En lo que parece ser una nueva y peligrosa fase de la crisis, las
tensiones generadas por la crisis del euro están comenzando a
desestabilizar las democracias europeas. Casi dos años de dudas y
divisiones, de falta de coraje y de visión política para adoptar una
solución europea están cebando la desafección ciudadana, tanto hacia las
democracias nacionales como hacia el propio proyecto europeo. Como
hemos visto en Grecia y en Italia, la agudización de la crisis coloca a
los líderes políticos entre la espada y la pared. Por un lado, temen que
si adoptan nuevas y más severas medidas de austeridad sin una
contrapartida en forma de planes de estímulo que garanticen un horizonte
de crecimiento económico, los ciudadanos se acabarán volviendo contra
ellos y, desde las urnas, las calles o los Parlamentos, llevándoselos
por delante. Pero, al mismo tiempo, saben perfectamente que si se
resisten a adoptar esas mismas medidas de austeridad, los mercados les
penalizarán elevando su prima de riesgo y forzando una intervención
exterior, lo que desencadenará su caída, o llevará a que sus socios
europeos retiren el apoyo financiero que les venían prestando, lo que
también provocará su caída.
En estas circunstancias, el agotamiento de la política tradicional de
partidos y la sustitución de los líderes políticos por tecnócratas
añaden un elemento sumamente preocupante desde el punto de vista
democrático. Tanto el nuevo primer ministro griego, Lukas Papademos,
como los nombres que se barajan para futuro primer ministro de Italia,
Giuliano Amato o Mario Monti, economistas con destacadas carreras en
bancos centrales o instituciones europeas, representan la quintaesencia
del tecnócrata. El rechazo de los políticos a someter el control de sus
decisiones, pasadas o futuras, a la ciudadanía, vía elecciones
anticipadas o referendos, apunta a que estos están bajando los brazos
frente a los mercados, que no confían en su capacidad de resolver la
crisis y, sobre todo, que sospechan que su legitimidad está agotada.
Así, en lugar de asumir su responsabilidad, se apartan a un lado y
llaman a técnicos que (supuestamente) carecen de ideología y que
(también supuestamente) conocen las soluciones que sacarán a los países
de la crisis.
El paso encierra un peligro evidente, pues supone confiar la
responsabilidad de gobernar un país que se enfrenta a una grave crisis
económica, con graves e inevitables repercusiones sociales, a alguien
que no deriva su legitimidad de las urnas, sino de la confianza que en
él depositan los mercados y las instituciones internacionales. El
problema es que, tanto en el ámbito europeo como en el ámbito nacional,
los tecnócratas solo se legitiman si son capaces de obtener resultados
positivos de forma relativamente rápida. Dicho de otra manera: la
ciudadanía puede estar dispuesta a aceptar temporalmente y como mal
menor una forma benigna de despotismo ilustrado (“todo para el pueblo,
pero sin el pueblo”), pero si los tecnócratas suman su fracaso al de los
políticos de partido, las sociedades tendrán la tentación de recurrir
al populismo (de izquierdas o de derechas), expresado en hombres-fuertes
que no se paren en procedimientos ni detalles democráticos.
El deterioro de la democracia y la amenaza del populismo no solo penden
sobre algunas democracias deudoras del sur de Europa. Mientras que en
los países deudores una gran parte de la ciudadanía se rebela contra la
imposición desde el exterior de medidas de austeridad, simétricamente,
en los países acreedores (Alemania, Austria, Eslovaquia, Finlandia y
Países Bajos), otra gran parte de la ciudadanía se rebela contra el
empeño de sus líderes en seguir financiando los planes de salvamento de
los países que sufren de iliquidez o insolvencia o, muy especialmente,
contra cualquier solución que implique una nueva transferencia de poder y
recursos hacia la Unión Europea.
