El conflicto de clases a nivel internacional

La interpretación más generalizada en los forums económicos, financieros y políticos internacionales de lo que ha estado ocurriendo en los últimos treinta años en el mundo ha sido la aparición, a partir de los años ochenta, de la globalización económica, habiéndose establecido un nuevo orden económico internacional en el que se supone que los estados han estado perdiendo poder, siendo substituidos por entidades económicas, llamadas multinacionales, que son las que dominan la actividad económica internacional. Esta supuesta globalización ha sido aplaudida por fórums liberales como el New York Times, el Washington Post, The Economist, The Financial Times, entre otros, que han considerado a la globalización económica como responsable de un gran crecimiento económico, causando un bienestar sin precedentes de las poblaciones, tanto de los países desarrollados como de los subdesarrollados, con una gran reducción de la pobreza mundial. A esta visión celebratoria de la globalización se añade la voz de autores que se autodefinen como marxistas, como Antonio Negri y Michael Hardt, que celebran la desaparición del estado nación, condición –según ellos- de que transcienda el énfasis en el estado, a fin de llegar a una internalización del proyecto de transformación(1).

Frente a esta actitud complaciente y carente de crítica hacia la supuesta globalización, nos encontramos amplios sectores de los mal llamados movimientos antiglobalización, que, a pesar de que lamentan la globalización, coinciden con las voces pro-globalización en su interpretación de lo que ha estado ocurriendo. También creen que los estados han ido desapareciendo, sustituidos por las entidades económicas que llaman multinacionales, que se han convertido en los gestores del sistema capitalista mundial. A diferencia de las voces celebratorias de la globalización, estas voces, concluyen que tal globalización, en lugar de mejorar el bienestar de las poblaciones, lo ha dañando profundamente.

Vemos pues, que ante esta globalización, unos la aplauden, y otros la lamentan. Pero la interpretación de los hechos es semejante, cuando no idéntica. El problema es que ambas voces –las celebratorias y las condenatorias- están equivocadas. Y el colapso del Consenso de Washington y el de Bruselas son prueba de ello. En realidad, los estados no han desparecido. Todo lo contrario, han jugado un papel clave en el desarrollo de las políticas públicas que han determinado la crisis económica y financiera actual. Si miramos los indicadores del tamaño del intervencionismo del estado, vemos que en todos los países de la OCDE, el estado ha crecido tanto en tamaño (el gasto público per cápita ha aumentado en todos ellos desde el año 1980) como en la intensidad de sus intervenciones. El caso más claro de esta situación, ignorada por aquellas voces, fue el de EEUU cuando el Presidente Reagan, supuestamente “el gran liberal”, aumentó sustancialmente durante su mandato el gasto público federal (pasando del 21,6% del PIB al 23%) y los impuestos (fue el Presidente que los aumentó más en tiempos de paz. Disminuyó los impuestos del 20% de la población con renta superior, pero los aumentó para todos los demás) (2).

El estado no disminuyó ni en EEUU ni en los países de la OCDE. Todo lo contrario, aumentó su tamaño y el número de sus intervenciones. Pero más importantes que estos datos son aquellos que muestran que el tipo de gasto y el tipo de intervencionismo del estado cambiaron sustancialmente y ello como consecuencia de aquella categoría olvidada y nunca mencionada (cuando no silenciada) en los medios de información y persuasión dominantes que se llamaba “lucha de clases” y que aparentemente había desaparecido, junto con la supuesta desaparición de las clases sociales. La lucha de clases, sin embargo, continuó con toda intensidad sin que casi apareciera en los medios. En la mayoría de países de la OCDE el estado ha favorecido, a través de sus políticas públicas, a las rentas del capital a costa de las rentas del mundo del trabajo, y ello como consecuencia de una batería de intervenciones públicas que sistemáticamente debilitaron a las clases trabajadoras y a otros sectores de las clases populares de aquellos países. Si analizamos los presupuestos federales de EEUU, podemos ver, por ejemplo, que el gasto dedicado a personas (incluyendo la mayoría de servicios y transferencias públicas del estado del bienestar) pasó de ser el 38% del gasto público total en 1980 al 32% en 2007, mientras que el gasto militar pasó de 41% a un 45% y el gasto de ayuda a las empresas pasó de un 21% a un 23% durante el mismo periodo. Y ello ocurrió en la mayoría de países de la OCDE, como consecuencia de estas y otras políticas públicas. La masa salarial descendió durante el periodo 1980-2006, pasando de representar un 71% de la renta nacional a un 66% en EE.UU., de un 71% a un 64% en la UE-15 y de un 79% a un 64% en Japón. Esta disminución salarial ocurrió a pesar de aumentar el número de trabajadores e independientemente del ciclo económico. Este descenso de las rentas del trabajo determinaron un aumento muy notable del endeudamiento de las familias; la deuda familiar pasó a representar, durante el periodo 1980-2006, del 82% al 135% en EEUU, del 89% al 139% en la UE-15 y del 83% de la renta disponible familiar al 132% en Japón. Este enorme endeudamiento fue posible gracias al gran crecimiento del precio de la vivienda, el aval más importante que tienen las familias para conseguir crédito (sean hipotecas, sean tarjetas de crédito). Cuando tal precio se colapsó, las familias no pudieron conseguir crédito y pagar sus deudas. De ahí el enorme problema de la falta de demanda y falta de la actividad productiva en la economía (3).

Por otra parte, el enorme crecimiento de las rentas del capital y la escasa rentabilidad de las empresas productivas (consecuencia de la baja demanda) hizo que aumentara la inversión en actividades especulativas de las cuales las inmobiliarias eran las más visibles (tal y como ocurrió en EEUU, la Gran Bretaña, Holanda y España) pero no las únicas. Se hizo gran inversión en instrumentos bancarios (altamente especulativos) y en intercambios monetarios (que añadieron gran desestabilización en los mercados financieros), políticas todas ellas no solo permitidas sino promocionadas por los estados. En la mayoría de los estados de la UE, las inversiones productivas como porcentaje de las plusvalías obtenidas en las empresas descendieron, incrementándose en cambio las actividades financieras, la mayoría de carácter especulativo. Fue el triunfo de lo que se ha llamado la financialización de la economía, triunfo que se dio a costa del capital productivo y, sobre todo, a costa de las rentas del trabajo.

La debilidad del mundo del trabajo se acentuó con las políticas monetarias promovidas por la UE a través del Banco Central Europeo que promovió la estabilidad de precios a costa del estímulo económico y de la creación de empleo, causa del crecimiento del desempleo en la UE. El desempleo que había sido menor en EE.UU. que en la mayoría de países de Europa durante el periodo 1950-1980, pasó a ser mayor durante el periodo 1980-2007. Complementando estas políticas monetarias, se estableció el Pacto de Estabilidad que, en la práctica, ha actuado como freno al crecimiento del gasto público y muy en especial del gasto público social, disminuyendo la protección social y la reducción de las desigualdades sociales. A la luz de estos datos, creer que los estados son meros instrumentos de las corporaciones multinacionales –como indican amplios sectores de las izquierdas que abandonaron el análisis de clases en sus planteamientos- es ignorar que el estado sintetiza las relaciones de poder en cada país, dentro de las cuales, la lucha de clases dentro de cada estado continúa siendo de una enorme importancia (4).

Por otra parte, el mayor conflicto hoy en el mundo no es de los países ricos frente a los países pobres. Lo que sí hay son países donde la mayoría de la población es pobre. Pero los países en sí no son pobres. En realidad son ricos de recursos. Países como Bangladesh, que tiene como mayor problema social la malnutrición extendida entre la población, existe suficiente tierra cultivable para alimentar adecuadamente a una población veinte veces superior a la actual. El problema no es carencia de recursos sino la falta de control de aquellos recursos por parte de las clases populares de aquel país. La clase dominante de Bangladesh (centrada en los grandes terratenientes) es la que domina aquellos recursos, junto con las clases dominantes de los países desarrollados que muestran su solidaridad de clase apoyando el mantenimiento de aquel orden. Existe una alianza de las clases dominantes del Norte y las del Sur en contra de los intereses de las clases dominadas de los países del Norte y del Sur.

La articulación de los mal llamados países pobres en este orden internacional, les condena a basar sus economías en las exportaciones (sistema que favorece las clases dominantes del Norte y del Sur) en lugar del consumo doméstico, para lo cual se requerirían unas reformas redistributivas de las rentas en aquellos países opuestas por la alianza de clases dominantes que rigen el mundo. De ahí la urgencia de que se establezcan alianzas de las clases dominantes del Norte y del Sur, el gran reto de las izquierdas hoy en el mundo.

