Imagine que España cediera la
gestión de un territorio del tamaño de Extremadura a una empresa extranjera. O
que hubiera españoles que pasaran hambre mientras compañías foráneas produjeran
comida en España que luego exportarían a sus países de origen. Parece difícil
de creer, pero esa es la situación que se está dando en algunos países del
África subsahariana.
Desde 2001, los Gobiernos de
países en desarrollo han arrendado, vendido o están negociando la cesión de 227
millones de hectáreas de tierras, o unos 2,27 millones de kilómetros cuadrados,
según cifras del Land Matrix Partnership, un grupo de académicos, investigadores
y ONG citados por Oxfam en un informe publicado hace unos días.
De ese total, gran parte de los
contratos, que involucraron en gran mayoría a inversores extranjeros, se
firmaron a partir de 2008. Y, desde ese año, más del 70% de los contratos se
han dado en el África subsahariana, de acuerdo con un informe del Banco
Mundial.
Mozambique, Sudán del Sur,
Etiopía, Zambia, Liberia, Madagascar... incluso pequeños países como Uganda
están cediendo grandes extensiones de tierra a firmas de origen extranjero. En
la mayoría de los casos, estas adquisiciones conllevan la expulsión de las
comunidades locales de las tierras en las que habitaban. Luego, estas son
usadas con fines comerciales como la producción de biofuel o aceite de palma, o
se utilizan para cultivar alimentos básicos como cereales o arroz que son
exportados a otros países. Y la situación da una vuelta de tuerca más cuando se
piensa que en algunos de estos países -como es el caso de Sudán del Sur y
Etiopía- parte de la población requiere de asistencia humanitaria continua para
no pasar hambre.
Fue en 2008 el año que estas
ventas alcanzaron su auge. Un incremento motivado, según los expertos, por la
subida del precio de los alimentos. Y fue a partir de entonces cuando grandes
inversores privados, en su mayoría occidentales y países como China e India
pero también Arabia Saudí, Kuwait y Corea del Sur, se lanzaron a comprar
tierras en el extranjero en las que producir comida o a las que dar un uso
comercial.
Parece que estos inversores han
ido encontrando los bocados más apetitosos en el África subsahariana. Una zona
que precisamente cuenta con enormes extensiones de tierra cultivable que no
están siendo desarrolladas. Así, dejar su gestión a firmas extranjeras podría
parecer, en principio, una solución positiva. Sin embargo, lo que podría ser un
camino hacia la modernización tecnológica y el desarrollo del empleo local, en
la práctica no beneficia a la comunidad porque los Gobiernos no están sabiendo
negociar esas cesiones.
Los pocos estudios que hay sobre
el tema muestran que, en la práctica, casi todos los casos de cesión de terreno
a inversores extranjeros han acabado muy mal para las poblaciones locales. Es
en estos casos cuando se usa la expresión acaparamiento de tierras, pero, ¿en
qué consiste este fenómeno?
"El acaparamiento de tierras
consiste en la sustracción de tierras rurales por parte de inversores
internacionales para darles un uso comercial al mismo tiempo que niegan el
acceso a esas tierras a la gente que tradicionalmente las usaba para ganarse la
vida", resume Michael Ochieng Odhiambo, autor del informe Presiones
comerciales sobre la tierra en África para la Coalición Internacional
de las Tierras.
"Se llama acaparamiento
precisamente porque no se consulta a la gente que normalmente usaba esa tierra
y sus intereses no se tienen en cuenta", añade Odhiambo, que también es
abogado ambientalista y director ejecutivo del Instituto para la Resolución de
Conflictos por Recursos, con sede en Kenia.
Las firmas internacionales que
invierten en tierras en África rechazan esta terminología y defienden que sus
actuaciones contribuyen al desarrollo de zonas no productivas. La compañía
británica New Forests Company, a la que Oxfam acusa de haber provocado el
desalojo forzoso de 20.000 personas en Uganda, se describe en un comunicado
enviado a este diario como "una compañía con una trayectoria impecable en
inversiones sociales y en desarrollo, que en su corta vida no solo ha creado
más de 2.000 empleos en remotas comunidades rurales en Uganda, sino que ha
incrementado su acceso a la sanidad, educación, agua limpia y
combustible".
De acuerdo con estos inversores,
la adquisición de grandes extensiones de tierra en África no solo tendría
consecuencias positivas sino que sería algo necesario para la contribución al
desarrollo social y económico de estos países.
"Nadie niega que a esas
tierras se les podría dar un mejor uso y nadie sugiere que invertir en tierras
sea algo malo en sí mismo, la cuestión aquí es el proceso que se sigue",
responde Odhiambo. "Normalmente, se ignoran los derechos de las
comunidades indígenas cuyo sustento depende de esas tierras. Si el objetivo es
realmente beneficiar a las poblaciones locales, entonces esta gente debería ser
incluida en las conversaciones y en la toma de decisiones, para que sus
intereses sean tenidos en cuenta", añade.
Sin embargo, en muchas ocasiones,
los que acaban trabajando en las nuevas plantaciones no son personas de las
comunidades locales. Odhiambo señala que, en algunos casos, firmas chinas traen
a sus propios trabajadores, que de esta forma desplazan a los agricultores
locales.
Según datos del Banco Mundial, el
África subsahariana es la zona del planeta que cuenta con más kilómetros
cuadrados de tierra cultivable sin utilizar o sin ser suficientemente
productiva. Pero los expertos ven una segunda razón para el hecho de que la
mayoría de las adquisiciones de grandes extensiones de tierras se den
precisamente en esa zona: Gobiernos corruptos y ausencia de leyes y regulación
adecuadas.
