Los países desarrollados cumplen Kioto pero no

Los países ricos cumplirán con el Protocolo de Kioto de acuerdo a los datos que reveló esta semana Naciones Unidas. Pero esto no quiere decir que hayan reducido sus emisiones, sino que el Protocolo tiene suficientes puertas de fuga como para que puedan cumplir con lo escrito, sin cumplir con la meta.

 

La Secretaría de la  Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático ha publicado el pasado 16 de noviembre los datos sobre los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero de los países “desarrollados” (listados en el Anexo 1 de la Convención) para el período 1990 – 2010[1]. La recopilación de estos inventarios es el instrumento clave de Naciones Unidas para medir los avances y ulterior verificación del cumplimiento de las  metas fijadas para estos países en el Protocolo de Kioto.

 

De acuerdo a los datos correspondientes al año 2010, los países del Anexo 1 han reducido un 14% sus emisiones de gases de efecto invernadero respecto de  las que habían tenido en 1990. Si esta tendencia se mantiene, estos países habrán cumplido largamente con los compromisos de Kioto (que establece para estos países una reducción conjunta de 5,2%). Vale la pena resaltar que esto incluye a todos los países que firmaron el Protocolo de Kioto, incluido Estados Unidos aunque finalmente no haya sido ratificado por su Congreso.

 

Parecería que el Protocolo de Kioto ha sido un éxito y los países industrializados se han tomado en serio sus compromisos de reducción de emisiones. Pero este no es el resultado de los esfuerzos de los países, sino que es la consecuencia inevitable de las decisiones tomadas en Kioto en 1997 y en los años subsiguientes por la Convención de Cambio Climático, particularmente los Acuerdos de Marrakech del año 2001. 

 

Es el resultado, entre otras cosas, de la posibilidad de evadir compromisos a través de los mercados de carbono, de la contabilización caprichosa y arbitraria del secuestro de carbono de los bosques y de la debacle económica de los países de la ex Unión Soviética[2]

 

Si tomamos en cuenta solamente a los países industrializados que no son economías en transición y consideramos solamente sus emisiones sin contabilizar el secuestro de carbono por los bosques, el resultado es muy distinto: en este caso se constata un aumento de las emisiones de 4,9%. Es decir, países como Estados Unidos, Australia, Canadá, han aumentado enormemente sus emisiones. Australia, por ejemplo, en un 30%.

 

El problema es que los países con economías en transición redujeron en un 40% sus emisiones como consecuencia de la caída de su economía y además presentan un secuestro de carbono en sus boques de más del 10%. Como consecuencia de ello, estos países muestran en su conjunto una reducción del 52,6% respecto de las emisiones que tuvieron en 1990. Esto hace que la suma conjunta de todos los países del Anexo 1 presente reducciones tan importantes.

 

El Protocolo de Kioto, por otra parte, les permite a estos países vender toda esa gran reducción de emisiones de las ex repúblicas soviéticas a los demás países industrializados y es lo que permitirá finalmente cumplir con los objetivos fijados en Kioto. En consecuencia, esto no demuestra tanto que el mundo está mejorando su performance ambiental, como la habilidad de los negociadores en la Convención para encontrar vías de escape a compromisos verdaderos. Entre los pliegues de la multitud de textos que construyen el andamiaje jurídico de la Convención se esconden todas las trampas necesarias para que todo siga como está.

 

Esta es una reflexión importante de hacer, en este momento en que está a punto de comenzar una nueva “ronda de negociaciones” en Qatar. Se espera que este sea el primer paso de una larga cadena de reuniones que deberá llegar al 2015 con un nuevo acuerdo vinculante para todas las partes.

 

Nuevos pliegues se están construyendo en los nuevos textos para seguir trampeándole al mundo la posibilidad de estabilizar el clima. Entre ellos nuevos mecanismos de mercado, nuevas formas de agregar secuestro de carbono en bosques, nuevas tecnologías para capturar carbono, y un largo etcétera.

