Los porqués del hambre

La crisis de alimentos en África y la hambruna en Somalia en particular son resultado de una globalización al servicio de intereses privados. Comida hay, así que el problema no es de producción, sino de acceso

Vivimos en un mundo de abundancia. Hoy se produce comida para 12.000 millones de personas, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), cuando en el planeta habitan 7.000. Comida, hay. Entonces, ¿por qué una de cada siete personas en el mundo pasa hambre?

La emergencia alimentaria que afecta a más de 10 millones de personas en el Cuerno de África ha vuelto a poner de actualidad la fatalidad de una catástrofe que no tiene nada de natural. Sequías, inundaciones, conflictos bélicos... contribuyen a agudizar una situación de extrema vulnerabilidad alimentaria, pero no son los únicos factores que la explican.

La situación de hambruna en el Cuerno de África no es novedad. Somalia vive una situación de inseguridad alimentaria desde hace 20 años. Y, periódicamente, los medios de comunicación remueven nuestros confortables sofás y nos recuerdan el impacto dramático del hambre en el mundo. En 1984, casi un millón de personas muertas en Etiopía; en 1992, 300.000 somalíes fallecieron a causa del hambre; en 2005, casi cinco millones de personas al borde de la muerte en Malaui, por solo citar algunos casos.

El hambre no es una fatalidad inevitable que afecta a determinados países. Las causas del hambre son políticas. ¿Quiénes controlan los recursos naturales (tierra, agua, semillas) que permiten la producción de comida? ¿A quiénes benefician las políticas agrícolas y alimentarias? Hoy, los alimentos se han convertido en una mercancía y su función principal, alimentarnos, ha quedado en un segundo plano.

Se señala a la sequía, con la consiguiente pérdida de cosechas y ganado, como uno de los principales desencadenantes de la hambruna en el Cuerno de África, pero ¿cómo se explica que países como Estados Unidos o Australia, que sufren periódicamente sequías severas, no padezcan hambrunas extremas? Evidentemente, los fenómenos meteorológicos pueden agravar los problemas alimentarios, pero no bastan para explicar las causas del hambre. En lo que respecta a la producción de alimentos, el control de los recursos naturales es clave para entender quién y para qué se produce.

En muchos países del Cuerno de África, el acceso a la tierra es un bien escaso. La compra masiva de suelo fértil por parte de inversores extranjeros (agroindustria, Gobiernos, fondos especulativos...) ha provocado la expulsión de miles de campesinos de sus tierras, disminuyendo la capacidad de estos países para autoabastecerse. Así, mientras el Programa Mundial de Alimentos intenta dar de comer a millones de refugiados en Sudán, se da la paradoja de que Gobiernos extranjeros (Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Corea...) les compran tierras para producir y exportar alimentos para sus poblaciones.

Asimismo, hay que recordar que Somalia, a pesar de las sequías recurrentes, fue un país autosuficiente en la producción de alimentos hasta finales de los años setenta. Su soberanía alimentaria fue arrebatada en décadas posteriores. A partir de los años ochenta, las políticas impuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para que el país pagara su deuda con el Club de París, forzaron la aplicación de un conjunto de medidas de ajuste. En lo que se refiere a la agricultura, estas implicaron una política de liberalización comercial y apertura de sus mercados, permitiendo la entrada masiva de productos subvencionados, como el arroz y el trigo, de multinacionales agroindustriales norteamericanas y europeas, quienes empezaron a vender sus productos por debajo de su precio de coste y haciendo la competencia desleal a los productores autóctonos. Las devaluaciones periódicas de la moneda somalí generaron también el alza del precio de los insumos y el fomento de una política de monocultivos para la exportación forzó, paulatinamente, al abandono del campo. Historias parecidas se dieron no solo en países de África, sino también en América Latina y Asia.

La subida del precio de cereales básicos es otro de los elementos señalados como detonante de las hambrunas en el Cuerno de África. En Somalia, el precio del maíz y el sorgo rojo aumentó un 106% y un 180% respectivamente en tan solo un año. En Etiopía, el coste del trigo subió un 85% con relación al año anterior. Y en Kenia, el maíz alcanzó un valor 55% superior al de 2010. Un alza que ha convertido a estos alimentos en inaccesibles. Pero, ¿cuáles son las razones de la escalada de los precios? Varios indicios apuntan a la especulación financiera con las materias primas alimentarias como una de las causas principales.

El precio de los alimentos se determina en las Bolsas de valores, la más importante de las cuales, a nivel mundial, es la de Chicago, mientras que en Europa los alimentos se comercializan en las Bolsas de futuros de Londres, París, Ámsterdam y Fráncfort. Pero, hoy día, la mayor parte de la compra y venta de estas mercancías no corresponde a intercambios comerciales reales. Se calcula que, en palabras de Mike Masters, del hedge fund Masters Capital Management, un 75% de la inversión financiera en el sector agrícola es de carácter especulativo. Se compran y venden materias primas con el objetivo de especular y hacer negocio, repercutiendo finalmente en un aumento del precio de la comida en el consumidor final. Los mismos bancos, fondos de alto riesgo, compañías de seguros, que causaron la crisis de las hipotecas subprime, son quienes hoy especulan con la comida, aprovechándose de unos mercados globales profundamente desregularizados y altamente rentables.

La crisis alimentaria a escala global y la hambruna en el Cuerno de África en particular son resultado de la globalización alimentaria al servicio de los intereses privados. La cadena de producción, distribución y consumo de alimentos está en manos de unas pocas multinacionales que anteponen sus intereses particulares a las necesidades colectivas y que a lo largo de las últimas décadas han erosionado, con el apoyo de las instituciones financieras internacionales, la capacidad de los Estados del sur para decidir sobre sus políticas agrícolas y alimentarias.

Volviendo al principio, ¿por qué hay hambre en un mundo de abundancia? La producción de alimentos se ha multiplicado por tres desde los años sesenta, mientras que la población mundial tan solo se ha duplicado desde entonces. No nos enfrentamos a un problema de producción de comida, sino a un problema de acceso. Como señalaba el relator de la ONU para el derecho a la alimentación, Olivier de Schutter, en una entrevista a EL PAÍS: "El hambre es un problema político. Es una cuestión de justicia social y políticas de redistribución".

Si queremos acabar con el hambre en el mundo es urgente apostar por otras políticas agrícolas y alimentarias que coloquen en su centro a las personas, a sus necesidades, a aquellos que trabajan la tierra y al ecosistema. Apostar por lo que el movimiento internacional de La Vía Campesina llama la "soberanía alimentaria", y recuperar la capacidad de decidir sobre aquello que comemos. Tomando prestado uno de los lemas más conocidos del Movimiento 15-M, es necesaria una "democracia real, ya" en la agricultura y la alimentación.

Esther Vivas, del Centro de Estudios sobre Movimientos Sociales de la Universidad Pompeu Fabra, es autora de Del campo al plato. Los circuitos de producción y distribución de alimentos.

Fuente: El País

http://www.elpais.com/articulo/opinion/porques/hambre/elpepuopi/20110730elpepiopi_10/Tes

¿Hay crisis de alimentos?

El índice de precios de alimentos de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) se elevó a 234 puntos en junio de 2011. Aunque es sólo uno por ciento mayor que en mayo, fue 39% superior al del mismo mes del año anterior, lo cual dio sustento al debate de si el mundo enfrenta una crisis de alimentos o no.

Organizaciones no gubernamentales y agencias supranacionales, entre ellas la FAO y el Banco Mundial (BM), han estado cabildeando con vigor desde la fuerte elevación anterior, de 2007-08, para aumentar la conciencia de lo que perciben como el riesgo de una futura crisis alimentaria.

Robert Zoellick, presidente del Banco Mundial, dijo en fecha reciente que los precios volátiles de los alimentos son la mayor amenaza que enfrenta a las naciones desarrolladas. La causa fue adoptada por Francia, presidenta actual del G-20, que ha hecho de la seguridad alimentaria y la reglamentación de los productos primarios el centro de su interés durante su desempeño.

