Producción de alimentos, explotaciones mineras, recursos madereros,
producción de biocombustibles, Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) o
mera especulación, son algunos de los motivos que han movido a
inversores internacionales a comenzar una masiva compra de tierras en
África. Este fenómeno, que alcanza ya dimensiones enormes (33,5
millones de hectáreas compradas o concedidas desde 2001, tres veces y
media el tamaño de Portugal), está actualmente cambiando todos los
conceptos que rodeaban a la producción alimentaria global y cómo esta
afecta a las comunidades locales.
Este interés creciente por la tierra se explica en un contexto de crecimiento de la población mundial (se calcula
que en 2050 habitarán la tierra 9.300 millones de personas), un aumento
de la demanda de tierra por habitante y la cada vez mayor degradación
medioambiental del planeta. Además, el incremento de los precios de las
commodities tras la crisis alimentaria de 2008, ha contribuido también a la formación de un escenario idóneo para el boom de la demanda de tierra.
Paradójicamente, esta práctica que en un principio se planteó como
un nuevo modelo para el fomento de la Inversión Extranjera Directa
(IED) y, por consiguiente, un mecanismo para promover el empleo local,
la transferencia tecnológica y la mejora de las infraestructuras
locales, está convirtiéndose en una nueva forma de abuso de poder entre
los inversores internacionales y las élites locales, que puede
provocar perjuicios importantes para los países receptores y sus
poblaciones.
El Estado como elemento clave
La variedad de esquemas por las que se rige la adquisición a gran
escala de tierras y la multitud de intereses cruzados en las mismas,
hacen del análisis de estos nuevos mecanismos una tarea increíblemente
compleja. Simplificando, estos contratos consisten en la adquisición o
cesión temporal de terrenos de más de 1.000 hectáreas entre un
“inversor” y un “vendedor” para un fin concreto. La realidad es que,
mientras que el tipo de comprador o concesionario es muy variable
(empresas multinacionales, fondos soberanos, empresas públicas o fondos
de inversión), el vendedor es siempre el mismo: el Estado. Y aquí
comienzan las primeras disfunciones al modelo. En primer lugar los
Estados africanos receptores cuentan con unas élites en las que la
corrupción es en mayor o menor medida un problema generalizado, con lo
que los procesos de negociación inversor-Estado ya comienzan viciados
desde sus inicios. Por otro lado, la mayoría de los Estados receptores
no cuenta con una legislación que garantice el acceso efectivo a la
propiedad de la tierra y, por consiguiente, no se tienen en cuenta todas
aquellas poblaciones que habitan y trabajan las tierras concedidas por
el derecho comunal o el derecho de ocupación, con lo que la mayoría de
estos procesos suponen el desalojo y expropiación de tierras a las
comunidades locales. En este sentido, se están verificando multitud de
casos en los que la indefensión de estas comunidades es absoluta. Un
ejemplo de ello se ha producido en las regiones de Gambella y
Benishangul en Etiopía, donde 135.000 familias han sido reubicadas fuera de sus tierras de origen.
En este sentido, las Organizaciones Internacionales (OIG) y las ONG
están llamadas a jugar un papel fundamental en este proceso, tanto en
un apoyo técnico a los países receptores como en un refuerzo de la
sociedad civil para conseguir tener voz dentro de los procesos de
negociación y hacer valer sus derechos sobre la tierra que habitan.
La bancarización de la tierra
En la otra cara de la moneda se encuentran los inversores, cuyos
intereses difieren radicalmente en función de su naturaleza. En primer
lugar, están los Estados, fondos soberanos y empresas públicas, cuyo
objetivo es garantizar su propia soberanía alimentaria, y para lo cual
ponen en producción grandes explotaciones con el fin de exportarlo a su
país de origen (los máximos exponentes son China, Corea del Sur,
Qatar, Emiratos Árabes Unidos…). De otro lado se encuentran las
empresas privadas, que generalmente persiguen simplemente obtener
beneficios tanto de la producción de alimentos como de biocombustibles
(para este tipo de explotación se han verificado ya 3,2 millones de
hectáreas en todo el continente) o incluso de Mecanismos de Desarrollo
Limpio, destacan en este ámbito empresas como Nile Trading and
Development (EEUU), el conglomerado empresarial saudí Jenat o La
británica Crest Global Green Energy. Por último y como caso más
dramático, se encuentran los fondos de inversión. Estos, guiados por la
importante presión sobre la tierra y su tendencia al alza en los
precios, están invirtiendo en la adquisición de tierras con motivos
meramente especulativos, contribuyendo notablemente a la inflación de
los precios de las mismas. De hecho, un informe del Banco Mundial afirma
que de 56 millones de hectáreas de contratos verificados de compra o
concesión de tierras un 80% no entró en producción en los dos años
posteriores. Un ejemplo de ello es Jarch Capital de origen
estadounidense que ha adquirido un total de 753.658 ha en Sur Sudán.
Un Estado ‘modelo’: Sudán del Sur
Cuando el 9 de Julio de 2011 fue declarado el nuevo Estado de Sudán del Sur, su Gobierno ya había concedido (desde 2007) 5,15 millones de hectáreas,
el 8% de su territorio, para la explotación por parte de empresas
extranjeras. Sudán del Sur ha tomado la decisión de emplear la cesión
de tierras como mecanismo para el desarrollo. Para ello ha concedido
tierras para la gestión turística de un parque nacional,
(arrendamientode 30 años para 1,68 millones de hectáreas a la empresa
qatarí Al Ain National Wildlife), para lo cual se han reubicado a entre
10.000 y 15.000 personas. Se han cedido también 600.000 hectáreas para
la explotación de madera a la empresa Nile Trading, basada en Tejas
(EE UU). Estos son sólo dos ejemplos de una multitud de contratos
existentes en los que, en ninguno de los casos, se han producido
consultas a la población local, no se han establecido mecanismos de
control sobre la ejecución de los contratos, y los precios de cesión de
la tierra han sido casi ridículos. El efecto que tendrán sobre el
desarrollo del país a medio y largo plazo solo podremos verlo en el
futuro, pero todo apunta a que será un fracaso para el nuevo Estado y,
sobre todo, para su población.
Todos estos datos nos indican que el modelo de adquisición de
tierras a gran escala en África es un fenómeno presente y enormemente
creciente con una capacidad de influencia tremenda en el desarrollo del
continente. Además, por el momento, su aplicación en la práctica está
suponiendo unos efectos más negativos que positivos para los países
receptores. Esto no quiere decir que el concepto sea erróneo per se,
sino que el camino por recorrer para convertirlo otra vez en
oportunidad parece muy lejano. Para ello es fundamental la combinación
de refuerzo técnico e institucional en los países receptores; apoyo y
promoción de la sociedad civil y sus derechos sobre la tierra; y
exigencia de responsabilidad de los inversores sobre los efectos de sus
inversiones. En este proceso deberán trabajar juntas OIG, ONG y
gobiernos receptores para hacer de este mecanismo un modelo provechoso
para ambas partes. Hasta que esto ocurra, perderán los de siempre, las
poblaciones locales.
FP (Foreign Policy)
http://www.fp-es.org/comprando-africa
Fuente 2º. ATTAC PV
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