En muchos de estos países ya hay partidos muy influyentes cuya agenda
antieuropea tiene cada vez más apoyo popular, así que no hay que
extrañarse de que muchos políticos de esos países se debatan entre
ignorar esas demandas ciudadanas, lo que les puede costar el cargo, o
seguir alimentado los planes de rescate a los países del Sur, lo que
también les puede costar el cargo. Las lágrimas de la primera ministra
eslovaca, Iveca Radicova, en el último Consejo Europeo, abroncada por
Sarkozy por resistirse a firmar el plan de rescate para Grecia,
consciente de que su aprobación suponía el fin de su carrera política y
la salida de su partido del Gobierno, son muy reveladores de hasta qué
punto la crisis europea se ha convertido en un factor desestabilizador
de la política nacional. E incluso en Reino Unido, que no es miembro del
euro, se teme que las presiones hacia una mayor unión política y
económica que está desencadenando la crisis del euro se resuelvan en
sentido contrario, es decir, haciendo imposible evitar un referéndum
sobre la salida de Reino Unido de la Unión Europea, un referéndum que,
con toda legitimidad democrática, muchos ciudadanos reclaman en nombre
de su derecho a decidir sobre sí mismos y el futuro de su país, y que
consideran que se les está hurtando en nombre de unas élites que saben
lo que les conviene mejor que ellos.
Por tanto, la crisis está cebando el populismo y la desafección en dos
direcciones: los ciudadanos de los países acreedores temen verse
arrastrados a una “unión de transferencias” con los ciudadanos de los
países deudores, mientras que los ciudadanos de los países deudores
recelan cada vez más de unos acreedores a los que simplemente ven como
policías de la austeridad sin un proyecto político alternativo que
compense la erosión de su democracia. Se trata de un círculo vicioso que
se retroalimenta y que tiene importantes y evidentes consecuencias
sobre el futuro de la democracia y, en paralelo, del proyecto europeo.
El sentido último de la democracia es que el pueblo se gobierne a sí
mismo. Por eso, aunque un gran número de ciudadanos no entiendan al
detalle las causas, consecuencias y posibles soluciones de las crisis
del euro, sí que tienen clara una cosa: si democracia significa
capacidad de decidir, la capacidad de decisión de nuestras democracias
es hoy sumamente limitada. El debate habido en España el lunes pasado
entre los dos candidatos a la Presidencia del Gobierno ofrece una prueba
muy evidente del dilema en el que viven atrapados los políticos
nacionales en toda Europa: en la práctica, saben perfectamente que las
soluciones a la crisis están fuera de nuestras fronteras. Si se crea
empleo en España o se restaura el crédito a las empresas depende, entre
otras cosas, del tipo de medidas que adopte el Banco Central Europeo, de
los acuerdos a los que lleguemos con Alemania y otros para estimular la
demanda, de si orientamos el presupuesto europeo hacia las grandes
inversiones, o de si creamos impuestos sobre las transacciones
financieras y las emisiones de carbono. Pero, lógicamente, para ganar el
voto de sus ciudadanos, tienen que hacer creer que la solución de la
crisis está en sus manos y que incluso tienen margen de maniobra para
elegir qué cantidad de austeridad aplican y en qué plazos: de ahí que
emplearan tan poco tiempo hablando de cómo construir una Europa que dé
soluciones efectivas y duraderas a la crisis.
Al tiempo que la democracia (como capacidad de autogobernarse) se
evapora del nivel nacional, no aparece por ningún lado y, especialmente,
no reaparece donde debiera hacerlo: en el ámbito europeo. Más bien al
contrario, en lugar de reforzar la democracia en el ámbito europeo, la
crisis está sirviendo para reforzar la tecnocracia en ambos niveles: en
el nacional, poniendo al mando a tecnócratas con amplia experiencia
europea, y en el europeo, reforzando la capacidad de los tecnócratas,
desde el Banco Central o la Comisión Europea, para supervisar a los
Gobiernos de la Unión.
Como ponen de manifiesto las recientes propuestas del presidente de la
Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, de reconfigurar las
competencias del comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, el
finlandés Olli Rehn, para blindarlo frente a las presiones de otros
comisarios (al parecer excesivamente sensibles a los Gobiernos de sus
países de origen) y darle nuevos poderes de intervenir en la gestión
económica y presupuestaria de los Estados miembros, la crisis del euro
está suponiendo la expropiación implícita y por la puerta de atrás de
esa capacidad de decisión en la que consiste la democracia, todo ello
sin debate ni análisis sobre las consecuencias. Que el siempre
excesivamente prudente Barroso y su comisario Rehn se permitieran pedir
en público un Gobierno de concentración nacional en Grecia sin reparar
en que hasta los muy desprestigiados ciudadanos griegos tienen todavía
derecho a un mínimo de dignidad democrática, refleja muy bien hasta
dónde han llegado las cosas: a los ojos de muchos, esta Europa de la
austeridad donde un portugués y un finlandés no respaldados por las
urnas pueden sugerir quién debe gobernar un país se parece
sospechosamente al Fondo Monetario Internacional que campeaba por
América Latina en los años ochenta imponiendo planes de ajuste sin
rendir cuentas ante nadie.