Alentada por Francia, la primera reunión de ministros de agricultura del G-20 tuvo lugar en París, en junio de 2011. En su discurso en la reunión, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, llamó al G-20 a aplicar mayores regulaciones a los mercados de productos agrícolas como forma de lidiar con la carestía de alimentos. En tanto, un informe preparado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), la FAO y el BM, entre otras instituciones, recomendó retirar subsidios y mandatos para los biocombustibles y restringir las prohibiciones a las exportaciones de alimentos.

Es debatible si la reunión logró avances en temas claves. Los ministros acordaron recabar información sobre la oferta de alimentos y las reservas para crear un sistema de alerta temprana, diseñado para mostrar riesgos de escasez. También se comprometieron a revisar las reservas de emergencia. Sin embargo, fueron rechazadas las propuestas de reducir el uso de biocombustibles (que típicamente retiran productos agrícolas de la cadena alimentaria) o legislar contra las barreras comerciales a productos agrícolas, y no hubo discusión sobre el impacto del cambio climático.

Además, los ministros de agricultura trasladaron a los ministros de finanzas la responsabilidad de investigar el impacto de la actividad especuladora sobre los precios agrícolas internacionales.

Las estimaciones de EIU confirman la presión al alza sobre los precios de los alimentos el año pasado. Nuestro índice de alimentos y bebidas creció en promedio anual 11.7% en 2010, y 45% en el primer trimestre de 2011. El BM estima que la carestía alimentaria ha llevado a otras 44 millones de personas a vivir en pobreza el año pasado.

Tal vez la opción fácil sea culpar a la inversión especulativa; como las tasas de interés en el planeta han sido sumamente bajas y las inyecciones de efectivo al mercado han elevado la liquidez global, los inversionistas han estado buscando ganancias y los activos en productos primarios han resultado atractivos. Sin embargo, una significativa contracción de los mercados agrícolas también ha sido un factor.

En un tiempo de constante aumento del consumo, muchos productos primarios agrícolas se han visto afectados por importantes perturbaciones de la oferta. Por ejemplo, una sequía a mediados de 2010 en Rusia y otros estados de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) condujo a cosechas de trigo sustancialmente más bajas; aunque no son los mayores productores del planeta, esos países son exportadores esenciales. El alza subsecuente en los precios de los granos en respuesta al descenso de la oferta global fue exacerbada por las prohibiciones a la exportación impuestas en Rusia y Ucrania.

Incluso los precios de los productos primarios agrícolas, como el arroz y la soya, que no sufrieron perturbaciones de la oferta, se elevaron en anticipación al aumento de la demanda, pues ofrecían una alternativa a los productos escasos (entre ellos también la cebada y las semillas de girasol). Otros ejemplos más recientes en los que el clima adverso ha afectado las cosechas fueron la intempestiva sequía en el hemisferio norte a principios de 2011, que condujo a reducir las expectativas sobre las cosechas de granos en la Unión Europea, y severas inundaciones en Queensland, Australia, en esa misma época.

En suma, en nuestro concepto, si bien los flujos de inversión se han sumado a la volatilidad de los precios agrícolas, el alza de éstos ha sido también una reacción a los fundamentos del mercado.

La buena noticia para los que se preocupan por los precios de alimentos es que los picos actuales no durarán. Aunque prevemos que nuestro índice de alimentos y bebidas se elevará sólo un tercio este año (en gran parte por los incrementos que ya ocurrieron), esperamos un descenso de precios de un 12% en términos de dólares el año próximo, al mejorar la oferta. Sin embargo, esto parte del supuesto de que el clima se mantenga normal. También prevemos que dicho índice continuará descendiendo, en promedio, cada año hasta 2015, conforme los mercados respondan a las presiones para elevar la oferta.

Menos positivo es el cuadro para los fundamentos de la oferta y la demanda a largo plazo. Del lado de la demanda, hay un cambio estructural en curso que sugiere que el mundo necesita incrementar su producción agrícola para hacer frente a las necesidades futuras. Un firme crecimiento de la población y el ascenso en los ingresos en el mundo en desarrollo crean una demanda adicional de alimentos. Esta tendencia coincide con otras del lado de la oferta que reducen la producción potencial; la urbanización no sólo reduce la oferta mundial de tierra arable, sino también quita a los campesinos de las tierras y los pone en los supermercados a comprar comida. Los niveles de los ríos del mundo descienden, en parte a consecuencia de la rápida urbanización, pero también del cambio climático.

Algunos de estos problemas pueden ser enfrentados por el mercado. El sector agrícola ha sufrido décadas de descenso en la inversión en la historia reciente, en parte por los bajos precios reales, que la han desincentivado. Irónicamente, un beneficio de la reciente alza de precios es que las recompensas financieras de la agricultura son potencialmente mayores. Esto puede estimular mayor inversión para modernizar la agricultura en países en desarrollo y elevar los rendimientos.

Sin duda queda campo considerable para elevar la productividad agrícola, y ya hay ejemplos de ello: la modernización agrícola en Brasil lo ha convertido en importante exportador de alimentos, pese a su gran población; Rusia y Ucrania se han vuelto grandes exportadores de granos y oleaginosas en la década pasada gracias a la inversión en el sector.

Otra zona con potencial es la infraestructura de almacenamiento de alimentos, que sigue siendo mala en muchos países en desarrollo y podría beneficiarse mucho con la inversión.

En conclusión, parece probable que una mayor conciencia e inversión en el sector agrícola conduzcan a elevar la producción mundial. Se necesitará más que reglamentar los mercados agrícolas para reducir los precios, bajar la inversión global y elevar el nivel de vida en los países pobres.

Fuente: EIU

La jornada

Traducción de texto: Jorge Anaya

El hambre en África importa un cuerno

Mientras en Europa se discute sobre multimillonarios programas de salvamento económico, así como el escándalo por pinchazos telefónicos, y en Estados Unidos la pelea es por cuadrar las cifras del déficit fiscal, en el llamado Cuerno de África —Somalia, Kenia y Etiopía— se vive una grave hambruna que según la ONU tiene en riesgo la vida de cerca de 10 millones de personas. No obstante, poco se habla al respecto de este desastre humanitario.

La historia, infortunadamente, no es nueva y se repite con demasiada frecuencia. África, el continente más pobre del mundo, tiene bajos niveles de desarrollo y deficientes condiciones de salubridad que lo convierten en un terreno abonado para que este tipo de situaciones, magnificadas por los fenómenos naturales, se ceben contra sus habitantes, ocasionando un alto número de muertos que se suman a los de sus incontables conflictos políticos, religiosos y étnicos.

La cronología de su recurrencia así lo demuestran: en 1967 la guerra y el hambre causaron en Biafra un millón y medio de víctimas. Un año después, el turno fue para los países que conforman el llamado “cinturón del hambre”, con cerca de un cuarto de millón de fallecidos. De ahí en adelante la lista se hace extensa, afectando en especial a Senegal, Malí, Mauritania, Guinea, Burkina Faso, Argelia, Níger, Nigeria, Chad, Camerún, Yibuti, Eritrea y Sudán, y tres de estos países están hoy en el ojo del huracán. Una funcionaria de Unicef, Mia Cox, escandalizada ante la impavidez de la comunidad internacional, alertó sobre lo que denomina como el “hambre, un tsunami silencioso”. Tiene toda la razón.

Cuando en 2004 otro desastre natural, un tsunami en el Pacífico Sur, cobró la vida de cerca de 230 mil personas, el mundo se solidarizó y llovió la ayuda económica. Sin embargo, la situación en África podría tener consecuencias peores si no se toman las medidas para evitarlas, pues como dice la funcionaria, “actualmente 500.000 niños menores de 5 años en Somalia, Kenia y Etiopía están sufriendo de una inminente amenaza a sus vidas por desnutrición severa, lo que significa que si no reciben atención médica inmediata y alimentos terapéuticos, tienen pocos días de vida”. Esa es la magnitud de la tragedia, tan sólo dentro de la población más vulnerable, los niños.