Notas:
(1) Michael Hardt and Antonio Negri. Empire. Ed. Harvard University Press, 2001
(2) Navarro, V. Neoliberalism. Globalization and Inequality. 2007
(3) Navarro, V. “Para entender la crisis. Así empezó todo en Estados Unidos”. Le Monde Diplomatique, 2009
(4) Navarro, V. “ La lucha de clases” . Monthly review, 2008

Artículo publicado en El Viejo Topo.
www.vnavarro.es

La Cumbre Climática de Copenhague. Ultimátum a la Tierra

Representantes de todos los países del mundo se reúnen en Copenhague (Dinamarca) del 7 al 18 de diciembre en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, con el objetivo de evitar que, de aquí a 2050, la temperatura media del planeta aumente en más de dos grados. Si la Tierra fuese un balón de fútbol, el espesor de la atmósfera sería de apenas dos milímetros... Nos hemos olvidado de la increíble estrechez de la capa atmosférica y consideramos que ésta puede absorber sin límites cualquier cantidad de gases nocivos. Resultado: se ha creado, en torno al planeta, un sucio envoltorio gaseoso que captura el calor del sol y funciona como un auténtico invernadero.

El calentamiento del sistema climático es una realidad inequívoca. Unos 2.500 científicos internacionales, miembros del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre la Evolución del Clima (GIEEC) (1), lo han confirmado de modo indiscutible. Su causa principal es la actividad humana que produce un aumento descontrolado de emisiones de gases, sobre todo dióxido de carbono, CO2, producto del consumo de combustibles fósiles: carbón, petróleo, gas natural. La deforestación acrecienta el problema (2).

Desde la Convención del Clima y la Cumbre de Río de Janeiro en 1992, y la firma del Protocolo de Kioto en 1997, las emisiones de CO2 han progresado más que durante los decenios precedentes. Si no se toman medidas urgentes, la temperatura media del planeta aumentará por lo menos en cuatro grados. Lo cual transformará la faz de la Tierra. Los polos y los glaciares se derretirán, el nivel de los océanos se elevará, las aguas inundarán los deltas y las ciudades costeras, archipiélagos enteros serán borrados del mapa, las sequías se intensificarán, la desertificación se extenderá, los huracanes y los tifones se multiplicarán, centenares de especies animales desaparecerán...

Las principales víctimas de esa tragedia climática serán las poblaciones ya vulnerables de África subsahariana, de Asia del sur y del sureste, de América Latina y de los países insulares ecuatoriales. En algunas regiones, las cosechas podrían reducirse en más de la mitad y el déficit de agua potable agravarse, lo que empujará a cientos de millones de "refugiados climáticos" a buscar a toda costa asilo en las zonas menos afectadas... Las "guerras climáticas" proliferarán (3).

Para evitar esa nefasta cascada de calamidades, la colectividad científica internacional recomienda una reducción urgente del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Único modo de evitar que la situación se vuelva incontrolable.

En esa perspectiva, tres son los temas centrales que se abordan en Copenhague: 1) determinar la responsabilidad histórica de cada Estado en la actual degradación climática, sabiendo que el 80% de las emisiones de CO2 son producidas por los países más desarrollados (que sólo reúnen el 20% de la población mundial), y que los países pobres, los menos responsables del desastre climático, padecen las consecuencias más graves.

2) fijar, en nombre de la justicia climática, una compensación financiera para que aquellos Estados que más han degradado el clima aporten una ayuda significativa a los países del Sur que permita a éstos luchar contra los efectos de la catástrofe climática. Aquí se sitúa uno de los principales desacuerdos: los Estados ricos proponen una suma insuficiente, cuando los países pobres reclaman una justa compensación más elevada.

3) definir con vistas al futuro un calendario vinculante que obligue política y legalmente a los actores planetarios -tanto a los países desarrollados como a las otras potencias (China, Rusia, la India, Indonesia, México, Brasil)- a reducir progresivamente sus emisiones de gases de efecto invernadero. Ni Estados Unidos ni China (los dos principales contaminadores) aceptan esta perspectiva.

Además de esta agenda, un fantasma recorrerá las mesas de discusión de Copenhague: el del necesario cambio de modelo económico. Existe en efecto una grave contradicción entre la lógica del capitalismo (crecimiento ininterrumpido, avidez de ganancias, explotación sin fronteras) y la nueva austeridad indispensable para evitar el cataclismo climático ( léase, p. 32, el artículo de Riccardo Petrella ).

Si el sistema soviético implosionó fue, entre otras razones, porque descansaba sobre un método de producción que valoraba principalmente el beneficio político de las empresas (creaban obreros) y no su coste económico. De igual modo, el sistema capitalista actual únicamente valora el beneficio económico de la producción, y no su coste ecológico. Con tal de obtener un beneficio, no le importa que un producto tenga que recorrer miles de kilómetros, con la emisión de toneladas de CO2 que eso supone, antes de llegar a las manos del consumidor. Aunque ello ponga en peligro, a fin de cuentas, a toda la humanidad.

Por otra parte, es un sistema despilfarrador que agota los recursos del planeta. Actualmente la Tierra ya es incapaz de regenerar un 30% de lo que cada año consumen sus habitantes. Y demográficamente éstos no cesan de crecer. Somos ya 6.800 millones, y en 2050 seremos 9.150 millones... Lo que complica el problema. Porque no hay recursos para todos. Si cada habitante consumiese como un estadounidense se necesitarían los recursos de tres planetas. Si consumiese como un europeo, los de dos planetas... Cuando no disponemos más que de una Tierra. Una diminuta isla en la inmensidad de las galaxias.

De ahí la urgencia en adoptar medidas que detengan la huida hacia el abismo. De ahí también, ante el cinismo de muchos líderes mundiales, la rabia de los miles de militantes ecologistas que convergen de todo el planeta hacia la capital danesa gritando dos consignas: "¡Cambiad el sistema, no el clima!" y "Si el clima fuese un banco ¡ya lo habrían salvado!".

Se cumplen diez años de las grandes manifestaciones de la "batalla de Seattle" que vieron nacer el movimiento altermundialista. En Copenhague, una nueva generación de contestatarios y activistas, en nombre de la justicia climática, se dispone a abrir un nuevo ciclo de luchas sociales. La movilización es enorme. La pelea va a ser grandiosa. Está en juego la supervivencia de la humanidad.

Notas:
(1) Recompensado colectivamente, en 2007, con el Premio Nobel de la Paz por sus informes sobre los cambios climáticos.
(2) Los árboles, las plantas y las algas de los océanos absorben y neutralizan el CO2, y producen oxígeno; de ese modo ayudan a combatir el efecto invernadero.
(3) Léase Harald Welzer, Les Guerres du climat. Pourquoi on tue au XXIe siècle , traducido del alemán por Bernard Lortholary, Gallimard, París, 2009.

Alimentación: hacia un nuevo colonialismo

Mientras que amplias franjas de la población mundial continúan padeciendo los estragos de una de las peores crisis alimentarias en la historia reciente, a la cual se sumaron los efectos de la recesión económica internacional, en distintos puntos del planeta, particularmente en los países pobres, se amplían las prácticas de acaparamiento de tierras cultivables por parte de extranjeros, tanto gobiernos como consorcios privados.

En los últimos meses, en Etiopía se ha puesto en marcha una política de arrendamiento de amplias porciones del "sobrante" de sus tierras fértiles a agroindustriales extranjeros, algo que, de acuerdo con el gobierno encabezado por Meles Zenawi, contribuirá a satisfacer la alimentación de sus más de 80 millones de habitantes, pero que, en el sentir de los propios etiopes y de distintos especialistas internacionales, sólo contribuirá a acentuar la de por sí galopante pobreza en esa nación del cuerno de África, sistemáticamente azotada por la hambruna.

Pero no se trata de un hecho aislado. Por citar uno de los ejemplos más recientes y significativos, cabe hacer mención al acuerdo suscrito, en noviembre de 2008, entre el gobierno de Madagascar, entonces encabezado por Marc Ravalomanana, y la empresa surcoreana Daewoo, por medio del cual esta última se beneficiaba con el arrendamiento de la mitad de las tierras cultivables de esa isla del sureste africano por 99 años, para la producción de maíz y aceite de palma. La amplia resistencia generada entre los agricultores locales obligó a la firma surcoreana a suspender el convenio en abril pasado, y terminó por ser un factor determinante en el derrocamiento del entonces gobernante malgache, el mes siguiente.

Por lo que hace a nuestro país, el fenómeno se ha manifestado con las alianzas empresariales establecidas por el grupo chino Suntime International Techno-Economic para operar unas mil hectáreas de terreno para la producción de granos, particularmente de arroz. Historias similares han tenido lugar en países como Camerún, Sudán, Marruecos, Pakistán, Camboya, Laos, Filipinas y Brasil, entre muchos otros.

La extensión de lo que ha sido calificado por el director de la FAO, Jacques Diouf, como un "sistema neocolonial", constituye el avance de un peldaño en la aplicación de la visión global de libre mercado que ha prevalecido en las últimas décadas en la política alimentaria mundial, la cual convierte las necesidades alimentarias de la población en una inmensa oportunidad de negocios privados. A lo que puede verse, para dicha lógica ya no es suficiente con acaparar la producción de alimentos –como ocurrió recientemente–, y se empeña ahora en hacer lo propio con las tierras que los producen, sobre todo en las llamadas economías emergentes.