Resulta pues evidente que la crisis del euro y la crisis de las
democracias están íntimamente relacionadas, y no podrán ser resueltas la
una sin la otra. Aunque la crisis actual se desencadena por el choque
financiero que supuso la caída de Lehman Brothers en 2008, la crisis del
euro se origina en un doble error de diseño. Fueron muchos los que
dijeron entonces que, además de los desequilibrios en el sector público,
había que supervisar los desequilibrios en el sector financiero, y
controlar la pérdida de competitividad y el deterioro de las balanzas
comerciales de los Estados. Pero en tiempos de bonanza, esos errores de
diseño, económico y político, fueron ignorados, porque no hay nada más
legítimo que lo que funciona bien. El caso es que, desde el punto de
vista económico, el euro se lanzó sin estar respaldado por un Tesoro
europeo y una política fiscal común. Y en paralelo, la unión económica y
monetaria nació sin un sistema político que gozara de la suficiente
legitimidad para respaldarla.
La preocupación por la democracia en el ámbito europeo, que emergió tras
la rebelión ciudadana contra el proyecto europeo puesta de manifiesto
en el rechazo a la Constitución Europea en Francia y los Países Bajos en
2005, y por el auge del euroescepticismo, puesto de manifiesto en las
elecciones europeas de 2009, fue dejada en un segundo plano y apartada
como algo incómodo. El problema es que, al igual que la bonanza en la
que han vivido muchos países europeos, incluido España, durante la
última década, tiene que ver con esos errores de diseño del euro, que
inundó de dinero barato muchas economías y alimentó los desequilibrios;
la recesión en la que nos adentramos ahora también tiene que ver con el
diseño de la unión monetaria, con un Banco Central Europeo centrado en
la inflación, y no en el crecimiento y el empleo, y sin más capacidad
que la de parchear la crisis, pero no de solucionarla definitivamente.
En una Unión Europea boyante, la preocupación democrática era más bien
de carácter estético. Pero cuando los errores de diseño en la unión
económica y monetaria comienzan a afectar decisivamente la vida diaria y
horizontes de futuro de decenas de millones de personas, socavar su
capacidad de autogobierno y deteriorar la calidad de la democracia, esa
preocupación por cómo se gobierna Europa tiene que volver al centro del
debate político.
Nos encontramos ante una situación inédita en la historia de la
democracia. Históricamente, la democracia solo ha existido en dos
niveles: la polis griega y el Estado-nación. Como sabemos, no hubo
transición de una a otra ni coexistencia entre ambas formas: una
desapareció y la otra emergió siglos después. A lo que estamos
asistiendo ahora es a la difícil coexistencia de la democracia en el
ámbito nacional con la emergencia, en el ámbito europeo, de un nuevo
centro de poder, una nueva pauta de toma de decisiones que afecta al
núcleo central de la democracia. El problema es que al igual que los
mecanismos que hicieron funcionar la democracia en la ciudad-Estado no
sirvieron para gobernar los Estados-nación, las actuales democracias
representativas se están mostrando incapaces de gestionar eficaz y
democráticamente ese sistema que está emergiendo en el ámbito europeo.
El gran logro de Europa, su verdadero patrimonio, es haber logrado
construir sociedades abiertas regidas por Gobiernos al servicio de los
ciudadanos y sometidos a reglas democráticas. Por definición, toda regla
es imperfecta, ya que está diseñada por humanos falibles que actúan con
un conocimiento limitado e imperfecto de una realidad cambiante, así
que esas reglas se han construido trabajosamente, mediante ensayo y
error. Ahora, el mantenimiento del carácter esencialmente democrático de
nuestras sociedades depende de qué reglas del juego nos dotemos en el
nivel europeo para resolver esta crisis.
Esas reglas pueden profundizar la democracia europea o profundizar el
deterioro de la democracia en el ámbito nacional. Por eso, en último
extremo, esta crisis es política, y sus soluciones son políticas no
técnicas, y no deben ser gestionadas por tecnócratas, ni en los Estados,
ni en Europa, sino por los ciudadanos y sus representantes legítimos.
José Ignacio Torreblanca
El País
