesta de Constitución ha excluido de la nueva regulación de referéndums las cuestiones económicas y financieras para alcanzar mayor consenso, justifica Magnusson.

¿Y ahora qué?

La propuesta fue enviada al Parlamento en la fecha acordada, aunque aún no hay fechas establecidas para su discusión. Katrin opina que el borrador es demasiado radical para que el Parlamento la apruebe pero cree que tampoco será fácil detenerla. “Antes nos decían que era muy complicado hacer otra Constitución, pero ahora esa excusa no funcionará. Si no le gusta, que hagan otra propuesta y que dejen que la gente elija cuál gusta más”. Einar Mar Gudmundsson, conocido escritor comprometido con las luchas sociales y miembro de ATTAC Islandia, asegura que el principal cambio tras la revuelta post colapso es que “hay mucha gente que se siente empoderada, y que siente que tiene algo que decir, sin miedo” y si el Parlamento desvirtúa el cambio constitucional es probable que mucha gente vuelva a levantarse, “quizás es lo que necesitamos”. Por el momento, algunos miembros del Consejo han amenazado con que, si se desvirtúa la propuesta, se presentarán a las elecciones para retomarlo y Hordur Torfason –uno de los más significativos iniciadores de las caceroladas que dieron pie a la revuelta– y otros activistas han asegurado que promoverán otra revuelta si se detiene el cambio constitucional.

Cómo se creó el consejo de 25

El proceso constituyente no gozó desde sus inicios con el beneplácito de parte del establishment político y mediático islandés, como muestra el hecho de que sólo obtuvo el apoyo parlamentario del 62% del arco. Andris Magnusson, uno de los 25 elegidos para este proceso, justifica la moderada tasa de participación ciudadana (36%) en la elección del consejo en el “sutil vacío mediático de buena parte de los medios privados ligados a los centros de poder tradicionales”. Una vez realizada la consulta hubo denuncias que ponían en cuestión algunos protocolos técnicos, por lo que el Tribunal Supremo –de corte conservador y ligado al poder tradicional según Magnusson– decidió invalidar los resultados de los comicios. Ante semejante anticlímax participativo, el Gobierno decidió hacer un “rodeo legal” a la invalidación y convertir, con el apoyo del 51% del Parlamento, la asamblea elegida e invalidada en un Consejo Asesor al que el Parlamento encargaba la redacción de una propuesta de nueva Constitución basada en un informe previo elaborado por un comité técnico a su vez basado en un Foro Nacional donde mil islandeses elegidos al azar expresaron sus inquietudes de cambio......

Álvaro Porro / Reikiavik (Islandia)
Diagonal




15-O. Indignación, el denominador común

Las protestas que se desarrollaron ayer en más de 900 ciudades de 82 países han colocado en un nuevo nivel de visibilidad el descontento social que recorre el mundo en la hora presente, expresado en variedad de formas e intensidades: desde los disturbios registrados en Roma, Italia, que se saldaron con decenas de detenidos, hasta las expresiones pacíficas que tuvieron lugar en varias urbes mexicanas, pasando por el retorno de los indignados españoles a la Puerta del Sol, las movilizaciones masivas efectuadas en Chile –donde desde hace meses se desarrolla un movimiento estudiantil que demanda reformar el modelo educativo–, y el mensaje emitido en Londres por el fundador de Wikileaks, Julian Assange, ante cientos de inconformes.
 
Sin dejar de tomar en cuenta la heterogeneidad de las manifestaciones de descontento y el hecho de que cada expresión obedece a –y se ve afectada por– circunstancias específicas y dinámicas particulares de cada entorno, es claro que todas tienen denominadores comunes: el repudio de un sistema global agotado, que sacrifica el bienestar de las poblaciones en general para maximizar las utilidades de pequeños grupos de capitalistas y que tiene por práctica común el castigo a las mayorías cada vez que hay dificultades económicas; el hartazgo de sectores sociales excluidos de la economía y de la política formal, y despojados de futuro, de perspectivas y de un lugar en el mundo; la inconformidad ante regímenes políticos que han permitido y auspiciado la grotesca concentración de la riqueza en unas cuantas manos y que han sido capaces de cooptar y desvirtuar los proyectos de transformación social y política, como ocurrió en Estados Unidos con las fallidas promesas de cambio del gobierno de Barack Obama.

Adicionalmente, el hecho de que las protestas referidas se hayan presentado en escenarios tan distintos entre sí como países desarrollados de Europa y naciones periféricas de Latinoamérica, Asia y África confirma, una vez más, el carácter desestabilizador y autodestructivo de la globalización económica: a fin de cuentas, si los centros del poder financiero mundial han logrado extender por buena parte del mundo la aplicación implacable de un modelo neoliberal y sus consecuentes efectos devastadores, no cabe llamarse a sorpresa de que también hayan logrado globalizar el descontento y la indignación.

Es pertinente advertir, por otra parte, que la aparición de estas expresiones espontáneas de inconformidad –por ahora son sólo eso, más allá de que en naciones como España y Chile hayan adquirido distintos grados de densidad organizativa– y el justificado malestar de los manifestantes no son suficientes para la modificación de un statu quo que antepone el afán de lucro por sobre cualquier consideración humanitaria y civilizatoria: para ello, es necesario una participación masiva de los sectores mayoritarios de la población mundial. Pero si algo se logró durante la jornada de ayer es poner ante los ojos de la opinión pública internacional la inviabilidad de las reglas económicas y políticas aún vigentes, la urgencia de idear alternativas a ese modelo –que antepongan el bienestar colectivo por sobre el lucro particular– y la necesidad de renovar, antes de que las cosas se pongan peor en términos de estabilidad política y social, un conjunto de clases gobernantes que hoy sólo se representan a sí mismas y a los intereses de los capitales locales y foráneos.