Los efectos de tales prácticas no sólo resultan devastadores para los agricultores en pequeña escala, los cuales son vistos como un obstáculo por sus respectivos gobiernos, sino que amenazan con ser desastrosos para el conjunto de la población mundial: es claro que, con el desmantelamiento de los sectores agrícolas locales, el empeoramiento de las condiciones de vida de los campesinos y la absorción de los recursos disponibles por parte de los consorcios agroindustriales y de los países desarrollados, se acentuará todavía más el desequilibrio existente en la distribución mundial de los alimentos, se potenciará el desarrollo de escenarios especulativos y de encarecimiento generalizado de la comida, y se acrecentará, en suma, la insatisfacción de las necesidades alimentarias de una población mundial que, se estima, llegará a 9 mil millones para 2050.

Ante los elementos de juicio disponibles, resulta impostergable que se emprenda un viraje en la política alimentaria vigente en el planeta. Es necesario que los gobiernos del mundo orienten sus medidas de apoyo hacia los pequeños productores de alimentos, que son los únicos que, a fin de cuentas, pueden garantizar la existencia de comida, sobre todo en países pobres, y que se frene cuanto antes la onda expansiva de un neocolonialismo alimentario inhumano y con potencial devastador.

Fuente: La Jornada

Es el Estado

Todo el extenso debate político e ideológico de las últimas décadas tiene al Estado como centro. Incluso cuando se intenta excluirlo, él vuelve como convidado de piedra, como sujeto oculto, que buscó tornarse invisible. El período actual fue abierto con el triunfo del diagnóstico neoliberal de que la economía se había estancado por las excesivas regulaciones impuestas por el Estado.

Según este diagnóstico, el Estado, de inductor del crecimiento económico se había tornado en obstáculo; de solución, se había transformado en el centro de la crisis. De ahí la propuesta de cuanto menos Estado, más crecimiento económico; del paso de un Estado regulador a un Estado mínimo, que en la práctica abría el camino para tener más mercado.

De ahí que el Estado haya sido diabolizado, transformado en la víctima privilegiada de los ataques del consenso neoliberal, del que el gobierno de Fernando Henrique Cardoso fue una expresión clara. Ajuste fiscal, privatizaciones, menos recursos para políticas sociales, apriete salarial de los funcionarios, despidos de empleados públicos; todo en la dirección de rebajar fuertemente el peso del Estado en la economía y en las políticas públicas, intensificar las desregulaciones, así como la apertura acelerada de la economía al mercado internacional.

Lo que centralmente fue atacado en el Estado es su poder regulador que, según los neoliberales, ahuyentaría las inversiones privadas. Menos regulaciones, mayor libertad de circulación para el capital y, según ellos, mayor crecimiento económico, con consecuencias positivas para todos, incluso para los trabajadores, con mayor creación de empleos.

Sin embargo ese diagnóstico se reveló equivocado, no fue eso lo que ocurrió en la práctica, las economías no crecieron. Lo que se dio fue una brutal transferencia de recursos de los sectores productivos para el sector especulativo, donde el capital – que no fue hecho para producir, sino para acumular, aunque sea en la especulación financiera – gana más, pagando menos impuestos y con liquidez total. Las tasas de intereses continúan recompensando el capital especulativo con remuneraciones que ninguna otra inversión posibilita. Así, menos Estado y menos regulación significó más especulación y más concentración de la renta.

Asimismo, los sectores neoliberales no repudian todas las actividades estatales. Quieren menos impuestos, menos gastos con políticas sociales y funcionarios públicos, pero siguen demandando créditos, subsidios, exenciones y todo tipo de facilidades al Estado. Esa parte del Estado les interesa. Financierizaron al Estado, que pasó a transferir renta del sector productivo y de la ciudadanía al capital financiero, mediante los llamados superávits fiscales, que reservan lo fundamental de la tributación para pagar las deudas del Estado.

Un gobierno anti-neoliberal – que va en dirección al pos-neoliberalismo – al contrario, retoma las funciones clásicas del Estado, de inductor del crecimiento económico, de financiador de la expansión económica, de agente de las políticas sociales, de regulador de las relaciones económicas, de celador de la soberanía nacional, entre otras funciones. Crea y alimenta mecanismos que inducen a la inversión productiva, controlando que una parte substancial de su producción vaya al mercado interno de consumo popular, con generación obligatoria de empleos.

El tema del Estado había sido suprimido del debate político y de las políticas neoliberales, todas ellas de carácter privatizador. En la hora de la crisis se apeló de forma unánime al Estado. Para la derecha, solamente para recomponer las condiciones de funcionamiento del mercado, apenas como una acción de emergencia.

Para una política anti neoliberal, que defiende el interés público, el Estado tiene un papel central, estratégico, en los planos económico, político, social y cultural. Aunque, para efectivamente desempeñar ese papel, como instrumento de un nuevo bloque social que dirija los destinos del Brasil y no solo reproduzca la predominancia de los intereses dominantes, el Estado tiene que ser radicalmente reformado, refundado en torno de la esfera pública, desmercantilizándose, desfinancierizándose, y tornándose en un Estado para todos los brasileños.

Emir Sader es miembro del Consejo Editorial de SinPermiso.

Traducción para www.sinpermiso.info: Carlos Abel Suárez

El vértigo de la historia

El vigésimo aniversario de la desaparición del Muro de Berlín nos ha dejado un alud de literatura que pretende rescatar lo que fueron aquellos acontecimientos. Apenas han visto la luz, sin embargo, análisis que permitan calibrar lo que supusieron los hechos de 1989. Pareciera como si, en la zozobra general en que estamos, optásemos por el relato historicista y pintoresco y nos alejásemos de cualquier suerte de reflexión que obligue a escarbar, en serio, en las causas de esa zozobra.

Las reflexiones del momento no han dejado hueco, por lo pronto, para una discusión vital: la que se pregunta por lo que fueron, al cabo, los sistemas de tipo soviético. Aún hoy son muchos los que viven de una doble ilusión óptica: por un lado, la que nace de la certeza de que esos sistemas eran realmente comunistas y, por el otro, la que da por descontado que con el hundimiento de la URSS el comunismo desapareció irremediablemente de la faz de la Tierra. Si lo primero es más que discutible –los sistemas de tipo soviético en modo alguno consiguieron trascender el universo histórico y social del capitalismo–, lo segundo se revela poco creíble en un planeta en el que, 20 años después, muchas de las ideas que el orden liberal creyó arrinconar para siempre reaparecen, bien es cierto que a menudo en orgullosa contestación de lo que fueron los regímenes del socialismo irreal.

En paralelo, sobran las razones para recelar del buen sentido de algunos de los pronósticos que se formularon en la estela de los hechos de 1989. El más sonado fue, claro, el que se refería a un eventual final de la historia de la mano de la incontestada entronización del orden liberal. Momento es este de reflexionar sobre la formidable aceleración de los ritmos que permite que hoy, sólo 20 años después, todas las certezas de entonces se hayan desvanecido. Con la globalización y el propio capitalismo en entredicho, el vértigo de los tiempos nos asalta e invita a abandonar cualquier certidumbre en lo que hace al rigor de las grandes tesis que nos han acompañado en los últimos cuatro lustros.

La efemérides de 1989 debería servir, por encima de todo, para acometer una reflexión sobre el singularísimo momento histórico en que nos encontramos. Aunque es verdad que, a diferencia de lo ocurrido 20 años atrás, el sistema hoy en crisis, el capitalismo, se beneficia de la ausencia, más allá de respetabilísimas elaboraciones teóricas, de fórmulas alternativas que den réplica a la triste realidad que arrastramos, su crisis despunta por doquier. Al margen de su incapacidad para acabar con la pobreza, la exclusión y la injusticia, cada vez se hace más evidente su vocación de agudizar los problemas medioambientales y de recursos que acosan al planeta.

Más allá de lo anterior, con todo, dos datos permiten tomar el pulso a la condición contemporánea del capitalismo. El primero nos recuerda que, al calor de un proceso globalizador que ha apostado con claridad por la gestación de un paraíso fiscal de escala planetaria, en abierta ignorancia de cualquier razón de cariz humano, social o ecológico, se ha perfilado un caos de escala planetaria que ha escapado visiblemente del control y de los intereses de quienes pusieron en marcha el proceso correspondiente. El segundo subraya lo que por momentos se antoja evidente: la llamativa incapacidad del capitalismo de estas horas para dar satisfacción de sus propios objetivos.

Carlos Taibo es profesor de Ciencia Política

Fuente: Público

Piratería 2.0

Tras la feliz resolución del secuestro del atunero Alakrana, se acaba una odisea que podría catalogarse de vodevil, de no ser por la situación de angustia que, sin duda, habrán vivido los familiares y amigos de los marineros durante estos 47 días.