Pero como los desastres no suelen venir solos, la situación tiende a agravarse: la región de Somalia más afectada está controlada por el grupo fundamentalista islámico Al Shahab, el mismo que la CIA vincula de manera directa con Al Qaeda. Ante el anuncio de la ONU de alertar sobre un desastre humanitario, el grupo radical ha reiterado que este es un tema coyuntural derivado de la situación de sequía y por lo tanto no van a permitir el ingreso de organizaciones que vayan a llevar ayuda humanitaria o a paliar la grave situación de salubridad, pues, para dicho grupo radical, la ayuda es una excusa encubierta para “llevar espías y promover agendas políticas”. Por lo pronto, el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas atiende a 1,5 millones de somalíes y espera duplicar sus esfuerzos, para lo cual con toda seguridad tendrá que transar con los líderes de Al Shahab, so pena de acrecentar la ya de por sí caótica situación.

Es de esperar que ante este campanazo de alarma que requiere una acción conjunta y decidida de la comunidad internacional se dé una respuesta inmediata al llamado angustioso de diez millones de personas, entre ellas medio millón de menores de cinco años. Ya son varias las situaciones similares que fueron alertadas en el pasado y no se hizo lo que se debía, con consecuencias que siguen machacando la conciencia del mundo. Es hora de actuar.

Elespectador.com
Editorial

Los cuernos de África

Ayer tuve ocasión de conocer a dos profesoras de Malaui. Han venido a Londres por primera vez en su vida para conocer el funcionamiento de las escuelas aquí. Lo han hecho a través de Landirani (significa “acepta mi ofrenda” en chichewa, lengua oficial de Malaui), una ONG inglesa que lleva años trabajando en el país africano. Resultó sobrecogedor escuchar a los dos mujeres, que rondaban la treintena y en su hogar no disfrutan ni de electricidad ni de agua corriente, decir casi con lágrimas en los ojos que “la vida aquí tiene que ser muy fácil” o, incluso, desear que “ojalá hubiera nacido aquí”.

Su visita a Londres ha coincidido con las revueltas sociales de su país contra el presidente Bingu wa Mutharika, que se han saldado -por ahora- con 18 muertos. Protestan contra el alza de precios y contra la corrupción. Y no es para menos, porque en un país donde el 60% de la población vive con menos de un dólar al día, Mutharika ha subido el IVA hasta un 16,5% en productos de primera necesidad, como el pan, la carne, la leche o el suministro de agua. Así, sólo el precio del pan anda entre los 80 centavos y un dólar.

La mala gestión y el régimen represor que ejerce el presidente se ha convertido en la primera causa para que países como Reino Unido, su colonizador hasta 1964, rompa relaciones diplomáticas con Malaui e, incluso, cierre el grifo a la ayuda humanitaria durante los próximos 4 años (550 millones de dólares). Un duro golpe para el país africano, cuyos ingresos dependen de esta ayuda en un 40%.

La noticia coincide en el tiempo con el shock internacional que ha producido la situación de hambruna en el Cuerno de África. Una situación que no debería coger por sorpresa a nadie -como parece que coge- pues las ONGs que trabajan sobre el terreno llevan advirtiendo de ello desde hace mucho tiempo. El mismo que Landirani y otras ONGs llevan advirtiendo de lo que ahora estalla en Malaui. Pero como le sucede a Mutharika, que olvida su niñez educado en escuelas estatales y misioneras -de donde viene las profesoras que conocí- o su paso como director de UNECA (Comercio y Desarrollo Financiero de la Comisión Económica de Naciones Unidas para África), los países desarrollados nos olvidamos de África. O le somos infieles. Mientras le prometemos amor eterno y la agasajamos con el limpia-conciencias de la ayuda humanitaria, la dejamos a su suerte.

Africa tiene muchos cuernos. Los que le pone el resto del mundo.

David Bollero. Público

¿Qué nos dice del mundo una modesta barra de pan?

¿Qué nos dice del mundo una modesta barra de pan?

La respuesta es: mucho más de lo que se pueda imaginar. Para empezar, esa barra se puede "interpretar" como si fuera una muestra básica extraída del corazón de una sombría economía global. Vista de otro modo, revela algunas de las líneas de falla cruciales de la política mundial, incluyendo los orígenes de la primavera árabe que ahora se ha convertido en un verano de descontento.

Consideremos lo siguiente: entre junio de 2010 y junio de 2011, los precios de los granos en el mundo casi se han duplicado. En esos mismos meses cayaeron varios gobiernos, estallaron disturbios en las ciudades desde Bishkek, en Kirguistán, a Nairobi, Kenia, y lo más inquietante es que comenzaron tres nuevas guerras, en Libia, Yemen, y Siria. Incluso en la península del Sinaí en Egipto, las tribus beduinas se han sublevado contra el gobierno interino del país y controlan sus propios bloques de ruta armados.

Y en cada una de estas situaciones, se puede rastrear el problema, por lo menos en parte, hasta el precio de esa barra de pan. Si estos levantamientos no fueron “conflictos por recursos” en el sentido formal del término, hay que verlos por lo menos como sublevaciones provocadas por el pan.

Creciente cambio climático en un trigal

El pan se ha conocido tradicionalmente como la esencia de la vida. En gran parte del mundo no puede ser más básico, ya que la barra de pan diaria significa frecuentemente la diferencia entre el sustento y la hambruna. A pesar de todo, para ver la actual política mundial en una barra de paz, hay que preguntar primero: ¿De qué se hace exactamente ese pan? Agua, sal, y levadura, claro está, pero sobre todo trigo, lo que significa que cuando los precios del trigo aumentan en todo el mundo, lo mismo sucede con el precio de ese pan, y lo mismo pasa con los problemas.

Sin embargo, imaginar que el pan sólo es eso, es no comprender la agricultura global moderna. Otro ingrediente clave en nuestro pan –llamémosle “un factor de producción”– es el petróleo. Sí, petróleo crudo, que aparece en nuestro pan como fertilizante y como combustible de los tractores. Sin petróleo, no se produciría trigo, no se procesaría y no se podría transportar por continentes y océanos.

Y no olvidéis el trabajo. También es un ingrediente de nuestra barra de pan, pero no siempre de la forma que nos inaginamos. Después de todo, la mecanización ha desplazado en gran parte a los trabajadores del campo a la fábrica. En lugar de innumerables campesinos plantando y cosechando trigo a mano, los trabajadores industriales producen ahora tractores y trilladoras, producen combustible, pesticidas químicos y fertilizante de nitrógeno, todos provenientes del petróleo y todos cruciales para el cultivo moderno del trigo. Si el poder laboral de esos trabajadores se transfiere a un trigal, sucede mediante la tecnología. Actualmente, una sola persona conduciendo una inmensa cosechadora de 400.000 dólares, que quema 760 litros de carburante al día, guiada por ordenadores y sistemas GPS de navegación satelital, puede cubrir 8 hectáreas por hora, y cosechar entre 8.000 y 10.000 fanegas de trigo en un solo día.

Además, sin capital financiero –dinero– nuestra barra de pan no existiría. Es necesario comprar el petróleo, el fertilizante, esa cosechadora, etc. Pero el capital financiero puede afectar indirectamente al precio de nuestra barra de pan de un modo aún más poderoso. Cuando hay tanto capital líquido que se mueve por el sistema financiero global, los especuladores comienzan a subir las ofertas del precio de diversos recursos, incluidos todos los ingredientes del pan. Este tipo de especulación contribuye naturalmente a aumentar los precios del combustible y de los granos.