 

Y en esto no están solos los países industrializados. También hay muchos intereses en juego (y muchos expertos negociadores) entre los países llamados “en desarrollo”. Estos compiten entre sí a ver quién se puede quedar con la mejor parte de la futura torta del Mecanismo de Desarrollo Limpio, o con los dólares que vendrán de nuevas formas de conservar el carbono de los bosques (REDD+), o con las compensaciones que les correspondan por ver reducida su posibilidad de exportar petróleo o productos agrícolas con alto contenido de carbono.

 

Nadie es inocente en este juego. Cada uno agrega su “pliegue” al entramado loco e incomprensible de los acuerdos en debate que tiene como meta comenzar a implementarse en 2020, una fecha excesivamente tardía para la urgencia climática.

 

Este es el contexto de la COP 18 que comienza el próximo 26 de noviembre en Qatar. Un primer paso en un largo camino que nos llevará, en el mejor de los casos, a un acuerdo tardío, incomprensible e inútil. Como el Protocolo de Kioto.

 

*Gerardo Honty es Analista de CLAES, Centro Latinoamericano de Ecología Social

 

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[1] Documento FCCC/SBI/2012/31, disponible en inglés en www.unfccc.int

[2] Véase “Todo por el hot air" en http://www.energiasur.com/cambioclimatico/HontyTodoPorElHotAir-26-11-2010.htm).

 

http://www.alainet.org/active/59784&lang=es

Subsidios multimillonarios alimentan la sobrepesca insostenible

Aumentan las protestas mundiales para que las grandes potencias pesqueras dejen de subsidiar flotas internacionales cuyos métodos atentan contra los recursos marinos y reducen las capturas de los pescadores artesanales.

Los subsidios ascienden a 27.000 millones de dólares al año, de los cuales alrededor de dos tercios proceden de China, Corea del Sur y Taiwán, además de Japón, Estados Unidos y países de Europa, según una investigación de la canadiense Universidad de Columbia Británica. La mayor parte del dinero va para la construcción de barcos cada vez más eficientes para capturar las disminuidas poblaciones de peces del mundo, y más recursos se van en compensar el creciente consumo de combustible para adentrarse en lo profundo del mar. El resultado, según el autor principal del estudio, Rashid Sumaila, es que los contribuyentes financian el agotamiento de reservas marinas y el empobrecimiento de las comunidades costeras en el extranjero.

“Una gran cantidad del pescado consumido en Europa, Estados Unidos y Japón procede de otros países, en general pobres”, porque hace mucho tiempo que los ricos sobreexplotaron sus propios recursos, nos dice en entrevista telefónica. “Cuánto más pescan sus flotas en una zona, más difícil se hace seguir pescando en ella y más subsidios piden”, explicó. “Es de locos”, exclamó.

El relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el derecho a la alimentación, Olivier de Schutter, dijo que en los países ricos se come tres veces más pescado por habitante que en los pobres, lo que agota los océanos y priva a los pescadores de las naciones en desarrollo de sus ingresos y a las poblaciones costeras de alimento. “Sin una acción rápida” para eliminar las prácticas destructivas, “la pesca no podrá seguir desempeñando el papel fundamental de asegurar el derecho a la alimentación de millones de personas”, alertó De Schutter. Al reclamar el fin de los subsidios dijo que “las generaciones futuras pagarán el precio cuando los océanos estén desprovistos”.

El informe de la ONU “Fisheries and the Right to Food” (Las pesquerías y el derecho a la alimentación), señala que tratados internacionales como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y la Organización Mundial del Comercio hace tiempo que llamaron a terminar con los subsidios a las flotas que no usan métodos de pesca sostenibles.

Además, el dinero que las flotas industriales pagan a las naciones en desarrollo para pescar en sus aguas suelen terminar en manos de gobiernos corruptos, mientras el impacto lo sufren las comunidades costeras pobres.

La mayoría de los barcos industriales no solo no serían rentables sin subsidios, sino que ofrecen muchos menos empleos, 200 cada 1.000 toneladas de pescado, frente a los 2.400 de la pesca artesanal y con embarcaciones pequeñas, según otro estudio citado en el informe de la ONU.

A escala global, eso se traduce en que 500.000 pescadores industriales capturan 30 millones de toneladas de pescado, desechan al mar 15 millones de toneladas y queman 37 millones de toneladas de combustible.