"Ningún país africano
requiere por ley el consentimiento libre, informado y por adelantado de los que
viven en las tierras antes de que sean adjudicadas a un inversor. Son raros los
requisitos de que se consulte a la población local y, cuando existen, su
implementación tiende a estar por debajo de las expectativas", afirma en
un informe sobre contratos de este tipo Lorenzo Cotula, del Instituto
Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo. "Se sabe muy poco
sobre los términos exactos de estas transacciones de tierras en África, ya que
las negociaciones suelen realizarse a puerta cerrada", añade.
El hecho de que muchos de los
Gobiernos del África subsahariana no cuentan con demasiadas credenciales
democráticas y de que apenas existen leyes que regulen las condiciones de
trabajo, las consecuencias para el medio ambiente o la propiedad de la tierra
por parte de las comunidades locales, parecen contribuir al especial interés
que suscitan las tierras africanas entre empresas extranjeras y países en
rápido crecimiento.
Ocurre, además, que en la mayoría
de los países africanos el dueño de las tierras es el Estado, que no suele
reconocer el derecho consuetudinario que podría dar la propiedad de las tierras
a las comunidades que llevan viviendo en ellas y trabajándolas durante
generaciones.
"Fundamentalmente, se trata
de una cuestión de mal gobierno, porque los Ejecutivos de estos países en
África no rinden cuentas a su gente, no consultan a las personas afectadas, hay
muchos oficiales gubernamentales que buscan ganar dinero con estos
contratos...", enumera Odhiambo. "Y con tal de proteger esta
situación, estos Gobiernos no quieren ningún tipo de discusión sobre cómo
establecer políticas e instituciones adecuadas".
Entonces, si se dieran las
condiciones ideales, si las poblaciones locales fueran consultadas y tuvieran
voz y voto, que los Gobiernos buscaran el interés de las comunidades que viven
en las tierras en cuestión y que todo el proceso respondiera a normas
democráticas, ¿podría ser la cesión de grandes extensiones de tierra una
solución para desarrollar la agricultura africana y finalizar con la
dependencia de ayuda exterior de muchos de estos países?
"Es que en la práctica esa
hipótesis no se cumple. En casi todas las adquisiciones masivas que se han
hecho para nada se han tenido en cuenta esos requisitos", responde José
Antonio Osaba, asesor general del Foro Rural Mundial, en la misma línea que
muestran los pocos estudios que han analizado este tipo de contratos.
"Nosotros planteamos una
moratoria de 20 años sobre esas adquisiciones masivas de tierras para que en
ese tiempo se pueda priorizar la agricultura familiar y nacional destinada a
producir alimentos para las poblaciones africanas. Y también para que se
realice un análisis muy serio y en profundidad de qué significan y qué
consecuencias tienen estas adquisiciones masivas", explica Osaba, que
remata: "Que África, que está con hambrunas, esté alimentando a
poblaciones de otros continentes es algo insólito".
Más moderado, Odhiambo sí cree
que, bien hechas y con las regulaciones adecuadas puestas en práctica, las
cesiones de tierras podrían ser parte de la solución al problema del hambre en
África. "En el plano internacional, se deberían establecer unos estándares
que gobiernen todas estas transacciones para que se puedan realizar
correctamente", apunta.
Una Extremadura para los indios
en Etiopía
Etiopía da pleno sentido al
término acaparamiento. Este país -que además ahora se ha visto afectado por la
sequía y la crisis alimentaria en el Cuerno de África- era ya el quinto más
hambriento del mundo, según el Índice Global del Hambre. Unos 13 millones de
habitantes dependen de algún tipo de ayuda humanitaria para comer, y solo en
2010 el país recibió unos 2.000 millones de euros en asistencia humanitaria.
Pero estos datos no han impedido
al Gobierno etíope ceder 11.900 kilómetros cuadrados de tierras a
empresas privadas y haber puesto en el mercado otros 30.000. Algo que en total
supone una extensión similar a la de Extremadura. La mayor parte de las tierras
han ido a parar a manos extranjeras, en particular a inversores indios.
En 2010, el Gobierno reasentó a
150.000 personas para disponer de sus tierras, que en Etiopía legalmente
pertenecen al Estado. A lo largo de 2011 el objetivo es realojar más de 100.000
hogares, la mayoría en el sur y suroeste del país, habitados por etnias
minoritarias.
"La intención del Gobierno
de arrendar estas tierras que han sido utilizadas por nuestras comunidades
durante generaciones significa que la población pierde su forma de trabajar la
tierra y queda condenada a depender totalmente de ayuda humanitaria", se
lamenta Nyikaw Ochalla, director de la Organización para la Supervivencia Anywaa.
"Se deja a las comunidades locales fuera de la toma de decisiones, y lo
que ocurre es que un día esta gente ve una larga fila de tractores que está
despejando las tierras. Y cuando preguntan al Gobierno regional qué está
ocurriendo nadie sabe nada, porque la negociación la han llevado a cabo solo
una o dos personas en su propio beneficio", describe.
Organizaciones defensoras de los
derechos humanos y del medio ambiente han criticado al Gobierno etíope por el
desalojo de las poblaciones locales y la cesión de tierras.
El primer ministro, Meles Zenawi,
se defiende siempre de estas acusaciones criticando a su vez a occidente. El
año pasado, durante la presentación de un plan quinquenal de desarrollo para su
país, declaró: "Estas organizaciones no quieren ver cómo África se
desarrolla, quieren que sigamos subdesarrollados y atrasados para servir a los
turistas occidentales como un museo".
José Miguel Calatayud
El País
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