Los ingredientes finales vienen de la naturaleza: luz solar, oxígeno, agua y suelo nutritivo, todo en la cantidad correcta y en el momento adecuado. Y hay un insumo más que no se puede ignorar: una contribución de la naturaleza de otro tipo: el cambio climático, que ahora realmente entra en acción y, cada vez más, es un elemento desestabilizador clave en la desastrosa llegada de esa barra de pan al mercado.

Desastre comercial

Cuando estos ingredientes se mezclan de una manera que sube el precio del pan, entra en juego la política. Consideremos, por ejemplo, lo siguiente: los levantamientos en Egipto fueron de importancia vital para la Primavera Árabe. Egipto también es el mayor importador de trigo del mundo, seguido de cerca por Argelia y Marruecos. Hay que recordar también que la Primavera Árabe comenzó en Túnez cuando el aumento de los precios de los alimentos, el alto desempleo, y una creciente brecha entre ricos y pobres provocaron mortíferos disturbios y finalmente la huída del autocrático gobernante del país Zine Ben Ali. Su último acto fue prometer una reducción del precio del azúcar, la leche y el pan, pero era demasiado tarde.

Comenzaron las protestas en Egipto y el gobierno argelino ordenó el aumento de las importaciones de trigo para impedir la creciente agitación debida a los precios de los alimentos. Mientras los precios del trigo aumentaban un 70% entre junio y diciembre de 2010, el consumo de pan en Egipto comenzó a disminuir por lo que los economistas llamaron “racionamiento mediante el precio”. Y ese precio siguió aumentando durante toda la primavera de 2011. En junio, el trigo costó un 83% más de lo que había costado un año antes. Durante el mismo período los precios de los granos aumentaron un asombroso 91%. Egipto es el cuarto importador de maíz del mundo. Cuando no se utiliza para hacer pan, el maíz se usa frecuentemente como ingrediente en alimentos y para alimentar a las aves de corral y al ganado. Argelia, Siria, Marruecos, y Arabia Saudí se cuentan entre los principales 15 importadores de maíz. A medida que aumentaban los precios del trigo y del maíz se amenazaba no solo el nivel de vida de los egipcios pobres, sino sus propias vidas, ya que los precios de los alimentos, impulsados por el cambio climático provocaron la violencia política.

En Egipto, la alimentación es un tema político volátil. Después de todo, uno de cada cinco egipcios vive con menos de 1 dólar diario y el gobierno provee de pan subvencionado a 14,2 millones de personas de una población de 83 millones. El año pasado, la inflación general de los precios de los alimentos en Egipto ascendía a más de un 20%. Esto tuvo un impacto instantáneo y devastador sobre las familias egipcias, quienes gastan en promedio un 40% de sus ingresos mensuales, a menudo excesivamente exiguos, solo para alimentarse.

Ante este trasfondo, el presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, se inquietó porque el sistema alimentario global estaba “a un paso de una crisis hecha y derecha”. Y si se quiere rastrear esa crisis casi hecha y derecha a sus raíces medioambientales, el sitio a buscar es el cambio climático, el clima cada vez más extremo y devastador que domina en todo el planeta.

En cuanto al pan pasó lo siguiente: En el verano de 2010 Rusia, uno de los principales exportadores de trigo del mundo, sufrió su peor sequía en 100 años. Conocido como la Sequía del Mar Negro, este clima extremo provocó incendios que quemaron amplias áreas de bosques rusos, esterilizaron tierras de labor y dañaron tanto la cosecha de trigo del país que sus dirigentes (instigados por los especuladores occidentales de granos) impusieron una prohibición de exportaciones de trigo de un año. Como Rusia es cada año uno de los cuatro principales exportadores de trigo, esto llevó a que los precios aumentaran vertiginosamente.

Al mismo tiempo hubo inundaciones masivas en Australia, otro importante exportador de trigo, mientras las lluvias excesivas en la región central de EE.UU. y Canadá dañaron la producción de maíz. Inundaciones extrañamente masivas en Pakistán, que inundaron cerca de un 20% del país, también atemorizaron a los mercados e incitaron a los especuladores.

Y entonces esos precios impulsados por el clima comenzaron a aumentar en Egipto. La crisis resultante, provocada en parte por ese aumento del precio de nuestra barra de pan, llevó a protestas y finalmente a la caída del autócrata gobernante del país, Hosni Mubarak. Túnez y Egipto ayudaron a provocar una crisis que llevó a una guerra civil incipiente y a la intervención occidental en la vecina Libia, lo que llevó a la pérdida de la mayor parte de la producción de petróleo del país de 1,4 millones de barriles de petróleo. Eso, por su parte, causó el aumento del precio del petróleo crudo, que en su punto máximo llegó a 125 dólares el barril, lo que causó más especulación en los mercados de alimentos, aumentando aún más los precios de los granos.

Y en los últimos meses no han mejorado mucho las cosas. Una vez más, significativamente, en algunos casos las inundaciones récord han dañado cultivos en Canadá, EE.UU. y Australia.

Mientras tanto, una inesperada sequía primaveral en el norte de Europa también afectó a las cosechas de granos. El sistema alimentario global está visiblemente bajo tensión, tirante, si no crujiente, bajo la intensa presión del aumento de la demanda, del aumento de los precios de la energía, de la creciente falta de agua, y sobre todo del ataque del caos climático.

Y esto, nos dicen los expertos, sólo es el comienzo. Se pronostica que el precio de nuestra barra de pan aumentará hasta un 90% durante los próximos 20 años. Eso significará aún más agitación, más protestas, más desesperación, crecientes conflictos por el agua, un aumento de la migración, turbulenta violencia étnica y religiosa, bandidismo, guerra civil y (si la historia pasada sirve de ejemplo) posiblemente una ola de nuevas intervenciones por parte de las potencias imperiales y posiblemente regionales.

¿Y cómo reaccionamos ante esta amenazante crisis? ¿Ha habido una nueva y amplia iniciativa internacional concentrada en proveer seguridad alimentaria a los pobres del mundo, es decir, un precio estable y asequible para nuestra barra de pan? Ya conocéis la respuesta a esta pregunta.

En vez de eso, las corporaciones inmensas como Glencore, la mayor compañía de comercio de recursos básicos, y Cargill, en manos privadas y secretas, el mayor comerciante en recursos agrícolas, se mueven para consolidar aún más su control de los mercados de granos del mundo y para integrar verticalmente sus cadenas de suministro global en una nueva forma de imperialismo alimentario hecho para beneficiarse de la miseria global. Mientras el pan provocó guerra y revolución en Medio Oriente, Glencore hacía beneficios inesperados con el aumento en los precios de los granos. Y mientras más cara se vuelve nuestra barra de pan, más dinero ganarán firmas como Glencore y Cargill. Consideradlo como la peor forma posible de “adaptación” a la crisis climática.

Por lo tanto ¿qué texto debería aparecer en nuestros cerebros cuando leemos nuestra barra de pan? Uno de advertencia, obviamente. Pero hasta ahora, es una advertencia ignorada.

Christian Parenti, autor del recién publicado Tropic of Chaos: Climate Change and the New Geography of Violence (Nation Books), es editor colaborador de la revista Nation, Socio escritor de la City University of New York. Sus artículos han aparecido en Fortune, el, Washington Post, y Mother Jones, entre otros. Para contactos: Christian_parenti@yahoo.com

Fuente: http://www.tomdispatch.com/post/17541/tomgram%3A_christian_parenti%2C_staff_of_life%2C_bread_of_death/#more

Hambre y especulación en África

La escasez y el encarecimiento de los alimentos en el norte de África y en Oriente Próximo están agravando el hambre en el África subsahariana, donde han desembarcado los países árabes más ricos comprando tierras, a bajo precio, con el objetivo de cultivar lo necesario para dar de comer a sus propias poblaciones.