La pesca artesanal también extrae 30 millones de toneladas de recursos marinos. Pero emplea a 12 millones de personas, no desecha casi nada, usa la séptima parte de combustible que los barcos industriales y recibe un quinto de los subsidios. Además, el alimento que suministran desempeña un papel mucho mayor en la salud de las poblaciones locales que el pescado más caro que se vende en los países más ricos.

Los barcos industriales pescan otros 35 millones de toneladas de otros recursos marinos. El resultado de esto es que desaparecen muchos de los recursos vitales para los peces, además de grandes cantidades de plancton, la base de la cadena alimenticia.

A escala global, 95 por ciento del arroz y 80 por ciento del trigo se consumen en el país en el que fueron cultivados, pero solo 60 por ciento del pescado se come en donde fue capturado. El resto se exporta, según el estudio.

Por el derecho a pescar en aguas jurisdiccionales, las flotas industriales pagan a los gobiernos entre dos por ciento, a Guinea Bissau, y seis por ciento, a las islas del océano Pacífico en cuyas aguas se obtiene la mitad del atún consumido en el mundo. En comparación, las compañías extranjeras que fabrican aceite pagan a los gobiernos entre 30 y 70 por ciento del valor del producto extraído de su territorio.

En algunos países, los pequeños pescadores llegaron al límite. En mayo, 50.000 pescadores artesanales de Senegal, molestos por la reducción de su captura a causa de las flotas europeas dedicadas a la pesca de arrastre, obligaron al nuevo gobierno a cancelar las licencias de las flotas extranjeras otorgadas por su predecesor, con apoyo de organizaciones como Greenpeace. Namibia, por ejemplo, prohibió la presencia de barcos extranjeros en sus aguas pues luego de su independencia, en 1990, desarrolló su propia pesca industrial. Maldivas, en el océano Índico, clausuró la pesca de atún para embarcaciones industriales extranjeras para favorecer a los pequeños barcos cerqueros, que consiguen peces de mejor calidad.

El informe de la ONU llama a los gobiernos con costa a negociar nuevos acuerdos con flotas extranjeras para mantener los barcos lejos del fondo del mar y permitir la recuperación de los recursos de pequeña escala. “Los recursos deben ser alejados de la sobreexplotación para beneficiar a las comunidades locales”, remarcó De Schutter.

Christopher Pala. IPS

Periodismo Humano

http://periodismohumano.com/economia/subsidios-multimillonarios-alimentan-la-sobrepesca-insostenible.html

Orden económico y desorden social

El proceso de decadencia social en Europa se ha acelerado en los últimos cuatro años, en medio de la crisis económica. Un continente con historia antigua, que agrupa a un conjunto diverso de pueblos y naciones, de lenguas y tradiciones culturales. La historia europea está marcada por grandes logros humanos, pero también por grandes conflictos que han abarcado territorios delimitados o inmensas extensiones geográficas de escala continental. Sólo en el siglo pasado dos guerras de enormes proporciones agrietaron profundamente la estructura de esa región, con millones de muertos y grandes resentimientos que afectan hasta hoy la vida de muchas generaciones.

 

La Paz de Versalles de 1919 duró apenas 20 años y entre tanto se fraguaban las condiciones de una confrontación con cuyas consecuencias aún está marcada la época actual. De alguna manera la historia mundial sigue teniendo un sesgo eurocentrista, así se advierte, por ejemplo, en el último libro de Tony Judt titulado Pensar el siglo XX. En efecto, la influencia de los acontecimientos en esa zona del mundo tienen mucho peso, aunque sea declinante con las transformaciones globales en curso.

Luego de 1945 el arreglo político y económico internacional abrió el paso a una etapa de crecimiento material y aumento del bienestar social de una magnitud no registrada antes en la historia, como se plantea, entre otros, en los estudios de Angus Madison, que cubren muy amplios periodos de tiempo y espacios geográficos.

