miércoles, 5 de marzo de 2014

¿Puede evitarse la inmigración irregular?

Cada día nos enteramos de que un grupo de inmigrantes, muchas veces numeroso, ha logrado entrar en España saltando la valla, en precarias pateras o incluso a nado. Sin contar los que llegan por otras vías menos dramáticas. Quince de estos inmigrantes murieron por una represión desmedida sin que nadie asuma la responsabilidad de estos probables homicidios. Mientras tanto, más de mil esperan en Marruecos, a veces durante más de un año, la oportunidad de entrar en una España para nosotros inmersa en una profunda crisis pero que para ellos representa la oportunidad de escapar de una vida miserable o incluso de conservarla.

Ante esta situación, la respuesta de España y de toda Europa se limita a idear métodos cada vez más eficaces para detenerlos o a dirigir sus esfuerzos diplomáticos para que otros países los empleen. Será inútil: antes que un problema de seguridad se trata de un problema de física. Hemos sabido que la frontera que separa España de África es la que muestra una mayor desigualdad entre la riqueza de ambas partes, quizás con la excepción de los dos Coreas. Y ello implica una presión semejante a la que se produce en un laboratorio entre dos líquidos de diferente saturación separados por una membrana. Como en este caso es imposible una separación hermética entre ambas partes, el flujo de inmigrantes está asegurado, aunque los medios represivos consigan algunos éxitos ocasionales.

Las soluciones que propone la derecha, además de indignas son inútiles: desde el aumento de los efectivos policiales hasta defender el uso de armas antidisturbios, pasando por la eliminación de cualquier garantía jurídica aplicable a los inmigrantes. Desde luego que no todos los inmigrantes que tratan de entrar en España sufren hambre, pero sí la sufren millones (unos 850 millones) de personas de los países de donde vienen. Y no se trata del hambre que podemos conocer nosotros sino de aquella que obliga a dejar de alimentar a los niños más débiles para asegurar la supervivencia de los más sanos o la que provoca una retracción de los tejidos hasta dejar los huesos al descubierto. Y a una persona en esta situación o a los hijos más fuertes que deciden escapar de ese infierno para ayudar a su familia será inútil amenazarlos con concertinas o pelotas de goma. Muchos de ellos han visto morir a compañeros suyos y vuelven a intentarlo una y otra vez.

Pero los argumentos que apelan a sentimientos humanitarios no bastan. Porque si nos quedamos en ellos la respuesta se limita a organizar ayudas puntuales para paliar las consecuencias de esta situación, distribuyendo alimentos, tratamientos médicos y campamentos de refugiados. Actividades indispensables, por supuesto: no se trata de desvalorizar el trabajo en ocasiones heroico de tantas ONG que han logrado salvar muchas más vidas que quienes nos limitamos a escribir sobre el problema. El argumento falaz de quienes sostienen que la ayuda humanitaria es negativa porque sustituye obligaciones de los Estados pierde de vista que sin esa ayuda enfermarían y morirían muchas más personas mientras los Estados seguirían sin cumplir con su obligación. Sin embargo, estas ayudas nunca podrán sustituir la acción política que exige intervenir en el origen de la miseria, para lo cual es necesario comprender las complejas causas del hambre.

Una explicación habitual atribuye esas causas a los fenómenos naturales como las sequías, la desertización y también a la corrupción de gobernantes a los que solo interesa su prosperidad personal. Una excelente manera de distribuir la responsabilidad entre una naturaleza inocente y una población culpable de su propia miseria por permitir gobernantes corruptos. De todo eso hay, sin duda. Pero se habla menos de otras causas que agravan el problema del hambre y que salpican a las naciones ricas.  Jean Ziegler, que fue relator especial de la ONU para el derecho a la alimentación, ha publicado un libro titulado Destrucción masiva, que aporta datos importantes para comprender el problema. El libro es irregular y algo desordenado, pero incluye datos y experiencias de primera mano contadas por una persona que ha intervenido directamente en muchos conflictos relacionados con el hambre.