La hambruna devasta el cuerno del continente negro. Etiopía, uno de los países más hambrientos del mundo y donde más de trece millones de personas necesitan ayuda alimentaria internacional, ofrece paradójicamente tres millones de hectáreas de su tierra más fértil a ricos países árabes como Arabia Saudí, los Emiratos Árabes, Kuwait o Bahréin y a sus fondos de inversión. A esta grave situación hay que añadir la avalancha de somalíes, 134.000 hasta el momento, que abandonan su país y se refugian en Etiopía y Kenia huyendo de la guerra, de la sequía y de la falta de alimentos. Se calcula que el 50% de los niños somalíes sufre desnutrición severa.

Esta nueva crisis alimentaria, iniciada ya en años anteriores, hizo que los dictadores de Libia, Argelia, Túnez o Egipto subvencionasen alimentos para calmar a sus poblaciones, utilizando incluso a algunos ejércitos para repartir pan. Ahora muchos de los países árabes del norte de África luchan por vivir en democracia mientras persiste el encarecimiento de los alimentos y se deteriora su situación económica, con un turismo que les ha abandonado y un tejido empresarial muy dañado.

No olvidemos que esta región es una de las principales consumidoras de trigo del mundo. El Gobierno egipcio reparte gratuitamente el equivalente a 2.000 millones de dólares al año en trigo; un 60% de las familias de ese país depende de esa donación, según ha publicado recientemente en el Herald Tribune Lester R. Brown, presidente del Earth Policy Institute.

Egipto produce trigo gracias al agua del río Nilo. Tras un acuerdo con sus vecinos Etiopía y Sudán, puede utilizar un 75% del flujo. Pero esta situación está cambiando con la llegada a los países más meridionales de compradores de tierras extranjeros.

Alimentos como el maíz, el trigo, la soja o el azúcar han incrementado espectacularmente sus precios en el norte de África y Oriente Próximo. La situación llega a ser tan desesperada que Naciones Unidas ha denunciado que en Yemen los niños tienen que recurrir a tomar khat, una droga que, al ser mascada, genera un estado de euforia leve y anula el apetito.

Por esto, los ricos países árabes antes citados, han decidido, además de importar alimentos, invertir en las tierras fértiles africanas desplazando a sus comunidades autóctonas, aprovechándose de que, en la mayoría de los casos, los campesinos subsaharianos no tienen documentos de compra o alquiler y que sus corruptos gobernantes miran hacia otro lado mientras sus cuentas corrientes aumentan día a día. Algunos de los países elegidos son Mozambique, Malí, Sudán, Uganda, Madagascar, Etiopía, Senegal, Tanzania, Camerún y Zimbabue.

Estas escandalosas compras ponen en peligro la futura alimentación de los africanos que se quedan sin tierras propias que trabajar y solo pueden aspirar, como mucho, a ser peones de los nuevos propietarios árabes. Naciones Unidas, a través de su organismo para la alimentación, FAO, ha lanzado en diversas ocasiones la voz de alarma diciendo que solo conservando las pequeñas explotaciones agrícolas se puede detener el aumento del hambre y la desnutrición en África.

A veces, estas inversiones son llevadas a cabo directamente por los Gobiernos de los países árabes, y otras muchas por empresas, fondos de inversión o de pensiones intermediarias, que además se convierten en grandes especuladores de esos cultivos, pasando a ser los protagonistas de la subida de precios de los alimentos, sin importarles en ningún momento las condiciones de trabajo de los autóctonos.

Uno de los millonarios más importantes del mundo, el saudí Al Amoudi, a través de la compañía Saudi Star, ha dedicado 2.000 millones de dólares a comprar tierras en Etiopía. En cuanto al Banco de Desarrollo Islámico, tiene planes de inversiones multimillonarias para el cultivo de arroz en Malí, Senegal y Uganda.

Por su parte, Libia posee cientos de miles de hectáreas también en Malí a través de su fondo de inversiones Libia Africa Investment Portfolio, empresa que controla la familia Gadafi. Otra de sus empresas, Malibya, ha comprado 100.000 hectáreas con la misma finalidad. Pero mientras los extranjeros compran tierras, miles de malienses se han visto en la necesidad de emigrar a otras zonas del país a causa de la sequía que están sufriendo, una de las peores de los últimos 20 años.

A estos datos fríos se les puede poner caras como la de esos 54.000 somalíes que el mes pasado decidieron dejar lo que tenían para salir caminando de su país, a través del desierto, en dirección a alguno de los campos de refugiados que Naciones Unidas tiene en los países limítrofes.

Mercè Rivas Torres, periodista y autora de Los sueños de Nassima y Vidas.

El País

“Paren, aquí vive gente”

"Paren, aquí vive gente"

Veterinarios sin fronteras

http://www.youtube.com/watch?v=0G-fkQR7Zsk&feature=player_embedded

http://www.aquivivegente.org

"Paren, aquí vive gente" es una campaña de Veterinarios Sin Fronteras que pretende movilizar a la ciudadanía para que exija al gobierno español que tome las acciones necesarias para impedir que se siga destruyendo la soberanía alimentaria en África. Enormes transnacionales tienen en sus manos la alimentación global: deciden qué comemos, en qué condiciones y a qué precio. Frente a ese poderío, las comunidades campesinas están desprotegidas.

Las empresas transnacionales se han convertido en un grave problema, generando en demasiadas ocasiones una indignante destrucción social y ambiental. Y si lo son es porque no hay una suficiente regulación pública de sus actividades. Este hecho es especialmente significativo en el sector agroalimentario y especialmente severo en el continente africano. “Paren, aquí vive gente” trata sobre este hecho. La campaña, organizada por la ONGD Veterinarios Sin Fronteras (VSF), denuncia y propone. Denuncia a estas empresas y corresponsabiliza a los gobiernos que dimiten de sus responsabilidades de control público en defensa del derecho humano a la alimentación, y propone que los estados recuperen su papel regulador de defensa del bien común.

Al lado de las palabras están los hechos, confirmando algunas realidades y desmintiendo otras. Las investigaciones llevadas a cabo por VSF, así como el trabajo de otras organizaciones, analizan lo que ocurre antes, durante y después de la acaparación de los recursos por parte de estas empresas, confirmando sus efectos negativos. También desmiente que sean, en las condiciones actuales, agentes que mejoren los modos de vida de la gente como frecuentemente se nos dice. Hoy en día no son solución, son problema.

Cambian los sectores, los alimentos, los países, las comunidades afectadas, los nombres de las empresas, los nombres de los gobiernos pero el esquema es el mismo. El molde que deseamos romper empieza con el acaparamiento de los recursos naturales: tierras o mares, para luego construir sobre ellos un edificio de producción o pesca industrial con destino la exportación.

En Mozambique, las comunidades campesinas se están viendo amenazadas por la entrada creciente de empresas en busca de grandes extensiones de tierra para la plantación a gran escala de productos como la “jatrofa”, destinada a la elaboración de agrocombustible que más tarde se exportará a los países con más recursos. La presión que estas empresas ejercen sobre la tierra, amenazan la soberanía alimentaria de la población mozambiqueña puesto que el 80% de la misma, vive de la agricultura. De hecho, ya en 2007, más de 5 millones de hectáreas en Mozambique fueron cedidas a empresas nacionales y extranjeras para cultivar “jatrofa” para la producción de agrodiésel, lo que supera la Superficie Agraria Útil de Andalucía. Detrás de la ocupación de esas tierras fértiles encontramos la migración rural, ríos de gente que migran forzadamente hacia las listas de pobreza, hambre o subnutrición. Al mismo tiempo también encontramos manantiales de rabia, de lucha, de esperanza y de reacción ante esa situación entre la población afectada. Esta usurpación de recursos naturales nunca es pacífica, se desarrolla en un mar de violencia, de confrontación, que adopta distintas formas e intensidades en función de cada situación particular. Ante estos hechos no podemos dejar de exigir a nuestros representantes políticos que actúen, porque pueden hacerlo y no lo hacen suficientemente.