En nuestro país, hemos asistido a un nuevo pim pam pum jurídico, político y mediático donde, una vez más, hay quien ha visto la oportunidad perfecta para sacar rédito electoral a toda costa, aunque esa costa se encuentre a miles de millas y se juegue con la suerte de los pescadores. Pero dejando a un lado las consideraciones nacionales, el caso Alakrana esconde un complejo tinglado internacional cuyo escenario no sólo se encuentra en las aguas del Índico.

Somalia es el perfecto ejemplo de lo que se denominan “estados fallidos”: sin un sistema político o jurídico efectivo ni sobre sus nacionales, ni mucho menos sobre su territorio, el país se encuentra fragmentado en pequeñas regiones controladas por señores de la guerra. Creado casi con tiralíneas a partir de distintos territorios coloniales italianos y británicos en 1960, Somalia lleva prácticamente 20 años en situación de guerra civil y luchas tribales, además de mantener un enquistado conflicto armado con su vecino, Etiopía, que ha llevado a la hambruna y la muerte a millones de personas. Los intentos de pacificación realizados por la ONU y EE.UU. fueron un sonoro fracaso (todos recordaremos en 1993 el episodio del derribo del Black Hawk). Es, además, el país con el mayor índice de mortandad infantil y de analfabetismo de toda África.

A primera vista, un territorio con semejante situación política y económica no parece el mejor lugar para que barcos de distinta nacionalidad faenen en sus costas. A no ser que eso sea precisamente lo que se busque: la ausencia de legalidad, con el fin de poder esquilmar los recursos pesqueros con toda impunidad. Somalia conserva en sus costas el mayor caladero de atún rojo del mundo, una especie muy cotizada y prácticamente extinguida en otras áreas como el Mediterráneo. Evidentemente, las técnicas de explotación pesquera que desarrollan los buques enviados a esta zona del Índico (incluidos los españoles), a buen seguro serían perseguidas por parte de las autoridades en cualquier otro país que contase con un gobierno y leyes efectivas.

Además, la situación geoestratégica de Somalia, en la encrucijada de las rutas marítimas de Oriente Medio y Asia, se convierte en un lugar perfecto -al no existir control medioambiental alguno-, para que cargueros, portacontenedores, y petroleros realicen tareas de limpieza de sus sentinas, contaminando las aguas territoriales somalíes con residuos de todo tipo, incluidos los radiactivos. Tras el tsunami de 2004, dichos residuos llegaron hasta la costa, emponzoñando las playas y los acuíferos, y provocando miles de afectados por intoxicaciones por sustancias químicas y radiactivas.

Así pues, en un país arrasado por la guerra, el hambre, y con sus recursos naturales expoliados o contaminados, parece comprensible que una forma “viable” de vida para la juventud somalí sea la piratería. Y, como ya sucediera meses atrás con el Playa de Baquio, la resolución del secuestro del Alakrana ha concluido con el pago de un rescate de 2,5 millones de euros, según las informaciones oficiales. Pero dicho pago no se ha abonado mediante una maleta repleta de billetes entregada directamente a los somalíes que se encuentran a bordo del buque, ni tampoco a sus cómplices en la costa. El pago del rescate se ha efectuado mediante una transferencia por internet a una cuenta en alguna exótica isla caribeña.

Resulta difícil imaginar a uno de estos piratas, que difícilmente habrán visto un ordenador en su vida, accediendo a los sistemas de banca electrónica y retirando dichos fondos para cobrar su botín. Por tanto, ¿dónde se encuentran realmente los piratas? ¿dentro o fuera del barco?

Según las informaciones publicadas, tan sólo el 50% del rescate quedaría como botín “en efectivo” en manos de los piratas. El otro 50% se destinará a financiar futuras acciones, y al pago de sobornos. ¿Qué clase de negocio lucrativo es este en el que tan sólo se cobra la mitad de los beneficios?. La respuesta es simple: los piratas no serían capaces de desarrollar su labor filibustera de no contar con una intrincada red cuyo núcleo no se encuentra en una chabola de Mogadiscio, sino en lujosos despachos de la City londinense.

Un informe de la inteligencia militar europea hecho público en mayo desvelaba que los piratas somalíes reciben información desde el Reino Unido, a través de teléfonos satelitales y sistemas GPS, sobre los barcos que pueden secuestrarse, sus nombres, sus rutas, sus cargas, y sus nacionalidades. Así sucedió, por ejemplo, con el intento de secuestro en marzo del atunero vasco Felipe Ruano. De no ser por esta sustanciosa información, resultaría imposible abordar cualquier embarcación en un área tan extensa como es el llamado “cuerno de África”; y menos con las embarcaciones que emplean los piratas, muchas de ellas simples cayucos.

Una vez se ha producido el secuestro, entran en juego bufetes de abogados y consultoras ubicadas en Londres (los mismos que previamente informaron a los piratas), que actúan como “negociadores” entre las empresas propietarias de los buques apresados, y sus captores. Evidentemente, esta negociación queda fuera del ámbito diplomático y no tiene carácter humanitario (salvar las vidas de los secuestrados), sino financiero (obtener una “comisión” según la cuantía del rescate).

Una vez llegado a un acuerdo, el pago se realiza en sucursales de bancos ingleses radicadas en paraísos fiscales de territorios británicos de ultramar y de la Commonwealth, como las Islas Caimán o la Isla de Jersey. Los “mediadores”, junto con las entidades bancarias, son los encargados de hacer llegar finalmente el dinero a los piratas. La ausencia de normativa legal respecto a las transacciones realizadas hacia estos territorios, el avance de las comunicaciones, y la connivencia entre la City británica y sus ex-colonias, hacen por tanto de la piratería del siglo XXI un negocio más que rentable.

¿Se habrá equivocado la Audiencia Nacional a la hora de encarcelar a los dos piratas somalíes? Si realmente se quiere erradicar la piratería sería más efectivo que, en vez de enviar fragatas al Índico a escoltar nuestros barcos (por cierto, ¿desde cuándo se emplea al ejército -que pagamos todos- para asegurar una actividad privada?), la Operación Atalanta se reconvirtiese en una redada a desarrollar en la capital londinense. Pues a la vista de los datos, parece lógico pensar que el 50% del botín del Alakrana que no han cobrado los piratas vaya a parar a estos “negociadores”, en concepto de información y blanqueo de capitales.

Son por tanto súbditos británicos los que, sin que ninguna autoridad inglesa -ni europea- tome cartas en el asunto, están empleando a jóvenes somalíes como brazo armado low cost, emulando así las mejores hazañas de Sir Francis Drake, o Edward Teach Barbanegra. Pero en estos tiempos modernos, para llenarse los bolsillos los piratas no necesitan del beneplácito de su graciosa majestad: Les basta una conexión de ordenador, y la opacidad que les proporcionan los mercados financieros. Es la piratería versión 2.0.

Osvaldo Midore – ATTAC Andalucía

Salvar a los que mueren de hambre no es urgente

Ya es una burla. El grandilocuente compromiso de la cumbre de Roma de reducir a la mitad, en 2015, el número de personas que pasan hambre en el mundo no está acompañado de fondos, ni de mecanismos, ni de controles. Es decir, no se cumplirá.

En el último año de crisis global ha aumentado en 170 millones el número de víctimas de la hambruna, sin que las ocho grandes potencias económicas fueran capaces de cumplir su promesa de aportar, para combatirla, una minúscula fracción de lo que han entregado urgentemente a la banca. Se ve que la muerte de un niño cada seis segundos por desnutrición no les parece tan urgente.

Ahora nos dicen que rebajarán la descomunal cifra de famélicos en 500 millones, y en sólo seis años, al tiempo que se niegan a desembolsar entre todos una cantidad inferior a la que estafó Bernard Madoff; un dinero que la FAO está pidiendo para los campesinos pobres del planeta, que suman un tercio de todos los habitantes de la Tierra. Si esos agricultores –castigados por el cambio climático– no reciben ayuda inmediata, serán incapaces de alimentar a miles de millones de personas. Pero tampoco eso es urgente para los miembros del G-8.
El Programa Mundial de Alimentos ha tenido que pedir donativos individuales por primera vez en su historia, ante la falta de aportaciones de los países ricos. Intenta hacer frente a una docena de emergencias en las que está en juego la vida de millones de personas, pero sólo ha recibido la mitad de lo que necesita. Es decir, le falta una décima parte de lo que Wall Street va a repartir sólo en bonus a final de año, para celebrar los extraordinarios resultados obtenidos por la banca financiera gracias al dinero público.
Los que se están muriendo de hambre pueden esperar.

Carlos Enrique Bayo. Público

Una ocasión perdida

El 9 de noviembre de 1989 caía el muro de Berlín. Veinte años después, mientras el capitalismo, a su vez, vacila bajo los golpes de una crisis sistémica, ¿qué balance se puede establecer de las dos décadas que acaban de transcurrir? ¿Por qué otros muros, igual de indignantes, no se han derribado?