Editorial
La Jornada

16 octubre. Día Mundial de la Alimentación. "Cuanto más ricos, más pobres"

El domingo 16 de octubre se celebra el día internacional de la alimentación, en conmemoración del “cumpleaños” de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), y el siguiente es el día internacional de lucha contra la pobreza, oficializado en 1992 pero celebrado en Francia y otros países desde 1987, cuando miles de personas acudieron al llamado del padre Joseph Wresinski en solidaridad con los desesperadamente pobres, que él llamaba “cuarto mundo”.

En las dos décadas transcurridas desde que la comunidad internacional resolvió dedicar dos días consecutivos a recordar los temas del hambre y la miseria, el mundo conoció una prosperidad sin precedentes. Las exportaciones mundiales se multiplicaron casi cinco veces, de 781.000 millones de dólares en 1990 a 3.700 billones en 2010. El habitante promedio del mundo más que duplicó sus ingresos, de 4.079 dólares en 1990 a 9.116 dólares en 2010.

Y sin embargo el promedio mundial de indicadores sociales básicos que calcula Social Watch apenas aumentó en veinte años de 79,3 a 87,1, en una escala en la que el valor 100 representa el mínimo necesario para una vida digna. El Índice de Capacidades Básicas (ICB) que calcula Social Watch toma en cuenta indicadores sociales básicos de malnutrición infantil, partos atendidos por personal idóneo y educación primaria.

La medición más conocida de extrema pobreza es la línea de un dólar diario establecida por el Banco Mundial, ahora llevada a 1.25 para contemplar la inflación. Según el Banco Mundial, entre 1980 y 2005 el porcentaje de indigentes en el mundo se habría reducido a la mitad. El riesgo de que no se alcance el objetivo internacional de continuar reduciéndola a ese ritmo hasta el 2015 provendría de la crisis alimentaria, con precios agrícolas altos o volátiles, o de las repercusiones de la crisis financiera.

En cambio, al tomar en cuenta datos directos de bienestar y no el ingreso monetario, el ICB, que Social Watch publica hoy en simultáneo en varias partes del mundo, revela que toda la primera década del siglo XXI fue una década perdida en la lucha contra la pobreza, a pesar del excelente desempeño de las economías, en particular las de los países en desarrollo.

El comercio mundial y el ingreso per cápita crecieron más rápidamente en la primera década del siglo XXI que en la década anterior, pero los avances contra la pobreza se enlentecieron. La brecha se amplió por la distribución desigual de los beneficios de la prosperidad.

Ahora que los años de vacas gordas parecen estar cediendo el paso a una recesión mundial, las personas más vulnerables, las que no se beneficiaron con el crecimiento acelerado de la economía, sufrirán más con una nueva contracción.

Para peor, el auge económico de la primera década del siglo no aceleró a los indicadores sociales pero sí agravó el deterioro ambiental. Las emisiones per cápita de dióxido de carbono, conocido como CO2, o sea el carbón que se libera en la atmósfera como resultado de quemar combustibles fósiles, habían bajado entre 1990 y 2000, pero volvieron a subir en los últimos diez años.

El concepto de que la erradicación de la pobreza y el logro de la dignidad básica para todos exigen un modelo de desarrollo que destruya el medio ambiente es erróneo. Con emisiones de dióxido de carbono de tres toneladas per cápita por año, Costa Rica y Uruguay han logrado reducir su mortalidad infantil casi al mismo nivel que un país que emite veinte toneladas al año: Estados Unidos. Al mismo tiempo, y con el mismo nivel de emisiones que Noruega, Sudáfrica tiene indicadores sociales similares a los de Indonesia, que consume cinco veces menos combustibles fósiles.

Entre 1990 y 2000, el índice mundial de capacidades básicas mejoró cinco puntos (de 79 a 84) en tanto las emisiones mundiales per cápita de CO2 en realidad disminuyeron de 4,3 a 4,1 toneladas. En la primera década del siglo XXI, las emisiones mundiales de CO2 aumentaron a 4.6 toneladas per cápita, pero los indicadores sociales sólo subieron tres puntos.

Hace veinte años, los líderes del mundo reunidos en Río de Janeiro en la Cumbre de la Tierra afirmaron que “las causas principales de que continúe el deterioro del medio ambiente mundial son los patrones insostenibles de consumo y producción, particularmente en los países industrializados […] que agravan la pobreza y las disparidades”.

La declaración de Río de 1992 resultó profética. Las disparidades se han agravado desde entonces, a tal punto que el Fondo Monetario Internacional ahora advierte que las desigualdades son un freno al crecimiento económico. Desde el punto de vista social el impacto es aun peor. Richard Jolly, economista del instituto británico de estudios del desarrollo (IDS) y ex director de programas del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), sostiene que “comparados con los niños del veinte por ciento más rico de la población, los nacidos en el veinte por ciento más pobre tienen el doble de posibilidades de morir antes de los cinco años y el triple de ser malnutridos.

Estas situaciones no son nuevas, pero los políticos creyeron durante demasiados años que “con la marea subirán todos los barcos, grandes o pequeños” o que “el pastel tiene que crecer primero para poder repartirlo luego”. Nacido él mismo en una situación de indigencia, el padre Wresinski sabía que “donde hombres y mujeres están condenados a vivir en la pobreza, los derechos humanos están siendo violados”. Los números publicados por Social Watch apuntan, precisamente, a este escándalo y lo cuantifican. El mundo ya no tiene otra década para perder sin estallar antes.

Roberto Bissio