Si nos vamos ahora a Senegal nos encontraremos con que la pesca artesanal, que ha sustentado a millares de familias a lo largo del tiempo y que ocupa en la actualidad el 17% de su población activa, está siendo gravemente esquilmada por la sobre explotación de la pesca por parte de empresas mayoritariamente extranjeras. La consecuencia de la sobre explotación es, por un lado, la reducción de la pesca por parte de los pescadores artesanales, lo que aumenta el precio del pescado para el consumo en la comunidad, y por otro lado es destacado el gran impacto ambiental que conllevan las técnicas de pesca que utilizan.

La Unión Europea es la tercera potencia pesquera mundial y el Estado Español tiene un papel relevante teniendo en cuenta que posee el 67% de la flota europea que faena en aguas extracomunitarias.

Otro de los casos estudiados por VSF se encuentra en Uganda donde la agricultura es el principal medio de vida empleando por el 80% de la población, allí numerosas comunidades campesinas se han visto perjudicadas por el grupo cafetero alemán Neumann Kaffee Gruppe, a quien se ha cedido 2.500has de tierra de las que vivían familias campesinas. Estas familias han sido desplazadas y en la actualidad disponen de una menor cantidad de tierra y de peor calidad. La comunidad campesina de Madudu ha sido una de las afectadas y ya se ha organizado para luchar contra el grupo alemán, el cual también cuenta con una filial importadora en el territorio español, llamada COPROCAFÉ IBÉRICA S.A.

En nuestro imaginario podemos crearnos una imagen fatalista del continente africano, podemos llegar a pensar que su situación se debe a causas casi sobrenaturales (falta de desarrollo, así en abstracto) o climáticas (sequías, inundaciones y plagas diversas), podemos llegar a proyectarnos un continente a la deriva, sin fuerza, donde las causas reales de su dramática situación se desdibujan hasta convertirse en un borrón sin forma, un tachón sin contorno donde no se vislumbran responsabilidades ni responsables. Contrariamente a ello, las comunidades bullen en luchas, resistencias y elaboración de propuestas, y nos señalan con la punta del dedo a las transnacionales como destructores de sus modos de vida, de su agricultura familiar diversa y productiva, de su pesca artesanal fructífera en peces y trabajo. Y nos señalan también a la responsabilidad extraterritorial de los gobiernos, de nuestros gobiernos.

Lo dice también el Relator de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación que lleva años reclamando, exigiendo, una regulación multilateral de las actividades de las empresas transnacionales. Los gobiernos deben reconocer sus obligaciones extraterritoriales con respecto al Derecho a la Alimentación y se deben abstener de aplicar políticas o programas que puedan tener efectos negativos sobre el derecho a la alimentación de personas que viven fuera de su territorio. Así mismo reclama que los gobiernos deben respetar, proteger y promover la realización del derecho a la alimentación.

Y hacemos nuestras sus demandas. Absolutamente. En el actual sistema económico, cada vez más global, más conectado, mas inmaterial, más financiero, la regulación pública transnacional se hace más urgente y necesaria que nunca.

Por todo esto, VSF pretende, a través de la campaña “Paren, aquí vive gente”, sensibilizar a la población española para que solicite al gobierno que deje de favorecer la inseguridad alimentaria en África. Concretamente, desde VSF demandamos al gobierno:

1) que reconozca sus obligaciones cuando sus ciudadanos y ciudadanas, empresas o bien terceras partes sujetas a su jurisdicción, actúen fuera de su territorio para evitar posibles impactos sobre el derecho a la alimentación,

2) que utilice herramientas de control y sanción cuando éstos violen el derecho a la alimentación.

China despierta, las conciencias duermen

Napoleón advirtió que “China es un gigante dormido, pero cuando despierte sacudirá al mundo”. Y vaya si lo sacude. Más de dos siglos después, la premonición del francés se cumple a la perfección, llevándose por delante, si es preciso, los Derechos Humanos (DDHH). Cuando en 1989 se produjo la masacre de Tian’anmen, EEUU decidió prohibir las exportaciones de material para el control del crimen, como equipamiento para huellas dactilares. Eso no incluye la venta de videocámaras y demás componentes para un despliegue de videovigilancia, escudándose en que esta tecnología también se dirige a regular el tráfico. Esto permite la ejecución en la ciudad de Chongqing -12 millones de habitantes- de un megaproyecto: 500.000 videocámaras para cubrir más de medio millón de intersecciones, vecindarios y parques en un área un 25% mayor que toda la ciudad de Nueva York.

A la luz de informes como los de Aministía Internacional que, incluso, acusan al gobierno de Wen Jiabao de suspender y revocar licencias de abogados para impedir que defiendan a los disidentes, los defensores de los DDHH tienen sobradas razones para pensar que el objetivo oculto de este proyecto es controlar y vigilar a los disidentes políticos. Más aún después de ver las últimas actuaciones con el activista Hu Jia o el artista Ai Weiwei. Con todos los matices que se quieran introducir, no parecen tener el mismo específico las 500.000 videocámaras de Chongqing –o las 280.000 de Pekín-, que las más de 150.000 que tiene Moscú, o las más de 10.000 de México DF. Ni siquiera, las cerca de 15.000 de Chicago, en cuya última fase del proyecto la secretaria de Estado para la Seguridad Nacional, Janet Napolitano, puso a Madrid como ejemplo a seguir.

Por eso mismo, ha comenzado a propagarse el malestar contra compañías como Cisco Systems, Hewlett-Packard o Intergraph, que presumiblemente sacarán tajada del proyecto de Chongqing. Estas críticas apelan a los códigos de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de las multinacionales, que mientras por un lado presumen de conductas intachables, por otro contribuyen indirectamente a situaciones más que cuestionables desde un punto de vista ético.

El mundo empresarial muchas veces es un fiel reflejo de las Relaciones Internacionales -¿o es a la inversa?- y este mismo fenómeno lo podemos observar en las segundas. Así, a pesar de que es evidente la sistemática violación de los DDHH en China, se celebran unos Juegos Olímpicos (2008) o una Exposición Universal (2010). Nadie puede decir ‘no’ a China –o eso parece, al menos- pues el tamaño del mercado que representa es una perita en dulce y los millones de euros que pone encima de la mesa cada vez que visita un país iluminan el rostro de cualquier mandatario de Occidente. Ya lo vimos en la gira de nuestro propio presidente –con patinazo incluido después de que China Investment Corporation (CIC) desmintiera su inversión de 9.300 millones de euros anunciada por Rodríguez Zapatero- o, más recientemente, con Cameron en Londres, cuando cerró con Wen Jiabao acuerdos comerciales por valor de 1.500 millones de euros tras un tímido tirón de orejas por la cuestión de DDHH.

Y si el mundo empresarial es reflejo de la política, ésta también lo es muchas veces de la vida ciudadana. En ese sentido, no podemos obviar que cuando compramos un dispositivo electrónico, desde un móvil a un tablet, podemos estar poniendo nuestro granito de arena a la violación de los DDHH en la explotación del coltán en África. Los proveedores de tecnología cuentan con códigos que prohíben la explotación infantil y el trato inhumano, defendiendo el pago y duración de la jornada, ¿saben cómo? “De acuerdo a las leyes locales”. ¿Y cuando las leyes locales no se cumplen o, directamente, no se ajustan a lo que aplicaríamos en Occidente? Entonces, como consumidores, saltamos al siguiente tema de la lista de reproducción, como las empresas, como los políticos.

David Bollero
Público

¿Por qué es la Soberanía Alimentaria una alternativa?