Simbólicamente, el hundimiento del muro de Berlín marca la conclusión de la guerra fría así como el fin -aunque la Unión Soviética no se disolvería hasta diciembre de 1991- del comunismo autoritario de Estado en Europa. Pero no el fin de la aspiración de millones de pobres a vivir dignamente en un mundo más justo e igualitario.

El muro de Berlín se hunde debido, por lo menos, a tres hechos capitales ocurridos durante la década de 1980:

1) las huelgas de agosto de 1980 en Polonia, que ponen en evidencia una contradicción fundamental: la clase trabajadora se opone a un presunto “Estado obrero” y al supuesto “Partido de la clase obrera”. La teoría oficial sobre la que se basaba el comunismo de Estado se viene abajo;

2) en Moscú, en marzo de 1985, Mijaíl Gorbachov es elegido secretario general del Partido Comunista de la URSS. Lanza la “perestroika” y la “glásnost”, y activa, con las precauciones de un artificiero, la reforma del comunismo soviético;

3) durante la primavera de 1989, en Pekín, en vísperas de una visita de Mijaíl Gorbachov, miles de manifestantes reclaman reformas similares a las que se llevan a cabo en la URSS. El Gobierno chino hace intervenir al Ejército. Resultado: cientos de muertos y condena internacional del régimen de Pekín.

Cuando, en el otoño de 1989, ciudadanos de Alemania del Este se echan a la calle para exigir reformas democráticas, las autoridades dudan en disparar o no sobre las multitudes. Moscú anuncia que sus tropas estacionadas en Europa del Este no participarán en ninguna represión. La intensidad de las manifestaciones se multiplica. La suerte está echada. El muro de Berlín cae. En unos meses, uno tras otro, los regímenes comunistas de Europa son barridos. Incluidos los de Yugoslavia y Albania.

Constatación importante: el sistema se desploma por descomposición interna, y no a causa de una ofensiva del capitalismo que lo habría derrotado. En esos años, Estados Unidos se halla en grave recesión tras el “lunes negro” de Wall Street acaecido dos años antes (el Dow Jones había caído, el 19 de octubre de 1987, un 23%). Pero la interpretación que se dará es que, en el enfrentamiento que opone, desde el siglo XIX, el comunismo al capitalismo, éste se ha impuesto. Por KO. De ahí una suerte de ebriedad intelectual que hará creer a algunos en el “fin de la historia”.

Error fatal. Al perder a su “mejor enemigo” -el que, mediante una relación de fuerzas constante, le obligaba a autorregularse y a moderar sus pulsiones-, el capitalismo se dejará arrastrar por sus peores instintos. Olvidando la promesa de hacer que el mundo se beneficie de los “dividendos de la paz”, Washington impone en todas partes, a marchas forzadas, lo que cree ser la idea triunfal: la globalización económica. Es decir, la extensión al conjunto del planeta de los principios ultraliberales: financiarización de la economía, desprecio por el medio ambiente, privatizaciones, liquidación de los servicios públicos, precarización del trabajo, marginación de los sindicatos, brutal competencia entre los asalariados del mundo, deslocalizaciones, etc. En resumen, una vuelta al capitalismo salvaje. El multimillonario estadounidense Warren Buffet proclama: “Hay una lucha de clases, por supuesto, pero es mi clase, la clase de los ricos, la que dirige la lucha. Y nosotros ganamos” (1).

En el plano militar, Washington despliega su hiperpotencia: invasión de Panamá, guerra del Golfo, ampliación de la OTAN, guerra de Kosovo, marginación de la ONU… Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, George W. Bush y sus “halcones” deciden castigar y conquistar Afganistán e Irak. Reducen la ayuda a los países pobres del Sur y lanzan una cruzada contra el “terrorismo internacional” utilizando todos los medios, incluidos los menos nobles: vigilancia generalizada, tortura, “desapariciones”, prisiones secretas, penales ilegales como el de Guantánamo… Creen en un mundo unipolar, dirigido por unos Estados Unidos hegemónicos, seguros de sí mismos y dominadores.

El balance será desastroso: ninguna victoria militar real, una inmensa derrota moral y una gran destrucción ecológica. Sin que los principales peligros hayan sido eliminados. La amenaza terrorista no ha desparecido, la piratería marítima se agrava, Corea del Norte se ha dotado de armas nucleares, Irán podría hacerlo… Oriente Próximo sigue siendo un polvorín…

El mundo ha pasado a ser multipolar. Varios grandes países -Brasil, Rusia, la India, China, Sudáfrica- forjan alianzas al margen de las potencias tradicionales. En Suramérica, Bolivia, Ecuador y Venezuela exploran nuevas vías del socialismo. Hasta el recurso al G-20 con motivo de la crisis económica global confirma que los países ricos del Norte no pueden solventar en solitario los principales problemas mundiales.

La oportunidad histórica que constituía la caída del muro de Berlín se ha desperdiciado. El mundo de hoy no es mejor. La crisis climática hace pender sobre la humanidad un peligro mortal. Y la suma de las cuatro crisis actuales -alimentaria, energética, ecológica y económica- da miedo. Las desigualdades han aumentado. La muralla del dinero es más imponente que nunca: la fortuna de las quinientas personas más ricas es superior a la de los quinientos millones más pobres… El muro que separa el Norte y el Sur permanece intacto: la malnutrición, la pobreza, el analfabetismo y la situación sanitaria incluso se han deteriorado, particularmente en África. Por no hablar del muro tecnológico.

Además, se han levantado nuevos muros: como el edificado por Israel contra los palestinos; o el de Estados Unidos contra los emigrantes latinoamericanos; o los de Europa contra los africanos… ¿Cuándo decidiremos destruir de una vez para siempre todos esos muros de la vergüenza?

Notas:
(1) The New York Times , 26 de noviembre de 2006.

Ignacio Ramonet

Artículo publicado en Le Monde Diplomatique.

Democracias en descomposición

En todas partes de Europa ascienden, lenta pero inexorablemente, los vapores nauseabundos de la intolerancia, el racismo, la ausencia de solidaridad, el orden moral y la regresión religiosa. Teniendo en cuenta la evolución de las democracias europeas, se tiende a establecer una comparación inquietante con el ambiente nocivo de los años treinta del siglo XX. Es cierto que no están de vuelta ni el fascismo semimilitarizado que Italia se inventó alrededor de 1920, ni tampoco el monstruoso nazismo que surge del fondo de la noche alemana. Ahora se trata de algo antiguo y moderno a la vez. Antiguo, porque tanto hoy como ayer se sigue practicando la caza del extranjero (ahora clasificado en la categoría neoxenófoba de "no comunitario"), del diferente, del inmigrante, del que pide asilo o del pobre que mendiga. Él carga con todos los males, a él le cuelgan el sambenito de la inseguridad social, y él también es sospechoso de traer, como las ratas la peste, el debilitamiento de la identidad del país al que inmigra. De ser humano, es reducido a la condición de intruso, de indeseable y de invasor. Es un chivo expiatorio tanto más conveniente en cuanto que es impotente para defenderse. De un lado, sus derechos son recortados día a día; del otro, es vigilado, la policía lo detiene, lo controla por el color de su piel, a veces lo insulta y otras lo mata "por error".

La precariedad es terreno fértil para que surjan el odio y la violencia en las relaciones sociales

Dirán que no hay nada nuevo en todo esto. Es verdad. Pero el estado de ánimo contemporáneo presenta características tanto más insidiosas que vienen recubiertas con frecuencia de una retórica de los derechos tan hipócrita como mentirosa. Ante todo, esta retórica se reviste de las virtudes del sistema democrático, es decir que avanza envuelta en el discurso de la ley. Pondremos un ejemplo. Todos sabemos que la directiva adoptada en junio de 2008 por el Parlamento Europeo, calificada con toda justicia de "directiva de la vergüenza", pretendía endurecer las condiciones de entrada y de residencia de quienes pedían asilo, alargar de forma excesiva los plazos de retención, y violar los derechos del menor situado en la misma categoría que el adulto, etc. Pero los gobiernos siguen presentando este texto como si ofreciera "garantías" adicionales a los extranjeros, nuevos derechos y una protección mejor organizada, aunque saben perfectamente que esta forma de operar no resiste el debate democrático. Éste es el motivo por el que los textos de aplicación de esta directiva europea son con frecuencia adoptados por la representación nacional deprisa y corriendo, en procedimiento de urgencia, y obliga a los diputados de la propia mayoría que no están de acuerdo con someterse o a dimitir.