Una estabilidad política con mayor producción, empleo, aumento de la productividad, progreso tecnológico y acceso ampliado de la población a un extenso conjunto de bienes y servicios. Un Estado activo e intervencionista en el mercado con esquemas expresos de protección social que aún se mantienen, aunque algunos se están desmantelando para enfrentar el déficit fiscal y la deuda pública hinchados por la expansión del sector financiero, la especulación y la quiebra de bancos y gobiernos. A esto ha correspondido un vaivén ideológico de profundas consecuencias, que ha sido dominado en los últimos 30 años por el neoliberalismo y el consiguiente retraimiento del entorno asociado con la socialdemocracia.

El esquema político de la segunda posguerra se agotó hace mucho tiempo y la forma y contenido de las hegemonías nacionales se ha alterado. Como previó el polémico politólogo estadunidense John Mearsheimer, tal vez sí se ha extrañado el periodo de la Guerra Fría.

Una de las fuentes de constante y creciente confrontación la ha expresado de modo muy preciso una reciente viñeta de El Roto, que se publicó en el diario español El País. Ahí se ve la imagen borrosa de un hombre que pregunta: ¿Pero qué clase de orden económico es ese, que produce desorden social? Atina con esta simple observación, pues no puede sostenerse esa condición, al menos no con la creencia de mantener un régimen democrático como el establecido en Europa y que, más allá de sus contenidos legales y filosóficos, formalmente se está debilitando.

La integración europea desde finales de los años 1940, la creación de la Unión Europea, la adopción de una moneda única ha sido un proceso largo y consistente que ha cambiado de modo efectivo las relaciones entre las naciones de esa área. Si eran previsibles las fricciones del funcionamiento del mercado común y de la unión monetaria no lo eran, sin duda, las consecuencias sociales que ha acarreado la crisis financiera. Los efectos en España y Grecia son ahora los más fuertes y visibles, pero no son los únicos. Los ajustes en Irlanda e Italia son muy severos, la recesión se extiende por toda la región y ahora incluye ya a Holanda y Austria, y fuera de la eurozona a Gran Bretaña.

Los alemanes, sea porque son muy ordenados y disciplinados como se les ve comúnmente, sea por el temor que tienen de la inflación luego de la experiencia de los primeros años de la década de 1930, o bien por la ética protestante, como argüía Max Weber, son quienes definen las pautas de la gestión de la crisis económica y del ajuste presupuestal impuesto en la zona del euro. El gobierno regional de la Unión Europea en Bruselas está prácticamente supeditado a las políticas de Angela Merkel y a las pautas monetarias del Bundesbank, aunque es uno de los miembros y uno de los votos de su consejo.

La fragilidad social en España es una manifestación muy contundente del adverso efecto de la crisis en la población y que se recarga sobre todo en los jóvenes y los pensionados y en un entorno de gran desempleo. El establecimiento de un orden económico que provoca tal desorden social se plasma en clínicas cerradas, escuelas desmanteladas, proyectos vitales suspendidos y desahucios de gente desesperada que un grupo de jueces ha decidido empezar a parar. Es una visión que impacta, y como se desprende de los procesos complejos no puede preverse el desenlace cuando las condiciones siguen alimentando la inestabilidad. A diferencia de lo que ocurre con los terremotos que son imprevisibles, en el campo de lo social cabe la acción política, que por ahora muestra más confrontación que convergencias.

León Bendesky

La Jornada

http://www.jornada.unam.mx/2012/11/19/opinion/021a1eco

El ABCD de la crisis alimentaria

Hace unas semanas, coincidiendo con el Día Mundial de la Alimentación, se nos alertó de una nueva subida de precio de los alimentos, con repercusiones que ya se contabilizan en los registros funerarios de los países más vulnerables, sobre todo en el Sahel. El argumento difundido, las malas cosechas que tuvo la agroindustria este año en Estados Unidos, ya sabemos que es mitad mentiroso, mitad incompleto y, por suerte, la información se nos amplía y las verdaderas causas afloran: el precio de la materia prima sube –como en las anteriores crisis alimentarias– (a) por las grandes cantidades de cereales que se destinan a elaborar combustibles (¿recuerdan hace seis y siete años, cuando se advirtió de los inconvenientes de esta nueva tecnología?); (b) por la especulación que de las futuras cosechas se hace en las bolsas financieras, y (c) –esto es más novedoso– por la cada vez mayor cantidad de tierra fértil que está pasando de las manos campesinas al patrimonio de bancos, empresas y fondos de inversión.