Arián García Faure y Andrea Gago Menor
Asociación Paz con Dignidad
http://www.rebelion.org/docs/131842.pdf

La gran estafa multimillonaria de las corporaciones farmacéuticas (2ª Parte)

Segunda parte de un documento en dos entregas que examina los métodos utilizados por las corporaciones farmacéuticas internacionales para inflar sus gastos y justificar sus estrategias de fijación de precio. La primera parte reveló cómo, lejos de costar los pretendidos (y ampliamente aceptados) 1.000 millones de dólares para llevar un medicamento al mercado, los costes reales podrían ser menos de un quinto de esa suma.

Por cierto, el gobierno de EE.UU. es perfectamente consciente de las actividades para “evitar” impuestos. Pero se han tomado pocas acciones efectivas para reforzar la red tributaria. En 2005, el Congreso amplió las “vacaciones fiscales” para corporaciones farmacéuticas, que permiten a las compañías la repatriación de beneficios ocultos a solo un 5,2% de la tasa tributaria corporativa. En aquel entonces, Pfizer tenía beneficios no gravados de 38.000 millones de dólares; Merck 18.000 millones, Johnson & Johnson 14.800 millones – por lo menos, esos fueron los beneficios que estuvieron dispuestos a declarar.

Generalmente, una porción considerable (más de un 12%) de los costes de investigación y desarrollo (I+D) es la Fase IV o ensayos “post comercialización” de medicamentos que ya son vendidos a consumidores, en un intento de expandir las ventas. La cifra fue calculada en un 75% de los costes de I+D por el Tufts Center, dijo Marcia Angell, de la Escuela de Medicina de Harvard. Según Angell:

“Ya que la mayor parte de los estudios de la Fase IV no serán jamás sometidos a la FDA, pueden ser totalmente desregulados. Pocos de ellos se publican. En los hechos, como todos los ensayos auspiciados por la industria, no es probable que se publiquen nunca a menos que muestren algo favorable para el medicamento del patrocinador. Si se publican, suele ser en revistas marginales, porque la calidad de la investigación es mala.”

Innovaciones y ventajas obtenidas gratuitamente

Irónicamente, el estudio del Tufts Center por Joe DiMasi et al., que calculó el precio de la comercialización de un nuevo medicamente en más de 800 millones de dólares, amañó drásticamente los costes de I+D, al no basar el análisis en el estado general de los medicamentos aprobados sino en “NCE autooriginadas” o “Nuevas Entidades Moleculares [NME, por sus siglas en inglés]” que comprenden solo una pequeña porción de los medicamente aprobados anualmente por la FDA –calculada en un 35% (1990-2000)– una cifra que ha disminuido desde entonces en la última década.

La “innovación” farmacéutica es determinada por dos factores cruciales: a) la creación de una “nueva entidad molecular” (NME) – que en sí puede o no ser útil para el tratamiento, pero que significa la introducción de una nueva forma molecular distinguible; y b) una NME que constituye un “medicamento prioritario”, es decir, un medicamento que ofrezca, usando las palabras de la FDA: “un adelanto importante en el tratamiento o que proporcione un tratamiento donde no existe una terapia adecuada”. Dicho de otro modo: un adelanto terapéutico para enfermedades graves.

Según la Ley de Usuario de Medicamentos Recetados de 1992, la FDA opera a través de un sistema a dos niveles de estudio: el Estudio Estándar (S) aplicado a medicamentos que ofrecen solo mejoras menores sobre los medicamentos comercializados existentes; y el Estudio Prioritario (P), un proceso de vía rápida –de seis meses desde 2003– bastante acelerado para cualquier compañía que quiera impulsar la “innovación”.

Aunque los dos incluyen categorías separadas, al difuminar las definiciones,a menudo las compañías farmacéuticas pueden dar una impresión falsa de las NME, para que las “innovaciones” justifiquen los altos costes de patentes, es decir, derechos de comercialización exclusivos aprobados por el gobierno.

De 2006 a 2009 solo 48 innovaciones de medicamentos (P+NME) fueron aprobadas por la FDA, mientras un promedio de 84% del financiamiento de la investigación proviene de los fondos públicos de EE.UU., como los Institutos Nacionales de Salud (NIH). Light y Warburton concluyen que la “inversión corporativa neta en la investigación para descubrir medicamentos nuevos importantes es de cerca de un 1,2% de las ventas, no entre un 17 y un 19%”.

Por lo tanto, mientras las compañías farmacéuticas afirman que la UE ha sufrido por la falta de innovación y se ha quedado a la zaga respecto a los gastos de I+D de EE.UU. en un 15% en 2004, hay poco en esta cifra que corresponda a la realidad.

El motivo primordial por el cual las compañías farmacéuticas se han ido en bandada a EE.UU. es el “viaje gratis” del que gozan con los fondos públicos de EE.UU. y la I+D. Los especialistas estiman que solo un cuarto de las NME han sido realmente desarrolladas por las compañías farmacéuticas, en su lugar, la mayoría son licenciadas de laboratorios financiados por el gobierno o el público, como ser los NIH y las universidades, así como compañías más pequeñas.

Leyes y licencias

En 2002, el entonces presidente ejecutivo de GSK, Bob Ingram, habló al Wall Street Journal sobre el tema de las licencias: “No vamos a invertir nuestro dinero en la firma si hay un vehículo de inversión mejor afuera”. Ingram señaló que GSK tiene interés en llegar a los niveles de otras compañías, como Merck, que recibió un 35% de sus ingresos de licencias.

La diferencia de coste entre una NME licenciada y otra desarrollada dentro de la compañía es grande: una NME licenciada cuesta solo un 10% del gasto real en I+D (2000) en contraste con una NME desarrollada en la empresa a 74%. En 2000, solo un 13% de las NME aprobadas fueron desarrolladas en la empresa, una cifra que no ha cambiado mucho.

El sistema de licenciamiento se desarrolló a través de la Ley Bayh-Dole –así llamada por los senadores Birch Bayh (demócrata de Indiana) y Robert Dole (republicano de Kansas– dirigida a capacitar a universidades y pequeñas empresas para patentar descubrimientos resultantes de investigación financiada por los NIH (los principales distribuidores de fondos públicos para investigación médica), otorgando posteriormente las patentes a corporaciones farmacéuticas a cambio de regalías.

La Ley articuló los derechos de protección del contribuyente respecto a licencias no exclusivas: si la acción “es necesaria para aliviar necesidades sanitarias o de seguridad que no son satisfechas razonablemente” o si la acción “es necesaria para atender usos públicos”.

Pero el Memorando Ejecutivo de Ronald Reagan de 1983 cambió de táctica, al liberalizar el acceso para incluir la cobertura para las grandes corporaciones. Antes de esto, los descubrimientos públicamente financiados eran considerados conocimientos en el dominio público. Otra obra legislativa –la Ley Stevenson-Wydler– eliminó las barreras entre sistemas “públicamente financiados” (sobre todo por el gobierno, pero también por las universidades) y el sector privado.

Sopesar los costes

En breve, según las NME fueran desarrolladas o no dentro de la empresa, los cálculos de Light y Warbuton –y de otros especialistas, como Angell– revelan que los costes de I+D corresponden, más bien, a un monto entre 50 y 200 millones de dólares.

Basta de hablar de la píldora de los 1.000 millones de dólares. Pero ¿qué pasa con los costes de desarrollo de la vacuna Rotavirus?

Las vacunas se cotizan a menudo entre 40 y 100 veces más que el coste de producción. Las compañías farmacéuticas afirman que la investigación farmacéutica es muy costosa y que los costes de I+D son extremadamente elevados.

Por desgracia para GSK, los acostumbrados 5.000 o 6.000 “sujetos” de ensayos clínicos –la gente involucrada en ensayos de Fase III– aumentaron exageradamente (entre 63.000 y 68.000 personas) a fin de excluir el observado efecto colateral fatal (intususcepción) que sacó a Rotashield del mercado algunos años después.