El precio de los alimentos, sobre todo de aquellos de primera necesidad como el arroz, el trigo y el maíz, han aumentado exponencialmente a partir del 2008 y sobre todo del 2011, casualmente desde que comenzó la crisis. Por ejemplo: en ocho meses los precios del maíz aumentaron un 73%; el trigo aumentó en solo seis meses en distintos países entre el 16% y el 54%; el arroz subió un 46% durante el mismo período en Vietnam. Y así en otras partes. ¿Qué ha sucedido? Ziegler lo explica así: “como consecuencia de la implosión de los mercados financieros, que ellos mismos provocaron, los `tiburones tigre´ más peligrosos y por encima de todos los Hedge Funds estadounidenses, migraron a los mercados de materias primas, especialmente a los mercados agroalimentarios.” Y estos mercados encontraron en la fabricación de biocombustibles uno de los negocios más rentables. Un ejemplo: en Sierra Leona, el país más pobre del mundo, una empresa multinacional (Addax Bioenergy) ha adquirido una concesión de 20.000 hectáreas, ampliables a 57.000,  para fabricar bioetanol destinado al consumo europeo, operación financiada por el Banco Europeo de Inversión y el Banco Africano de Desarrollo. Esta operación implicará expulsar de sus tierras a muchos campesinos que obtenían de ellas arroz, mandioca y legumbres a cambio de unos dudosos puestos de trabajo en la nueva empresa. En cualquier caso, esas tierras ya no producirán alimentos sino combustibles para automóviles que esos campesinos ni conocen. Y, según Ziegler, son incontables los terrenos del tercer mundo que las empresas multinacionales han comprado para sustituir la producción de alimentos por el cultivo de plantas destinadas a fabricar biocombustibles. Es evidente que resulta más rentable alimentar automóviles que seres humanos.

Y no es solo eso. Los apóstoles del libre mercado callan ante las subvenciones de que disfruta la agricultura europea y que impiden a los agricultores de países pobres ofrecer sus productos a occidente a precios competitivos. Tampoco se habla de las llamadas compras de terrenos y cosechas a futuro que realizan los fondos de inversión, adquiriéndolas por anticipado para ofrecer los productos cuando los precios hayan subido. Hasta el senado estadounidense mostró su preocupación por una “especulación excesiva” en los mercados del trigo ya que algunos traders poseen hasta 53.000 contratos al mismo tiempo. Mientras tanto, muchas subvenciones públicas de países ricos se entregan a dudosos gobiernos  o intermediarios sin tomarse el trabajo de gestionar y verificar su empleo, con el único objetivo de mejorar las estadísticas de ayuda al subdesarrollo.

Hay que reconocer que las propuestas represivas tienen mayores posibilidades de ser aplicadas que la única solución razonable a este problema, que se interna en el resbaladizo terreno de la utopía: conseguir que los inmigrantes puedan vivir en sus países. Aunque estamos en la primera época histórica en que este objetivo sería técnicamente posible, para ello sería necesario el empleo de un recurso mucho más escaso que los fondos necesarios: la voluntad política de hacerlo. Si bien es verdad que las condiciones climáticas y la existencia de gobiernos corruptos es una de las causas del hambre, también lo es que la especulación de empresas multinacionales de los países ricos están agravando el problema sin que occidente intente siquiera reaccionar. Y no es verdad que los países ricos carezcan de competencias en este problema: los fondos de inversión no pagan impuestos en sus transacciones, los paraísos fiscales donde operan están incluso dentro de la Unión Europea, los bancos con los que trabajan están bajo la autoridad de los gobiernos, la desregulación de las finanzas es escandalosa. Y mientras cuando estalló la crisis salieron de debajo de las piedras ingentes cantidades de dinero para salvar al sector financiero, nada parecido se ha hecho ante un problema mucho más grave: la muerte por hambre de decenas de millones de personas al año. Todo ello sin entrar en el tema de las consecuencias de las antiguas políticas coloniales, de cuyos efectos, que aún perduran, las naciones europeas tienen alguna responsabilidad, aunque no pueda hablarse ya de culpa.

Se pueden seguir inventando métodos para evitar la llegada de inmigrantes: no servirán para evitar su entrada sino solo para provocar más daños a algunos de ellos.

Augusto Klappenbach
Filósofo y escritor
Público.es 

lunes, 3 de marzo de 2014

¿Suiza? Sí, por supuesto

El mundo está a punto de completar el mayor salto atrás de su historia desde que el meteorito se llevó por delante a los dinosaurios y lo puso todo perdido de ceniza y humo. Hemos retrocedido tanto y tan rápido que la vertiginosa sensación de movimiento confunde e induce a pensar que todo está cambiando, cuando en realidad las cosas solo vuelven a ser en esta parte del mundo como nunca habían dejado de ser en la mayor parte del planeta.

La economía vuelve a funcionar en base a relaciones de producción donde unos pocos acumulan los beneficios y a la gran mayoría, a la fuerza del trabajo, solo se le asegura el mínimo de subsistencia para que puedan seguir trabajando al día siguiente. En la política, hemos retornado a sistemas donde solo los propietarios deciden y caminamos hacia sistemas donde solo los propietarios tendrán derechos y solo a ellos corresponderá determinar si los no propietarios tienen derecho a algo. El Estado del Bienestar retrocede hacia aquella vieja concepción punitiva donde, además de acreditar ser víctima de la desgracia y necesitar ayuda, los individuos que la pretendan han de probar que se la merecen. En política internacional, primero regresamos a la Guerra Fría y ahora ya hemos entrado de lleno en la época colonial.