 

¿Quién está en todos esos negocios a la vez? ¿Quién hay detrás de la carne, del pan, de la pasta, de la leche… y no lo sabemos? ¿Quién tiene en el mismo local estanterías repletas de agrocombustibles hechos de maíz, lineales con piensos de soya para el engorde de animales y, un pasillo más allá, una mesa con un gestor que ofrece pensiones ligadas a la compra de hectáreas en Etiopía o bonos financieros referenciados al precio del trigo? Los cuatro compro, vendo y especulo de la comida a los que me refiero son, por este orden: ADM, Bunge, Cargill y Dreyfus, conocidos por sus iniciales como los ABCD de la comercialización de materia prima. Cuatro empresas con sede en Estados Unidos que, si inicialmente consiguieron dominar y controlar el mercado mundial de los granos básicos, cereales y leguminosas, han ido ampliando en los últimos años sus negocios a estas nuevas áreas.

Son cuatro establecimientos, cuatro bazares, como esos que tienen todo lo que puedas imaginar y lo que no. Desde una jarra con forma de vaca para servir la leche por sus ubres de cerámica al siempre imprescindible cazamariposas entre la estantería de ropa íntima y las útiles llaves de ferretería o sacos de tierra de jardín. Sólo hay una diferencia: mientras en tiempos de crisis estos universos de barrio padecen la crisis como cualquier otro negocio, los ABCD de la comida, cuatro empresas monstruosas nacidas y crecidas en el regazo de mamá capitalismo y papa desregulación, ganan todo el oro del mundo diciendo que fabrican comida cuando en realidad lucran hambreando a millones de seres humanos. Y lo hacen desde la invisibilidad.

Es muy difícil sumergirse en las entrañas de estas empresas y sus infinitas subsidiarias, pero hay dos cosas obvias. Primera, si entre ellas cuatro controlan, como es el caso, ¡90 por ciento! del mercado mundial de cereales; si el mercado no tiene ninguna regulación (ni aranceles o cuotas de importación/exportación, ni reservas públicas de cereales, ni políticas de precios), y si las pocas normas que se dictan son supervisadas por las propias ABCD, es fácil deducir que son sus decisiones las que verdaderamente marcan el precio de dicha materia prima y, por lo tanto, de todos los alimentos que incluyen arroz, trigo, maíz, etcétera. Segunda, si las ABCD (junto con algunas entidades financieras) han degustado los brutales beneficios que les genera especular con la comida y la tierra de cultivo, como sangre para vampiros, seguirán chupando del hambre de los demás si nadie les pone coto. Dreyfus, por ejemplo, ha creado su propio instrumento de inversión Calyx Agro Ltc, para obtener beneficios del creciente sector del agronegocio y del potencial de apreciación de la tierra, adquiriendo tierras que actualmente se explotan con baja tecnología o que se utilizan para el pastoreo.

Las últimas crisis alimentarias han permitido que en la sociedad civil conociéramos y denunciáramos cómo la comida y la tierra se han hecho objetos de especulación. El foco se ha centrado en los bancos y sus actividades en los mercados financieros ligados a los alimentos, con campañas publicitarias del tipo el negocio de alimentar el mundo que han merecido todo el rechazo de la sociedad. Aunque el papel que juegan los ABCD es complejo y lejano, debemos tomar conciencia por su importancia en el precio de las materias primas. Por parte de los movimientos campesinos, en cualquier caso, la respuesta que ha llegado ha sido clara: soberanía alimentaria. También ahora hay que responder. Lo que necesitamos no son normas para que las ABCD ganen menos dinero: lo que se requiere son políticas en favor de la soberanía alimentaria para que la alimentación, que no es una mercancía, nos llegue de muchas, pequeñas y humanas agriculturas.

De todo un abecedario alimentario.

Gustavo Duch

Coordinador de la revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas

La Jornada

 http://www.jornada.unam.mx/2012/11/07/opinion/026a1pol

Malí: ¿el siguiente Afganistán?

Hasta hace muy poco tiempo eran muy raras las personas que hubieran siquiera escuchado hablar de Malí, fuera de sus vecinos inmediatos y su antigua potencia colonial (Francia) –mucho menos sabían algo de su historia y su política. Hoy, el norte de Malí ha sido tomado militarmente por grupos salafistas que comparten los puntos de vista de Al Qaeda y practican las formas más rudas de la sharia –con lapidaciones y amputaciones como castigos.

Esta toma militar ha sido condenada con un voto unánime en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que consideró que constituye una amenaza a la paz y la seguridad internacionales. La resolución cita el rápido deterioro de la situación humanitaria y el afianzamiento cada vez mayor de elementos terroristas y sus consecuencias para los países del Sahel y otros países. Naciones Unidas declaró que está preparada para considerar la constitución de una fuerza militar internacional (...) a fin de recuperar (...) las regiones ocupadas en el norte de Malí.

La resolución fue unánime, pero no muerde. De hecho, Malí representa hoy el caso más claro posible de parálisis geopolítica. Todos los poderes importantes y menores en la región y más allá de la zona están genuinamente consternados; no obstante, ninguno parece dispuesto o capaz de hacer nada por miedo a que hacer algo resulte en lo que se ha dado en llamar la afganistanización de Malí. Más aun, hay por lo menos una docena de diferentes actores implicados, y casi todos ellos están divididos profundamente entre ellos.

¿Cómo fue que comenzó todo esto? El país llamado Malí (lo que se conocía como Sudán francés durante el dominio colonial desde 1892) ha sido un Estado independiente desde 1960. Al inicio tuvo un gobierno laico, de un solo partido, que era socialista y nacionalista. Fue derrocado por un golpe militar en 1968. Los líderes del golpe crearon a su vez otro régimen de un solo partido, pero fue ahora uno más orientado al mercado. Éste, a su vez, fue derrocado por otro golpe militar en 1991, que adoptó una constitución que permitía múltiples partidos. No obstante, un solo partido dominó de nuevo la situación política. Pero debido a los procesos electorales mulipartidistas, el régimen maliense fue alabado en Occidente como democrático y ejemplar.

Durante todo este tiempo, los políticos y los servidores públicos decanos en los sucesivos gobiernos provenían de los grupos étnicos que conforman 40 por ciento del sur del país. El más disperso 60 por ciento del norte estaba poblado por grupos tuareg que eran marginados y lo resentían. Periódicamente se rebelaron y han hablado de querer un Estado independiente.

Muchos tuareg huyeron a Libia (y a Argelia), cuyas regiones en el sur también están pobladas por comunidades tuareg. Algunos tuareg encontraron empleo en el ejército libio. La confusión que siguió a la muerte de Muammar Gaddafi permitió que soldados tuareg obtuvieran armas y retornaran a Malí a emprender la lucha por Azawad (nombre que dieron a su Estado tuareg independiente). Se organizaron como Movimiento Nacional por la Liberación de Azawad (MNLA).

El 22 de marzo un grupo de oficiales intermedios, encabezados por Amadou Haya Sanogo, anunciaron un tercer golpe de Estado posindependentista. Ellos, específicamente, alegan que la principal razón para el golpe es la ineficacia del ejército maliense para lidiar con las pretensiones secesionistas del MNLA. Francia, Estados Unidos y otros estados de África occidental declararon su fuerte oposición al golpe y demandaron la restauración del gobierno derrocado.

Se logró un arreglo nada cómodo entre las fuerzas de Sanogo y el régimen previo, en el cual se instaló un nuevo presidente interino. Eligió a un primer ministro que tenía ligas familiares con el líder del golpe de 1968. Hasta el día de hoy, nadie sabe quién controla qué en el sur de Malí. Pero el ejército está mal entrenado y es incapaz de involucrarse en acciones militares serias en el norte del país.