Antes del masivo ensayo de Fase III, los costes de los ensayos de GSK estaban entre 1,8 millones y 2,4 millones de dólares, señalaron Light et al. A diferencia de Merck, GSK realizó numerosos ensayos en países en desarrollo, reduciendo drásticamente los posibles costes. Pero incluso calculando al nivel más elevado, los costes totales para los ensayos de GSK de Fase I a Fase III se situaron entre 128 y 192 millones de dólares para las más de 63.000 personas.

La FDA investiga pocos ensayos clínicos realizados en naciones en desarrollo. Una presentación de Pfizer mostró que solo 45 de 6.485 (0,7%) de los ensayos en el extranjero se analizaron en detalle. En 2008, más de un 76% de las personas utilizadas para ensayos clínicos de medicamentes fueron “sujetos” extranjeros, unas 232.532 personas.

No hay que subestimar la importancia del valor abaratado de la gente más pobre, incluida la ventaja de “provecho por médico”.

Un informe de fecha 2000, del inspector general del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., reveló que a los médicos en EE.UU. se les pagaban 10.000 dólares por paciente enrolado para un ensayo de medicamento, más 30.000 dólares al enrolar al sexto paciente. Coste que, sin duda, fue incluido como “investigación y desarrollo”.

Aparte de la “baratura”, en los países en desarrollo existe mucho menos regulación, supervisión y concientización; y es menos probable que los pobres litiguen si se producen daños o muertes como consecuencia del medicamento. Esto es particularmente letal cuando se trata de experimentos con niños. Más de un 78% de los ensayos clínicos concentrados en niños se hicieron fuera de EE.UU.

Vacunas e identificación

La vacuna Rotarix no fue desarrollada dentro de la empresa, sino que se obtuvo una licencia exterior: en 1988, el doctor Richard Ward aisló la cepa del rotavirus humano y desarrolló un candidato de vacuna viva, de uso bucal, bajo un acuerdo de licencia con el Virus Research Institute, que posteriormente se fusionó con otra compañía, para convertirse en Avant Immunotherapeutics, una pequeña firma que ha recibido a menudo subsidios de los NIH.

Como revelaron Donald Light, profesor de política sanitaria comparativa, y la economista Rebecca Warburton en su trabajo que analiza el coste de desarrollo de la vacuna rotavirus, Avant financió un ensayo de Fase II de Rotarix en 1997-1998 que estableció que la droga daba protección en un 89% de los casos. Light et al siguieron escribiendo que, en 1997, GlaxoWellcome (después GSK) negociaron los derechos globales y aceptaron, a cambio, financiar costes de desarrollo, pagaron 5,5 millones de dólares a Avant y acordaron regalías de un 10% de las ventas netas.

La vacuna rotavirus significó un cambio radical en la introducción de vacunas: usualmente, las naciones más pobres esperan un período de 15 y 20 años. En cambio la vacunación con rotavirus de GSK procedió a través de aprobación regulatoria no en el país de manufactura, sino en el país de primer uso previsto, México.

¿Por qué no África o Asia?

México resultó el lugar perfecto para la introducción: desde los años noventa el gobierno había creado, desarrollado y fortalecido un “sistema nacional de vigilancia” para enfermedad diarreica, señalaron Walsh y Situ. Hospitales y clínicas tenían laboratorios bien equipados para identificar enfermedades contagiosas; el Ministerio de Salud monitoreaba e informaba regularmente sobre casos, como hacían las clínicas y hospitales, como parte del sistema del Instituto de Seguridad Social mexicano (MSSD).

Desde 2004, la Organización Panamericana de la Salud (PAHO) que incluye más de cuarenta naciones de las Américas, apoyó –junto con otras organizaciones– el desarrollo de sistemas de vigilancia de rotavirus en países como Argentina, El Salvador, Guayana, Uruguay, Surinam, Trinidad y Tobago y Honduras. El monitoreo estaba diseñado para “caracterizar la proporción de hospitalizaciones diarreicas atribuibles a una infección de rotavirus”, escribe Julia Walsh MD en The critical path for vaccine introduction. Esta información es introducida en análisis económicos, un elemento crítico en la decisión de los países sobre si introducir o no una vacuna.

Las buenas noticias, para GSK, sobre México y Brasil, es que el porcentaje de la población que debía ser vacunada es más de un 98%. En 2006, Duncan Steele de la Iniciativa por la Investigación de Vacunas (OMS) declaró que la vacuna Rotarix iba a introducirse en Brasil, Panamá, Venezuela y otros países a un coste de 7 dólares por dosis para uso en la salud pública. En 2004, Brasil compró ocho millones de dosis (dos dosis por niño), al precio completo de 7 dólares por dosis. Ward dijo posteriormente que se calculó que las hospitalizaciones por rotavirus bajaron en un 59%.

¿Manufactura eficiente?

Actualmente, a menos que Merck entre al mercado internacional, no existe competencia para GSK, que ya está considerado como “el principal proveedor de vacunas a UNICEF y GAVI”. Según GSK, PAHO y otras agencias de ayuda tienen la intención de comprar suficiente Rotarix para asegurar la inmunización de un 80% de los niños del mundo. Avant calcula que el mercado global para la vacuna generará hasta 1.800 millones de dólares por año. Ni GSK ni Merck han publicado un resumen de sus costes.

Light y Warburton calculan que el coste de Rotarix –debido al increíblemente alto gasto de un ensayo con casi 70.000 personas asciende a hasta 466 millones de dólares, excluyendo los costes capitalizados – y los costes que han tenido que pagar podrán amortizarse con los beneficios de un solo año. A partir de 2008, las ventas ascendieron a más de 1.000 millones de dólares.

Con un coste “eficiente” de manufactura de 1,50 a 2 dólares por dosis, GSK obtendrá un hermoso beneficio del “precio íntegro” en naciones desarrolladas y la tasa de vacunación exitosa de 98% en países como Brasil. Una vez que haya terminado el período de cinco años, GSK, con el monopolio global, formará parte del presupuesto nacional de salud en 40 o más países.

El país de origen de GSK –el Reino Unido– donó la mayor parte de los fondos públicos al fondo de AMC [siglas en inglés de: Compromiso anticipado de mercado], – con 1.340 millones de dólares, mientras el rey del IP, Bill Gates, ofreció otros 1.000 millones de dólares. Gates afirmó que se sentía “muy bien respecto a los precios” recibidos por GAVI pero reconoció que los fabricantes indios y chinos podrían reducir en “algo” el precio si aumentaban la producción de vacuna.

Carece de importancia que compañías farmacéuticas como GSK hayan estado efectivamente en el consejo de administración de GAVI cuando se tomaron esas decisiones.

Las naciones desarrolladas que baten el tambor de la propiedad intelectual relacionada con el comercio, y los capitanes de la propiedad intelectual como Bill Gates, no eludirán el alcance anticompetitivo de las patentes, para las que no existe el mercado libre, con la agravante de que todo el valor de las patentes es atribuido de manera opaca a la compañía en cuestión.

Es la otra cara de la “caridad”; es un intento calculado de mantener el statu quo; un mundo estructurado sobre la desigualdad, donde la brecha entre los que tienen acceso a la medicina, y los que no lo tienen, no es solamente inmerecido y sistémicamente injusto, sino también letal.

Para parafrasear al brillante comediante Chris Rock, las compañías farmacéuticas –o los narcotraficantes, como dice- no quieren curarte (o matarte). El dinero proviene de lograr que vivas en la necesidad.

Khadija Sharife es periodista y académica visitante en el Centro por la Sociedad Civil (CCS) basado en Sudáfrica, y colaboradora de la Red por la Justicia Tributaria. Es la corresponsal sudafricana de la revista The Africa Report, editora adjunta de la revista World Poverty and Human Rights de Harvard y autora de Tax Us If You Can Africa.

Fuente: http://english.aljazeera.net/indepth/opinion/2011/06/201162994039172374.html

Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens