La Unión Europea apuesta por la austeridad como medio de enfrentar la
crisis económica, pero al mismo tiempo se embarca en la adopción de un
plan destinado a salvar –con la inversión de fondos públicos– los bancos
privados que se hallan al borde de la quiebra por causa de su mala
gestión. ¿Es esa la única solución viable? El profesor Salim Lamrani nos
presenta el caso de Islandia, un ejemplo que los medios de comunicación
y los aprendices de mago de la finanza europea prefieren pasar por
alto.
El 6 de marzo de 2012, más del
93% de los electores islandeses que participaron en un referendo se pronuncian
contra el pago de casi 4 000 millones de dólares al Reino Unido y a los Países
Bajos, monto correspondiente a las deudas acumuladas por los bancos islandeses
quebrados.
Ante la crisis económica, la Unión Europea ha
elegido el camino de la austeridad y ha decidido salvar a los bancos. Islandia,
en cambio, procedió anteriormente a la nacionalización de las instituciones
financieras y rechazó las políticas de restricción presupuestaria. Hoy presenta
una tasa de crecimiento de un 2,7% en 2012, y hasta el Fondo Monetario
Internacional (FMI) saluda la recuperación económica de ese país.
En septiembre de 2008, cuando la
crisis económica y financiera golpeó a Islandia, pequeño archipiélago del norte
de Europa con una población de 320 000 habitantes, el impacto fue desastroso,
como en el resto del continente. La especulación financiera llevó a la quiebra
a los tres principales bancos islandeses, cuyos activos representaban una suma
diez veces superior al PIB de la nación, con una pérdida neta de 85 000
millones de dólares.
La tasa de desempleo se
multiplicó por 9 entre 2008 y 2010, en un país que hasta entonces gozaba del
pleno empleo. La deuda de Islandia representaba el 900% del PIB y la moneda
nacional perdió el 80% de su valor con respecto al euro. El país cayó en una
profunda recesión y su PIB descendió en un 11% en sólo 2 años [1].
Frente a la crisis
En 2009, cuando el gobierno quiso
aplicar las medidas de austeridad que exigía el FMI a cambio de una ayuda financiera
de 2 100 millones de euros, una fuerte movilización popular lo obligó a
renunciar. En elecciones anticipadas, la izquierda ganó la mayoría absoluta en
el Parlamento [2].
No obstante, el nuevo poder
adoptó la ley Icesave –cuyo nombre procede del banco online que quebró y cuyos
ahorristas eran en su mayoría holandeses y británicos–, con el fin de rembolsar
a los clientes extranjeros. Esta legislación obligaba a los islandeses a pagar
una deuda de 3 500 millones de euros (40% del PIB) –o sea, 9 000 euros por
habitante– en 15 años y con una tasa de interés del 5%. Frente a las nuevas
protestas populares, el Presidente se negó a ratificar el texto parlamentario y
lo sometió a un referéndum. En marzo de 2010, el 93% de los islandeses rechazó
la ley sobre el rembolso de las pérdidas de Icesave. Cuando la ley se sometió a
un nuevo referéndum, en abril de 2011, el 63% de los ciudadanos volvió a
rechazarla [3].
Una nueva Constitución, redactada
por una Asamblea Constituyente de 25 ciudadanos elegidos por sufragio universal
entre 522 candidatos, Constitución que consta de 9 capítulos y 114 artículos,
se adoptó en 2011. La nueva Constitución instaura un derecho a la información,
con un acceso público a los documentos oficiales (Artículo 15), prevé la
creación de un Comité de Control de la Responsabilidad
del Gobierno (Artículo 63), un derecho a la consulta directa (Artículo 65) –un
10% de los electores puede pedir un referéndum sobre las leyes que vota el
Parlamento–, así como el nombramiento del Primer Ministro por el Parlamento
[4].
Así, contrariamente a las otras
naciones de la Unión
Europea que se ven en la misma situación y que aplicaron
escrupulosamente las recomendaciones del FMI, institución que exigía medidas de
una austeridad severa, como lo ha hecho en los casos de Grecia, Irlanda, Italia
o España, Islandia eligió una vía alternativa. Cuando los tres bancos
principales del país (Glitnir, Landsbankinn y Kaupthing) se derrumbaron, en
2008, el Estado islandés se negó a inyectarles fondos públicos, como lo ha
hecho el resto de Europa, sino que procedió a nacionalizarlos [5].
Del mismo modo, los bancos
privados tuvieron que cancelar todos los créditos con tasas variables
superiores al 110% del valor de los bienes inmobiliarios, evitando así una
crisis de subprime como la de Estados Unidos. Por otra parte, la Corte Suprema
declaró ilegales todos los préstamos ajustados a divisas extranjeras otorgados
a particulares, obligando así a los bancos a renunciar a sus créditos en
beneficio de la población [6].
En cuanto a los responsables del
desastre –los banqueros especuladores que provocaron el derrumbe del sistema
financiero islandés–, estos no fueron tratados con la mansedumbre que se ha
mostrado hacia ellos en el resto de Europa, donde han sido sistemáticamente
exonerados. En efecto, Olafur Thor Hauksson, Fiscal Especial nombrado por el
Parlamento para ocuparse de ellos, los mandó a los tribunales y han sido
encarcelados. Hasta el propio ex primer ministro Geir Haarde se vio obligado a
comparecer ante la justicia [7].
Una alternativa a la austeridad
Los resultados de la política
económica y social islandesa han sido espectaculares. Mientras la Unión Europea se
encuentra en plena recesión, Islandia obtuvo una tasa de crecimiento de un 2,1%
en 2011 y prevé una tasa de 2,7% para 2012, y una tasa de desempleo de un 6%
[8]. El país se dio incluso el lujo de proceder al rembolso anticipado de sus
deudas con el FMI [9].
El presidente islandés Olafur
Grímsson explicó este milagro económico: “La diferencia es que en Islandia
dejamos que los bancos quebraran. Eran instituciones privadas. No inyectamos
dinero para salvarlas. El Estado no tiene por qué asumir esa responsabilidad”
[10].
Contra todo pronóstico, el FMI
saludó la política del gobierno islandés –el cual aplicó medidas totalmente
opuestas a las que preconiza esa institución–, política que ha permitido
preservar “el valioso modelo nórdico de protección social”. En efecto, Islandia
dispone de un índice de desarrollo humano bastante elevado. “El FMI declara que
el plan de rescate al modo islandés ofrece lecciones para los tiempos de
crisis”. La institución agrega que “el hecho que Islandia haya logrado
preservar el bienestar social de las unidades familiares y conseguir una
consolidación fiscal de gran envergadura es uno de los mayores logros del
programa y del gobierno islandés”. No obstante, el FMI omitió precisar que
estos resultados fueron posibles sólo porque Islandia rechazó su terapia de
choque neoliberal y elaboró un programa de estímulo económico alternativo y
eficiente [11].
El caso de Islandia demuestra que
existe una alternativa creíble a las políticas de austeridad que se hoy aplican
en toda Europa. Además de ser económicamente ineficientes, esas políticas de
austeridad son políticamente costosas y socialmente insostenibles. Al elegir
poner el interés general por encima del interés de los mercados, Islandia
muestra al resto del continente la vía para escapar del callejón sin salida.
Salim Lamrani
Red Voltaire