Frente al cambio de la Constitución española
exprés y sin consensos, en Islandia intentan otra vía más democrática e
innovadora de afrontar la relación con su Carta Magna.
A raíz de la aparición del
movimiento 15M se ha hablado mucho y bien del proceso islandés, pero activistas
y analistas de esta isla ártica se preguntan hasta qué punto dicho proceso de
empoderamiento popular es el éxito que se ha “querido” ver desde España. En
Islandia es común escuchar con cierto cinismo que es verdad que el Estado
decidió dejar quebrar tres bancos privados pero fue porque no tenía otra
salida, ya que la proporción de la deuda no era asequible (nueve veces el PIB
del país).
De hecho, el analista Egill
Helgason, desde las páginas del Reikiavik Grapevine, ha resaltado que, según un
informe de la OCDE,
solo Irlanda ha puesto más dinero público en sus instituciones financieras
fallidas que Islandia. Egill afirma que “Islandia no es un modelo y la gente en
España no necesita ondear banderas Islandesas”.
Lo cierto es que Islandia ha
servido de inspiración por más razones: la revuelta popular forzó la dimisión
en bloque de un Gobierno y la del director de su banco central. Además, en dos
consultas se rechazó pagar deudas privadas con dinero público; se han producido
cambios de Gobierno hacia la izquierda; un exprimer ministro ha sido llevado
ante los tribunales y hay investigaciones abiertas a políticos y banqueros. A
esto hay que sumar un cierto shock cultural y político en un país que era el
paradigma de la adormecida sociedad de consumo y un laboratorio de políticas
ultra-neoliberales.
Y entre estos procesos fruto de
la revuelta popular, uno especialmente interesante es el de promover una
reescritura participativa de la Constitución. Los 25 ciudadanos elegidos en
sufragio universal tras un proceso no exento de polémica [ver recuadro] han
trabajado durante cuatro meses, y en julio enviaron su propuesta al Parlamento.
Andris Magnusson, uno de los 25 elegidos para este proceso, cree que el hecho
de haber elaborado una propuesta de consenso unánime ha reforzado la
legitimidad de la propuesta. Magnusson no es político profesional, como la
mayoría de los elegidos, él es psiquiatra, y su popularidad se debe a que
denunció desde la sociedad civil, previamente al colapso, la situación
insostenible de los bancos. Magnusson explica que en el grupo del que ha
formado parte hay muchos académicos, pero también activistas del “movimiento de
las cacerolas”, un sindicalista, gente del medio rural, dos pastores
protestantes, bloggers y personas de todo tipo de ideologías.
El trabajo se ha realizado con
ciertas prisas, como reconoce Katrin, otra de las 25 elegidas, joven abogada y
conocida activista del “movimiento de las cacerolas”. Sin embargo, tanto Katrin
como Magnusson expresan su satisfacción con el proceso. Entre los principales
cambios están las medidas de mayor democracia directa, por las que el 2% de la
población puede pedir que se debata un tema en el Parlamento, y un 10% –algo no
excesivamente difícil en un país de 320.000 habitantes– pueda hacer propuestas
legislativas o revisar nuevas legislaciones para que sean sometidas a
referéndum.
Logros y limitaciones del texto
Katrin resalta también lo que
llama los “derechos de la naturaleza” y la propiedad colectiva sobre los
recursos naturales, cambios inspirados en las reformas constituciones de
Bollivia y Ecuador. Este tema entra en el debate nacional en torno a la
construcción de gigantescas presas para el procesamiento de aluminio y en el
desarrollo del sector pesquero en torno a transnacionales. Magnusson hace
especial hincapié en los avances en el campo de la transparencia con los que se
protege y promueve el acceso a la información, etc. Este psiquiatra también
resalta que el nuevo texto incluye la posibilidad de votar individuos de una
lista en vez de toda la lista y que minimizará la falta de proporcionalidad del
sistema electoral. No obstante, reconoce con cierta frustración que no hay cambios
significativos en la pluralidad de los medios de comunicación, aunque Katrin
señala que el texto permitirá que el público conozca mejor la propiedad de los
medios. La abogada resalta asimismo la supresión del servicio militar
obligatorio, la promoción del desarrollo de una actitud crítica en el sistema
educativo y algunos logros en el campo de los derechos humanos y la diversidad.
Kristin es miembro fundador de ALDA, una plataforma de reciente creación que
promueve la democracia directa, muy activa en el proceso de deliberación
constitucional por medio de canales abiertos online.
Kristin cree que “hay muchas
mejoras respecto a la antigua Constitución”, sin embargo se muestra crítico en
aspectos concretos. Por ejemplo, considera que no se ha profundizado en la
separación de poderes, que en el campo de la democracia directa los logros son
moderados, y en el campo financiero y económico casi nulos. La propuesta de
Constitución ha excluido de la nueva regulación de referéndums las cuestiones
económicas y financieras para alcanzar mayor consenso, justifica Magnusson.
¿Y ahora qué?
La propuesta fue enviada al
Parlamento en la fecha acordada, aunque aún no hay fechas establecidas para su
discusión. Katrin opina que el borrador es demasiado radical para que el
Parlamento la apruebe pero cree que tampoco será fácil detenerla. “Antes nos
decían que era muy complicado hacer otra Constitución, pero ahora esa excusa no
funcionará. Si no le gusta, que hagan otra propuesta y que dejen que la gente
elija cuál gusta más”. Einar Mar Gudmundsson, conocido escritor comprometido
con las luchas sociales y miembro de ATTAC Islandia, asegura que el principal
cambio tras la revuelta post colapso es que “hay mucha gente que se siente
empoderada, y que siente que tiene algo que decir, sin miedo” y si el
Parlamento desvirtúa el cambio constitucional es probable que mucha gente
vuelva a levantarse, “quizás es lo que necesitamos”. Por el momento, algunos
miembros del Consejo han amenazado con que, si se desvirtúa la propuesta, se presentarán
a las elecciones para retomarlo y Hordur Torfason –uno de los más
significativos iniciadores de las caceroladas que dieron pie a la revuelta– y
otros activistas han asegurado que promoverán otra revuelta si se detiene el
cambio constitucional.
Cómo se creó el consejo de 25
El proceso constituyente no gozó
desde sus inicios con el beneplácito de parte del establishment político y
mediático islandés, como muestra el hecho de que sólo obtuvo el apoyo
parlamentario del 62% del arco. Andris Magnusson, uno de los 25 elegidos para
este proceso, justifica la moderada tasa de participación ciudadana (36%) en la
elección del consejo en el “sutil vacío mediático de buena parte de los medios
privados ligados a los centros de poder tradicionales”. Una vez realizada la
consulta hubo denuncias que ponían en cuestión algunos protocolos técnicos, por
lo que el Tribunal Supremo –de corte conservador y ligado al poder tradicional
según Magnusson– decidió invalidar los resultados de los comicios. Ante
semejante anticlímax participativo, el Gobierno decidió hacer un “rodeo legal”
a la invalidación y convertir, con el apoyo del 51% del Parlamento, la asamblea
elegida e invalidada en un Consejo Asesor al que el Parlamento encargaba la redacción
de una propuesta de nueva Constitución basada en un informe previo elaborado
por un comité técnico a su vez basado en un Foro Nacional donde mil islandeses
elegidos al azar expresaron sus inquietudes de cambio......
Álvaro Porro / Reikiavik (Islandia)
Diagonal
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