Aunque sean motivo de preocupación, estas manipulaciones jurídicas no alcanzan afortunadamente las derivas que conocemos en Italia sobre el mismo tema. Allí, en la retórica del gobierno como en la de algunas autoridades municipales, el inmigrante se ha convertido simple y llanamente en sinónimo de delincuente. En Verona, la Liga Norte, partido racista que gestiona la ciudad, acaba de dar carácter oficial a las milicias civiles que patrullan las calles para "ayudar" a la policía en sus "tareas" de prevención de la delincuencia, a pesar de que Verona sea una ciudad donde verdaderamente no hay delincuencia, los extranjeros son mantenidos a raya y la inmigración clandestina es casi inexistente. Claudio Magris, uno de los pensadores y creadores europeos más lucidos de la actualidad subrayó, al recibir recientemente el premio de los libreros alemanes, que estos comportamientos recordaban dolorosamente el pasado fascista de Italia. Como "patriota" italiano, se declaró alarmado ante la ausencia de responsabilidad moral de las elites ilustradas que dejan que se extienda este estado de ánimo. Hay más signos de descomposición de la democracia que preparan el terreno para la llegada de los conservadurismos autoritarios. También en Francia, no pasa un día sin que se pongan en evidencia asuntos de nepotismo, de costumbres que atañen a los responsables en el poder, y de atropello a las reglas democráticas. La prensa, que hace su trabajo (mejor o peor, este es otro asunto, y los que se consideran injustamente calumniados pueden defenderse ante la ley), es ahora objeto de ataques populistas extremadamente duros. Se intenta intimidar a los que levantan la voz.

Todo esto tiene lugar en Europa en un contexto de crisis social y económica: el desempleo, la precariedad, la ausencia de esperanza de quienes se ven desestabilizados de este modo constituyen un terreno fértil para que surja el odio y la violencia en las relaciones sociales. El fascismo de ayer era grosero, brutal, paramilitar; los fermentos actuales de la descomposición de la democracia, ¿no serán los signos precursores de un neofascismo moderno, suave y bien pensante?

Sami Nair

Fuente: El País

Traducción de M. Sampons.

El atún y los piratas

En el esquizofrénico mundo en el que vivimos es tal la cantidad y la mala calidad de información que recibimos a diario (salvo excepciones) que pocas veces recordamos lo visto o leído mas allá de los 3 o 4 días, y menos aún relacionamos unas informaciones con otras (y eso seguramente a alguien le conviene que así sea). Miles de imágenes, sonidos, sensaciones se van acumulando en algunas partes de nuestro cerebro sin conexión y pareciera que sin ninguna lógica.

Hace unos pocos días varias de esas imágenes se agruparon en mi cabeza y tomé una importante decisión que me trajo hasta problemas familiares. Decidí no comer atún por el resto de mi vida, o por lo menos hasta que me garanticen que el mismo ni es fruto del saqueo de mares lejanos, ni está contaminado con desperdicios altamente contaminantes.

El motivo que provocó semejante revelación en mi cabeza fue que mi pareja iba a preparar para la cena unos espaguetis con salsa de tomates y atún. Entonces se juntaron en mi cabeza, la interminable guerra civil en Somalia, el tsunami que afectó al Océano Indico a fines del 2004, los barcos que tiran clandestinamente residuos tóxicos, radiactivos, etc. al mar, los piratas, los barcos y aviones de la OTAN y los atuneros.

Recordé que cuando se produjo el tsunami a fines del 2004, una de las cosas que mas me afectó (aparte de la tragedia misma), fue que en las costas somalíes miles de personas fueron afectadas por problemas de salud como: infecciones agudas del aparato respiratorio, tos severa, sangrado por la boca, hemorragias abdominales, reacciones cutáneas e incluso “muerte súbita”, síntomas idénticos a los de la intoxicación por sustancias químicas o radiactivas (1). Un informe elaborado por el Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA), recordaba que Somalia es uno de los muchos países catalogados como ‘menos avanzados’ cuyas costas se han convertido en vertederos para residuos tóxicos y radiactivos, en este caso debido a la guerra civil y a la práctica inexistencia de estructuras administrativas en las últimas décadas. El tsunami convulsionó las aguas cercanas a las costas somalíes y contaminó las playas, los acuíferos, etc., etc., etc. Hace aproximadamente un mes salía otra nota en un medio alternativo que volvía a hablar de los barcos de muchas nacionalidades que descargan desperdicios radiactivos y tóxicos, plomo, cadmio, etc. en los mares somalíes.

Todos sabemos que en Somalia hace años que no hay un gobierno legítimo, vive en una permanente guerra civil, y que el gobierno reconocido por la ONU solo gobierna en la capital y el resto del país es territorio de distintos clanes y de territorios autónomos sin reconocimiento internacional (Somaliland, Puntland, etc.) (2). En las aguas territoriales somalíes reina el mismo caos que en tierra y nadie creería la historia de que alguna de las potencias que pescan en sus aguas tiene alguna autorización para hacerlo y si la tuviesen sería otorgada por un gobierno de tan dudosa legitimidad que daría risa. Bien, hace unos días leí un artículo que hablaba de los pescadores somalíes convertidos en piratas (en Somalia es mas fácil comprar armas que un kilo de arroz) al verse agotados sus bancos de pescado y al no contar con fuerzas gubernamentales que protejan sus zonas de pesca (3) (4). Así como los pescadores senegaleses al ver arrasados sus bancos de pesca, ven en el negocio de los cayucos una salida económica, los somalíes ven en la piratería una alternativa de vida.

Otros artículos hablaban de mercenarios británicos entre los piratas y de rescates pagados en Londres (5). Y también ahora se pide que haya seguridad privada armada con armas largas en los atuneros (me recuerda a la privatización de la guerra que está llevando adelante USA), ya hay empresas que se están preparando para el negocio (6). Recordemos que los barcos que pescan en esos mares pertenecen a empresas privadas y que la protección que se les está dando por parte de los Estados la pagamos entre todos los ciudadanos. Incluso muchos de esos barcos tiene banderas de conveniencia para no pagar impuestos a sus respectivos países.

Y a todo esto, la OTAN sale a la caza de los temibles piratas para defender el saqueo de nuestros atuneros.

No sé, tanta información, tanta duda, tanta posible mentira, me vuelve a confundir, y la revelación se me esfuma, pero igualmente a pesar de que mi pareja me deje de hablar por un mes y medio, no vuelvo a comer atún, por lo menos hasta que no pueda confirmar que no proviene de las aguas saqueadas y contaminadas de Somalia.

Notas:
(1) http://www.lukor.com/not-por/0503/16191413.htm
(2) http://es.wikipedia.org/wiki/Somalia
(3) http://www.rebelion.org/noticia.php?id=92604
(4) http://www.rebelion.org/noticia.php?id=84216
(5) http://www.mundoarabe.org/somalia_piratas.htm
(6) http://servigilantedeseguridad.blogspot.com/2009/03/seguridad-privada-contra-ataques-pirata.html

Daniel Mansilla es miembro de ATTAC Mallorca.

Fuente: Rebelión

Otros enlaces:

http://despiertateya.blogspot.com/2009/10/la-realidad-sobre-la-pirateria-de.htm
http://www.rtve.es/mediateca/videos/20091022/las-noticias-mas-censuradas/611171.shtml
http://investigar11s.blogspot.com/2009/11/ah-los-piratas.html

Otra agricultura para otro clima

El actual modelo de producción agrícola y ganadero industrial contribuye a profundizar en la crisis ecológica global con un impacto directo en la generación de cambio climático. Aunque a primera vista no lo parezca, la agroindustria es una de las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero.

Así lo ha puesto de relieve la campaña "No te comas el mundo", en el marco de las movilizaciones de estos días en motivo de la reunión de las Naciones Unidas en Barcelona sobre cambio climático, previa a la crucial cumbre de Copenhague (COP15) en diciembre donde debe aprobarse un nuevo tratado que sustituya al de Kyoto.

Según la campaña, entre un 44 y un 57% de las emisiones de gases de efecto invernadero son provocadas por el actual modelo de producción, distribución y consumo de alimentos. Una cifra resultado de sumar las emisiones de las actividades estrictamente agrícolas (11-15%), de la desforestación (15-18%), del procesamiento, transporte y refrigeración de los alimentos (15-20%) y de los residuos orgánicos (3-4%).

Y es que no podemos olvidar los elementos que caracterizan a este sistema de producción de alimentos: intensivo, industrial, kilométrico, deslocalizado y petrodependiente. Veámoslo en detalle.

Intensivo, porque lleva a cabo una sobreexplotación de los suelos y de los recursos naturales que acaba generando la liberación de gases de efecto invernadero por parte de bosques, campos de cultivo y pastos. Al anteponer la productividad, por delante del cuidado del medio ambiente y la regeneración de la tierra, se rompe el equilibrio mediante el cual los suelos capturan y almacenan carbono, contribuyendo a la estabilidad climática.

Industrial, porque consiste en un modelo de producción mecanizado, con uso de agroquímicos, monocultivos, etc. La utilización de grandes tractores para labrar la tierra y procesar la comida contribuye a la liberación de más CO₂. Los fertilizantes químicos utilizados en la agricultura y en la ganadería moderna generan una importante cantidad de óxido nitroso, una de las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero. Asimismo, la quema de bosques, selvas... para convertirlos en pastos o monocultivos acaba afectando gravemente a la biodiversidad y contribuye a la liberación masiva de carbono.

Kilométrico y petrodependiente, porque se trata de una producción de mercancías deslocalizada en búsqueda de la mano de obra más barata y de la legislación medioambiental más laxa. Los alimentos que consumimos recorren miles de kilómetros antes de llegar a nuestra mesa con el consiguiente impacto medioambiental. Se calcula que en la actualidad, la mayor parte de los alimentos viajan entre 2.500 y 4.000 kilómetros antes de ser consumidos, un 25% más que en 1980. Nos encontramos ante una situación totalmente insostenible donde, por ejemplo, la energía para mandar unas lechugas de Almería a Holanda es tres veces superior a la utilizada para cultivarlas, a la vez que consumimos alimentos que provienen de la otra punta del mundo cuando muchos de éstos se cultivan también a nivel local.

La ganadería industrial es otro de los principales generadores de gases de efecto invernadero y su avance ha significado una mayor desforestación con un 26% de la superficie terrestre dedicada a pastos y el 33% a la producción de grano para piensos. Sus porcentajes de emisión equivalen al 9% de las emisiones de CO2 (principalmente por desforestación), el 37% de las de metano (por la digestión de los rumiantes) y el 65% del óxido nitroso (por el estiércol).

Este modelo de alimentación kilométrica y viajera, así como el alto uso de agroquímicos derivados del petróleo, implica una fuerte dependencia de los recursos fósiles. En consecuencia, en la medida en que el modelo productivo agrícola y ganadero industrial depende fuertemente del petróleo, la crisis alimentaria, la crisis energética y la crisis climática están íntimamente relacionadas.

Pero a pesar de estos datos, podemos parar el cambio climático y la agricultura campesina, local y agroecológica, como señala el centro de investigación GRAIN, puede contribuir de forma determinante a ello. Se trata de devolverle a la tierra la materia orgánica que se le ha quitado, después de que la revolución verde haya agotado los suelos con el uso intensivo de fertilizantes químicos, pesticidas, etc. Para hacerlo, hace falta apostar por técnicas agrícolas sostenibles que pueden aumentar gradualmente la materia orgánica de la tierra en un 2% en un periodo de cincuenta años, restituyendo el porcentaje eliminado desde la década de los 60.

Es necesario apostar por un modelo de producción diversificado, incorporando praderas y abono verde, integrando de nuevo la producción animal en el cultivo agrícola, con árboles y plantas silvestres, así como promover circuitos cortos de comercialización y la venta directa en mercados locales. Con estas prácticas, se calcula que sería posible capturar hasta 2/3 del actual exceso de CO₂ en la atmósfera. El movimiento internacional de La Vía Campesina lo tiene claro cuando señala que “la agricultura campesina puede enfriar el planeta”.

Asimismo, hay que denunciar las falsas soluciones del capitalismo verde al cambio climático como la energía nuclear, los agrocombustibles u otras, así como los lobbies empresariales que buscan mercantilizar el tratado de Copenhague. Desde distintos movimientos sociales se exige “justicia climática” frente a los mecanismos de mercado incorporados en el protocolo de Kyoto y que tendrán continuidad en Copenhague. Una justicia climática que debe ir a la par con la “justicia social”, ligando la lucha contra la crisis ecológica global con el combate contra la crisis económica que afecta a amplios sectores populares, en base a una perspectiva anticapitalista y ecosocialista. Para que el clima no cambie, hay que cambiar el mundo.

*Esther Vivas es autora Del campo al plato (Icaria, 2009).
Fuente: Público

La hora de la soberanía alimentaria

¿QUÉ HAY DETRÁS DE UN PLATO DE COMIDA?

Recuperar una semilla local es mucho más que un acto medioambiental. Es un gesto político que vincula al Norte con el Sur y cuestiona el modelo neoliberal de monopolios que ha invadido nuestra alimentación.

Miremos la etiqueta: manzanas chilenas, espárragos peruanos, langostinos de Ecuador, tomates marroquíes, calabazas senegalesas... alimentos kilométricos que recorren la tierra de punta a punta para llegar a nuestros platos. La idea de frutas y verduras de temporada o de productos locales ha pasado a engrosar la lista de conceptos obsoletos, como lo están haciendo muchas variedades hortícolas. De hecho, según la FAO, el 75% de las variedades genéticas de los cultivos agrícolas han desaparecido en el último siglo. Y todo gracias a una lógica neoliberal de mercado que ha entrado de lleno en el sector de la alimentación.

Una lógica de monopolios, de monocultivos que se traduce en bajos precios para los consumidores y consumidoras de los países del Norte, alimentos de mala calidad, grandes beneficios para los intermediarios y las multinacionales del sector, y hambre y miseria en los países empobrecidos donde, casualmente, están la mayoría de productores y productoras de alimentos. Una lógica que condena al movimiento campesino a la desaparición y a la pobreza. De hecho, los últimos datos de la FAO afirman que el número de personas desnutridas ha alcanzado los 1.020 millones. Una cifra que se agrava por la crisis alimentaria de 2008, fruto de la especulación y los agrocombustibles, y la coyuntura económica global.

Lo irónico es que el 70% de las personas que pasan hambre son o eran productores y productoras de alimentos. El discurso oficial habla con alarmismo de la falta de comida, y de la necesidad de una nueva revolución verde en continentes como África (es decir, más semillas modificadas genéticamente y agrotóxicos) para aumentar la productividad. Una revolución que favorecería a las grandes corporaciones del sector, como Monsanto, que aumentaría considerablemente sus ingresos y que perjudicaría directamente a los campesinos y campesinas, haciéndoles más dependientes con la compra de semillas modificadas cada año, contaminando su tierra y su agua y arruinando sus cultivos tradicionales. Algo que ya está pasando en muchos países como Brasil o Paraguay. De hecho, mientras en 2008 el número de hambrientos se incrementaba en cien millones, Monsanto anunciaba que durante el último trimestre de ese año sus beneficios se habían duplicado gracias a la venta de pesticidas (glifosato), especialmente en América Latina, y al incremento del precio de sus semillas entre un 15 y un 20%. Semillas transgénicas destinadas a monocultivos de soja que será exportada para que Europa alimente a su ganado.

Según datos del Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino, sólo al Estado español llegan cada año unos seis millones de toneladas de soja transgénica para dar de comer a pollos, vacas y cerdos. Una soja que en su lugar de origen deja deforestación –unos tres millones de hectáreas, lo que equivale aproximadamente al tamaño de Galicia– contaminación y miles de desplazados y desplazadas. Ante esta situación la respuesta del movimiento campesino no se está haciendo esperar. Está plantando cara a Estados, organismos internacionales y multinacionales luchando por su soberanía alimentaria. Ésta se define como el derecho de los pueblos a decidir sus propias políticas de alimentación, producción y distribución de alimentos, de manera que se garantice el acceso a una comida sana, sostenible y adecuada.

Los alimentos, por tanto, quedan fuera de las exigencias de los mercados y las multinacionales, fuera de la especulación. La Vía Campesina [ver p.18- 19], una coalición de 148 organizaciones creada en 1992, es el mayor representante a nivel internacional de esta lucha. Un momento clave para este movimiento fue el Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria celebrado en Mali, en 2007. Allí más de 500 representantes presentaron la declaración de Nyéléni, donde reclamaron el derecho al agua, a las semillas, a la gestión de la tierra.

Derechos negados

Unos derechos que hasta la fecha no están garantizados en ningún país. Tampoco en el Estado español, donde el movimiento campesino se enfrenta, según Isabel Álvarez, del sindicato agrario EHNE, con el problema de acceso a la tierra, “se priorizan las infraestructuras y la especulación antes que la alimentación local”. El otro gran problema, afirma Álvarez, es “la privatización de todas nuestras fuentes de vida, como el agua o las semillas”. Pero las alternativas también se están articulando, y a través de distintos sindicatos agrarios y organismos se trabaja reclamando la soberanía alimentaria. Un ejemplo muy claro son las movilizaciones contra el cultivo de maíz transgénico en el Estado español. El sistema agroalimentario mundial tampoco beneficia a los consumidores y consumidoras, que de manera indirecta ingieren transgénicos sin saberlo (a través de la carne o la bollería industrial) y ven mermada la calidad de sus alimentos (menos sabor, más químicos, menos variedad). Para Isabel Álvarez su papel también es importante en la lucha por la soberanía alimentaria. De hecho, otra línea que se está trabajando “es la alianza con los consumidores y productores, si las personas se conciencian y son capaces de ver qué hay detrás de un plato de comida, pueden ser la gran fuerza. Modificando nuestros hábitos de consumo día a día, la situación se puede cambiar”.

‘Dumping‘ en el Sur

Práctica por la cual los países ricos invaden, gracias a las subvenciones que reciben, los mercados locales de otros países y hunden su producción nacional. En 2004, en Ghana el kilo de pollo local costaba casi el doble que el procedente de la UE.

Cuidado del entorno

El último estudio de la organización internacional Grain Cuidar el suelo demuestra con datos cómo la agricultura familiar y campesina puede contribuir y ser una buena herramienta para combatir el cambio climático al no ser tan contaminante

Seguridad alimentaria

La seguridad alimentaria defiende el derecho de las personas a tener acceso al alimento necesario para cada día. No dice nada sobre la procedencia o la forma de producción de alimento y las consecuencias que esto pueda tener.

Izaskun Sánchez Aroca. Diagonal

Las causas políticas de la crisis mundial

Si ustedes leen la prensa económica de mayor difusión en España (incluyendo las secciones económicas de los cinco rotativos más importantes del país) apenas verán artículos que tocan las causas reales de la Gran Recesión, es decir, la enorme polarización de las rentas que ha ocurrido en la mayoría de países de la OCDE, y muy en particular, en EEUU, como consecuencia de la aplicación de las políticas liberales iniciadas por el gobierno federal de EEUU del Presidente Reagan y por el gobierno Thatcher de Gran Bretaña, y continuadas por los gobiernos de Bush padre, de Clinton y de Bush hijo en EEUU, y de Tony Blair y de Gordon Brown de Gran Bretaña, así como por los gobiernos de Lionel Jospin en Francia, Romano Prodi y Silvio Berlusconi en Italia, Gerhard Schröder y Angela Merkel en Alemania, y José Mª Aznar en España, así como por los dirigentes de la Comisión Europea, Jose Manuel Durao Barroso y por el equipo económico de tal Comisión liderado por el Sr. Pedro Solbes (como Comisario de Asuntos Económicos y Monetarios). Estas políticas incluían; 1) la reducción de impuestos y gasto público; 2) la desregulación de los mercados laborales, comerciales y financieros, y 3) la reducción de los beneficios sociales y laborales. Cada una de estas políticas contribuyó a la enorme polarización de las rentas, beneficiando las rentas del capital a costa de las rentas del trabajo. La evidencia de ello (ignorada cuando no silenciada en aquellos medios de información) es abrumadora (ver Navarro, V. (ed.) Globalization, Neoliberalism and Inequalities. Baywood. 2008).

En realidad, hay que remontarse a los años posteriores a 1929 (del crash de Wall Street) para encontrar polarizaciones de renta tan acentuadas como ahora. En 1979, el uno por ciento de la población que pagaba impuestos en EEUU recibía el 8% de la renta nacional. Tal porcentaje había subido en el año 2007 a un 18% de la renta nacional. Y si se incluyen las rentas recibidas por aquel 1% de la población de renta superior, como consecuencia de su propiedad de acciones, los porcentajes aumentan de un 10% en 1979 a un 23% en el 2007. Existe una enorme concentración tanto de la renta como de la propiedad, en los sectores superiores de renta del país, alcanzando una polarización sin precedentes desde la Gran Depresión.

¿Por qué el incremento de la polarización?

Las escuelas económicas dominantes han explicado esta polarización de las rentas como resultado de dos hechos. Uno es la introducción de nuevas tecnologías en la actividad económica, que ha dado mayor valor al conocimiento y a las cualificaciones de los trabajadores. En este escenario teórico, el incremento de las rentas superiores se percibe como consecuencia de la importancia que adquiere la formación de los trabajadores en una economía necesitada de personal cualificado. Todo el proyecto intelectual-político de establecer la “sociedad del conocimiento” (promovida por la estrategia de Lisboa del año 2000) estaba basado en esta interpretación de la realidad. Puesto que a mayor educación/ formación, mayor salario, había que invertir en educación y formación. Era un esquema fácil de entender y fácil de llevar a cabo. Según tal argumento, lo que tenía que hacerse para disminuir las desigualdades sociales y prevenir la exclusión social era dar formación a la fuerza laboral. Este mensaje ha sido muy poderoso en estos últimos años.

La segunda explicación que se ha dado de la creciente polarización de rentas era el fenómeno de la globalización, que estaba relacionada con la explicación anterior. Los trabajadores no cualificados en los países ricos competían con los trabajadores no cualificados del tercer y cuarto mundo, forzando sus salarios y condiciones de trabajo a la baja. Esta situación ocurría bien a través de la globalización de la actividad económica (incluyendo la deslocalización de las empresas, trasladándose a países del tercer o cuarto mundo) o mediante la movilidad internacional del trabajo, es decir, la inmigración. Según tal explicación, la globalización ha llevado a un empobrecimiento masivo de los sectores laborales de escasa formación, distanciándose sus rentas de los sectores laborales cualificados menos afectados por tal fenómeno de la globalización.

La despolitización del fenómeno económico

A primera vista parece que ambas explicaciones son creíbles: parecen razonables. Ahora bien, el problema que tienen es que ambas explicaciones despolitizan lo que es un fenómeno profundamente político. Asumen que la importancia del conocimiento y de la globalización como factores causantes de la enorme polarización de las rentas (y de la propiedad) son factores exógenos a la sociedad (algo que viene dado de fuera de la propia sociedad) sin que se vean consecuencia del desarrollo de los conflictos internos existentes en cada sociedad. Tales argumentos representan la apolitización del fenómeno económico, lo cual es un obstáculo para entender lo que ocurre en la sociedad y, poder intervenir para cambiarla. Tanto la introducción de nuevas tecnologías como la globalización, ocurren dentro de contextos políticos específicos que configuran cómo, cuándo y con qué consecuencias ocurre cada uno de estos fenómenos. En otras palabras, tales fenómenos no son las causas de la polarización de rentas sino los síntomas de unas relaciones de poder, que son las causas reales de tal polarización. Veamos los datos.

La reducción de las desigualdades de renta en EEUU que tuvo lugar desde los años treinta a finales de los años setenta fue resultado de la fuerza del movimiento obrero en aquel país. Fue en los años treinta cuando se estableció el movimiento sindical (apoyado por la Administración Roosevelt primero y la Administración Truman después) que organizó, en los años cuarenta y cincuenta, a la mayoría de los trabajadores industriales, la fuerza mayor dentro del movimiento obrero. Más tarde, el movimiento de los derechos civiles en los años sesenta, y los movimientos feministas, así como el movimiento ecologista en los años setenta y ochenta forzaron cambios, no sólo políticos, sino también económicos tales como la prohibición de la discriminación de raza y de género, así como la inclusión de los costes de destrucción del ambiente como factor evaluador de las políticas públicas. Todas estas medidas fueron opuestas por el mundo empresarial que tuvieron que aceptarlas, por fin, a regañadientes, aunque nunca acabaron de incorporarlas completamente en sus prácticas empresariales. Aprovecharon cualquier resquicio en las leyes y prácticas federales para no llevar a cabo su puesta en marcha y desarrollo.

En realidad, la respuesta neoliberal de los años ochenta fue la respuesta del mundo empresarial a las conquistas sociales del mundo del trabajo, que habían conseguido toda una serie de conquistas sociales y laborales en la época 1930-1970, alcanzándose en 1979 la menor polarización de las rentas que EEUU conoció desde los años treinta. La respuesta empresarial se inició ya durante la Administración Carter, cuando su ministro de Economía, el Sr. Volker, inició una recesión como manera de reducir el poder sindical. Las políticas de Carter fueron continuadas y aumentadas por Reagan. Tales políticas representaron un ataque frontal a los movimientos obreros y a los movimientos sociales, y se presentaron bajo el argumento de que eran necesarias para mejorar la eficiencia de la economía. El descenso del salario mínimo, la desregulación de los mercados de trabajo, la desregulación del comercio, la privatización de los servicios públicos, y el aumento de la regresividad fiscal, eran presentadas como necesarias para recuperar la eficiencia de la economía; en realidad estaban orientadas a debilitar al mundo del trabajo. Y todas ellas contribuyeron a incrementar las rentas del capital a costa de las rentas del trabajo, causando un enorme crecimiento de la polarización de las rentas. La manera como se utilizaron las nuevas tecnologías y como se realizó la globalización era consecuencia directa del enorme dominio del capital que diseñó tales políticas públicas con el fin de incrementar su poder y sus rentas a costa de las rentas del trabajo. Y esto ocurrió en ambos lados del Atlántico, alcanzando su máximo desarrollo en EEUU, donde la enorme debilidad del mundo del trabajo y de las izquierdas (en ningún país de la OCDE las izquierdas son tan débiles como en EEUU), ha sido devastador para la calidad de vida de las clases populares. Es importante señalar que el objetivo teórico de tales reformas no se alcanzó. Antes al contrario, la eficiencia económica del periodo 1980-2004 fue menor que la del periodo 1950-1980. Pero aumentar la eficiencia económica no era la causa real de tales políticas. La causa real era aumentar las rentas del capital a costa del trabajo y esto es lo que lo consiguieron, incluso a costa de crear la crisis mundial.

Artículo publicado en Sistema Digital.
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