Entretanto, en el norte, los musulmanes relativamente secularistas implicados en el MNLA buscaron alianzas con grupos más fundamentalistas. Casi de inmediato, estos últimos hicieron a un lado al MNLA y asumieron el control de todas las ciudades importantes en el norte de Malí. Sin embargo, estos elementos más fundamentalistas eran, de hecho, tres grupos diferentes: el Ansar Eddine, que son tuareg locales; Al Qaeda en el Magreb (Aqim), compuesto casi todo por no malienses, y el Mouvement pour le Tawhid et du Jihad en Afrique de l'Ouest (Mujao), desprendimiento de AQIM. Mujao rompió con Aqim porque considera que AQIM está demasiado interesado en Noráfrica y quiere diseminar su doctrina por todos los países del África occidental. Estos grupos controlan áreas diferentes y es poco claro cómo es que están unidos, sea en lo táctico como en sus objetivos.

La siguiente serie de actores son los vecinos, todos los cuales están insatisfechos de que los grupos salafistas hayan asumido efectivamente el control de una región tan grande, siendo grupos que son tan abiertos en su deseo de diseminar sus doctrinas a todos estos vecinos. Sin embargo, los vecinos están igualmente divididos en torno a lo que hay que hacer. Un grupo es la Comunidad Económica De Estados de África Occidental (Cedeao), conformado por 15 estados –todos ellos antiguas colonias de Gran Bretaña, Francia y Portugal, más Liberia– con la sola excepción de Mauritania.

Cedeao ha intentado ayudar a resolver las diferencias al interior del gobierno maliense. Pero han sugerido que estarían dispuestos a enviar algunas tropas para recuperar el control del norte de Malí. El problema es doble. Los grupos que compiten en el sur de Malí temen una intervención semipermanente de Cedeao, especialmente la facción de Sanogo. Y el único país que realmente cuenta con tropas que ofrecer es Nigeria, que es muy renuente a vislumbrar esta posibilidad porque necesitan estas tropas para lidiar con su propio problema salafista, el llamado Boko Harem.

Mauritania, que ha tenido mayor éxito que otros gobiernos de África occidental en la contención de los grupos salafistas, teme una diseminación de estas fuerzas al interior de Mauritania, especialmente si accedieran a combatirlos militarmente en Malí. Libia, aparte de que enfrenta un enorme desasosiego interno entre sus propios grupos armados, teme en particular que las poblaciones tuareg del sur de Libia puedan unirse para buscar un Azawad más extenso.

Tanto Francia como Estados Unidos sienten que es urgente derrotar a los salafistas del norte de Malí. Pero Estados Unidos, sobrepasado militarmente como está, no quiere enviar ninguna tropa. Francia, o digamos el presidente Hollande, está tomando una postura más fuerte. Parece dispuesto a enviar tropas. Pero Francia es una antigua potencia colonial, por lo que unas tropas francesas en Malí podrían concitar una respuesta nacionalista muy fuerte.

Así que lo que Francia y Estados Unidos están intentando es convencer a Argelia (que guarda frontera con Malí en el norte y tiene un ejército poderoso) de que sea la fuerza conductora de una operación militar. Los argelinos están hiperdudosos de la idea. Por una razón: el sur de Argelia es país tuareg. Y por otra razón: el gobierno argelino siente que ha contenido el peligro salafista hasta ahora y teme profundamente que una intervención militar en Malí deshaga la contención lograda.

Así que todos quieren que los grupos salafistas se vayan de algún modo, siempre y cuando algún otro haga el trabajo sucio. Y grandes grupos en estos países se oponen a cualquier acción con el argumento de que afganistanizaría la situación. Es decir, temen que una acción militar contra los salafistas los fortalecería, en lugar de debilitarlos, atrayendo un flujo de individuos y de grupos con orientación de Al Qaeda al norte de Malí. Afganistán se ha vuelto el símbolo de lo que no debe hacerse. Pero a no hacer nada también se le conoce como parálisis geopolítica.

El fondo del asunto es que Malí sufre de un escenario geopolítico caótico. Lo que parece más probable es que no haya ninguna intervención militar. Pero está por verse si las poblaciones locales del norte de Malí, acostumbradas a una versión sufí muy tolerante del Islam y que hoy están muy descontentos, puedan alzarse contra los salafistas.

Immanuel Wallerstein

La Jornada

http://www.jornada.unam.mx/2012/11/04/mundo/020a1mun