Aumentan
las protestas mundiales para que las grandes potencias pesqueras dejen
de subsidiar flotas internacionales cuyos métodos atentan contra los
recursos marinos y reducen las capturas de los pescadores artesanales.
Los subsidios ascienden a 27.000 millones de dólares al año, de los
cuales alrededor de dos tercios proceden de China, Corea del Sur y
Taiwán, además de Japón, Estados Unidos y países de Europa, según una
investigación de la canadiense Universidad de Columbia Británica. La
mayor parte del dinero va para la construcción de barcos cada vez más eficientes para capturar las disminuidas poblaciones de peces del mundo,
y más recursos se van en compensar el creciente consumo de combustible
para adentrarse en lo profundo del mar. El resultado, según el autor
principal del estudio, Rashid Sumaila, es que los contribuyentes
financian el agotamiento de reservas marinas y el empobrecimiento de
las comunidades costeras en el extranjero.
“Una gran cantidad del pescado consumido en Europa, Estados Unidos y
Japón procede de otros países, en general pobres”, porque hace mucho
tiempo que los ricos sobreexplotaron sus propios recursos, nos dice en
entrevista telefónica. “Cuánto más pescan sus flotas en una zona, más
difícil se hace seguir pescando en ella y más subsidios piden”, explicó.
“Es de locos”, exclamó.
El relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
para el derecho a la alimentación, Olivier de Schutter, dijo que en los países ricos se come tres veces más pescado por habitante que en los pobres,
lo que agota los océanos y priva a los pescadores de las naciones en
desarrollo de sus ingresos y a las poblaciones costeras de alimento.
“Sin una acción rápida” para eliminar las prácticas destructivas, “la
pesca no podrá seguir desempeñando el papel fundamental de asegurar el
derecho a la alimentación de millones de personas”, alertó De Schutter.
Al reclamar el fin de los subsidios dijo que “las generaciones futuras
pagarán el precio cuando los océanos estén desprovistos”.
El informe de la ONU “Fisheries and the Right to Food” (Las pesquerías y el derecho a la alimentación), señala que tratados internacionales como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y la Organización Mundial del Comercio hace tiempo que llamaron a terminar con los subsidios a las flotas que no usan métodos de pesca sostenibles.
Además, el dinero que las flotas industriales pagan a las naciones en
desarrollo para pescar en sus aguas suelen terminar en manos de
gobiernos corruptos, mientras el impacto lo sufren las comunidades
costeras pobres.
La mayoría de los barcos industriales no solo no serían rentables sin
subsidios, sino que ofrecen muchos menos empleos, 200 cada 1.000
toneladas de pescado, frente a los 2.400 de la pesca artesanal y con
embarcaciones pequeñas, según otro estudio citado en el informe de la
ONU.
A escala global, eso se traduce en que 500.000 pescadores
industriales capturan 30 millones de toneladas de pescado, desechan al
mar 15 millones de toneladas y queman 37 millones de toneladas de
combustible.
La pesca artesanal también extrae 30 millones de
toneladas de recursos marinos. Pero emplea a 12 millones de personas, no
desecha casi nada, usa la séptima parte de combustible que los barcos
industriales y recibe un quinto de los subsidios. Además, el alimento
que suministran desempeña un papel mucho mayor en la salud de las
poblaciones locales que el pescado más caro que se vende en los países
más ricos.
Los barcos industriales pescan otros 35 millones de toneladas de
otros recursos marinos. El resultado de esto es que desaparecen muchos
de los recursos vitales para los peces, además de grandes cantidades de
plancton, la base de la cadena alimenticia.
A escala global, 95 por ciento del arroz y 80 por ciento del trigo se
consumen en el país en el que fueron cultivados, pero solo 60 por
ciento del pescado se come en donde fue capturado. El resto se exporta,
según el estudio.
Por el derecho a pescar en aguas jurisdiccionales, las flotas
industriales pagan a los gobiernos entre dos por ciento, a Guinea
Bissau, y seis por ciento, a las islas del océano Pacífico en cuyas
aguas se obtiene la mitad del atún consumido en el mundo. En
comparación, las compañías extranjeras que fabrican aceite pagan a los
gobiernos entre 30 y 70 por ciento del valor del producto extraído de su
territorio.
En algunos países, los pequeños pescadores llegaron al límite. En mayo, 50.000 pescadores artesanales de Senegal, molestos por la reducción de su captura a causa de las flotas europeas dedicadas a la pesca de arrastre, obligaron al nuevo gobierno a cancelar las licencias de las flotas extranjeras otorgadas por su predecesor, con apoyo de organizaciones como Greenpeace. Namibia, por ejemplo, prohibió la presencia de barcos extranjeros en sus aguas pues luego de su independencia, en 1990, desarrolló su propia pesca industrial. Maldivas, en el océano Índico, clausuró la pesca de atún para embarcaciones industriales extranjeras para favorecer a los pequeños barcos cerqueros, que consiguen peces de mejor calidad.
El informe de la ONU llama a los gobiernos con costa a negociar
nuevos acuerdos con flotas extranjeras para mantener los barcos lejos
del fondo del mar y permitir la recuperación de los recursos de pequeña
escala. “Los recursos deben ser alejados de la sobreexplotación para
beneficiar a las comunidades locales”, remarcó De Schutter.
Christopher Pala. IPS
Periodismo Humano
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