Las guerras de Irak o Afganistán, o Libia, operaron bajo la retórica de la "comunidad internacional". La teoría establecía que se trataba de intervenciones guiadas por la comunidad internacional para preservar bienes comunes como la paz, la democracia o los derechos humanos y para detener el exterminio de la población civil. Todos sabemos que la realidad era otra. Guerras por los recursos naturales, el control estratégico y el gran negocio militar. Películas de buenos y malos donde los buenos siempre éramos nosotros. Cambiábamos regímenes corruptos y fieles pero ineficientes, por otros más corruptos, mas fieles y más eficientes, al menos en teoría. No suponía un gran avance, pero al menos las intervenciones debían respetar unas reglas y un escrutinio mayor por parte de la opinión pública, pudieron pararse algunas matanzas y los gobiernos debían esforzarse para justificar sus acciones. 

Con Siria volvimos al esquema de la Guerra Fría. Áreas de influencia donde ninguna potencia interviene en el territorio de otra y cada una ordena el suyo como le parece. El espacio está repartido y no se discute. Solo se abren corredores "humanitarios" para sacar los muertos, meter unas cajas de medicinas y limpiar algunas conciencias.

Con Ucrania hemos regresado al modelo puramente colonial. No falta ni un clásico como Crimea. Nos estamos repartiendo un país y las potencias despliegan y exhíben su fuerza para reclamar su parte. Ni comunidad internacional, ni democracia, ni libertad, ni derechos humanos, ni gaitas. Esto es mío y me lo quedo. Ninguna potencia necesita más justificación o retórica.

La misma Europa que se va construyendo como un búnker blindado contra toda la desgracia y la miseria que rodea sus fronteras, se indigna y escandaliza cuando mueren inmigrantes entre los alambres de sus vallas y playas, cuando los rusos se ponen a construir su propia fortaleza, o cuando los USA actúan como esa policía a quien nadie quiere pero todos llaman para arreglar sus problemas. Una década de horror y genocidio en los Balcanes no han servido ni para que aprendiéramos la lección. Solo para hacernos más cínicos.

Admitámoslo. Tienen razón Botín, Francisco Granados o Bárcenas. Ellos sí que saben. En este mundo globalizado, inestable y peligroso, solo hay una cosa que nunca cambia, siempre es segura y siempre hace falta para firmar tantos tratados de paz y guardar tanto dinero: Suiza.

Antón Losada
eldiario.es

sábado, 1 de marzo de 2014

Única solución: refundar unas Naciones Unidas capaces de establecer un nuevo orden mundial

Es patente el caos en que han desembocado la codicia y las ambiciones hegemónicas de unos cuantos países y la total irresponsabilidad intergeneracional con que han intentado gobernar el mundo.

Es necesario y apremiante poner en práctica la Carta de las Naciones Unidas y el diseño de cooperación, solidaridad, justicia y libertad para la “igual dignidad de todos los seres humanos”, tan bien establecidos en los “principios democráticos” de la Constitución de la UNESCO.

Está clara la crisis sistémica –ética, social, política, económica, medioambiental,…- que estamos atravesando y que, como tantas veces he repetido, requiere múltiples transiciones:

• La transición desde una economía de especulación, deslocalización productiva y guerra a una economía de desarrollo global sostenible y humano.

• La transición desde una cultura de imposición, dominio, violencia y enfrentamiento a una cultura de encuentro, conversación, conciliación, alianza y paz.

• Una transición, en suma, de la fuerza a la palabra.

La Carta de las Naciones Unidas se inicia con un párrafo en el que, insisto, se sintetiza la razón de ser de las Naciones Unidas en 1945 y, hoy mismo, las soluciones que podrían permitir a la humanidad en su conjunto iniciar una “nueva era”: “Nosotros, los pueblos… hemos resuelto evitar a las generaciones venideras el horror de la guerra”. No se cita a los gobiernos o a los Estados sino a los pueblos, que son quienes deben tener en sus manos las riendas del destino común. Y no se aplica, una vez más, como se ha hecho a través de la historia, el perverso adagio de “Si quieres la paz, prepara la guerra”. Se tiene que “evitar el horror de la guerra”, es decir, se debe construir la paz. Paz en uno mismo, paz en relación a los demás, en relación a nuestro entorno, paz a escala nacional, a escala regional, a escala mundial. Pero el inicio de la Carta nos da otra clave esencial para el mañana: la responsabilidad intergeneracional, el tener en cuenta, como compromiso supremo, según palabras del Presidente Nelson Mandela, a la generación que llega a un paso de la nuestra. Debemos cuidar la habitabilidad de la Tierra, y debemos cuidar también desde un punto de vista conceptual nuestro legado, de tal manera que todos los seres humanos, y no sólo unos cuantos, puedan vivir dignamente.

El neoliberalismo globalizador sustituyó a las Naciones Unidas por grupos plutocráticos y los valores éticos por los bursátiles, por el mercado. El resultado está a la vista: crisis de toda índole y de gran profundidad, en la que todos los parámetros se agravan, con en efecto, desigualdades inadmisibles -85 personas, según OXFAM, acaparan una riqueza equivalente a la de la mitad de la humanidad (¡!), estimada en 3.300 millones de seres humanos, que sobreviven (o mueren) en condiciones de pobreza extrema-; amenaza nuclear; tráficos supranacionales de drogas, personas, armas…; incumplimiento reiterado de las responsabilidades propias de ciudadanos democráticos, puesto que evaden los impuestos en lugar de procurar comportarse como corresponde a las representaciones fidedignas de la voluntad popular... Hace años, a principios de la década de los ochenta, puse de relieve que la adopción de medidas no podía aplazarse, especialmente en casos de potencial irreversibilidad. Y hoy, de manera particular en todo lo que tiene que ver con los procesos sociales y naturales, en lugar de asumir con criterios socialmente apropiados y con rigor científico la situación, nos dejamos guiar exclusivamente por el cortoplacismo de los beneficios dinerarios. El mercado lo domina todo, mientras que la propia habitabilidad del planeta se deteriora.

Sólo el poder ciudadano, sólo “Nosotros, los pueblos…” puede ahora terminar con la deplorable situación mundial y esclarecer los sombríos horizontes actuales.

Los siguientes títulos publicados en los últimos días en un periódico (“El País”) pueden hacernos reaccionar y expresar en un gran clamor popular el rechazo total, la objeción de conciencia y la desobediencia cívica a quienes intentan, a pesar de la severidad de los retos y amenazas que afligen a la humanidad, seguir favoreciendo la pujanza de unos cuantos cuando los muchos ven cómo se van mermando cada día sus necesidades materiales, intelectuales y culturales:

• “La rebelión laica en Siria se rompe”.

• “Ucrania se hunde en la violencia” y “La represión desencadena una matanza”.

• “Los desmanes de la mayor mina europea de cobre a cielo abierto” (las multinacionales mineras siguen produciendo estragos en el medio ambiente… llenándose los bolsillos y colmando los paraísos fiscales).

• “El negocio del cambio climático. Empresas y fondos apuestan por industrias que se beneficiarán del aumento de las temperaturas. Para los inversores, la clave estará en el agua…”.

• “Tres años después de la primavera árabe"... (y once años después de la invasión de Irak… en medio del total desconcierto, aunque, eso sí, los yacimientos de petróleo ya están, desaparecidos Sadam Husein y Gadaffi, en manos de los “grandes del poder energético”…)

• “Se ven luces, pero Oriente Próximo no mejora”: es de especial urgencia terminar con la vergüenza del “eterno” conflicto palestino—israelí… sólo, con la autoridad de unas Naciones Unidas dotadas de un apoyo global y de los medios humanos, financieros y técnicos necesarios, podría reorientarse adecuadamente y sin mayor retraso, el futuro de Siria, Egipto…

• “Inflamable” (las noticias que llegan de Ucrania, Tailandia o Venezuela hacen evidente que la historia es una pelea perpetua…).

• “59 años de cárcel para siete acusados de inducir a la prostitución a menores…” (el tráfico y consumo de drogas, inmensamente mortíferos, no se resolverán hasta que se enfrenten, con acciones reguladoras apropiadas, como problemas de orden sanitario y no de seguridad, y dejen de promoverse, por los fabulosos réditos que proporcionan y por la existencia de paraísos fiscales, que nunca desaparecerán porque son los países más ricos de la Tierra, cuya brújula está desquiciada por la ambición, los que los protegen celosamente).

• “Pequeña guerra fría: el contraataque de Bruselas a Suiza intenta contener la escalada populista en Europa”…

• “Justicia Universal, sí, si no afecta al amigo… La presión política y la diplomática se imponen sobre los derechos si los criminales son socios. Prima la geoeconomía”…

• El G-20 promete un plan para acelerar el crecimiento un 2% en cinco años", y "las tensiones por la fragilidad de los emergentes afloran en el G-20"

Ya ven: “Para muestra, dice el refrán, vale un botón”. Este desolador panorama requiere con gran apremio un Sistema de Naciones Unidas eficaz para toda la humanidad, sin excepciones. El Partido Republicano de los Estados Unidos se opondrá siempre –como lo hizo ya en 1919 con la Sociedad de Naciones- a que la justicia, la seguridad y la paz sean garantizadas por la unión de todos los países, capaces de reaccionar con prontitud y contundencia cuando un país recurra a la violencia, contraviniendo los principios de convivencia democrática.

Democracia a escala mundial es la solución.

Por primera vez en la historia, podemos construirla e incorporarla a nuestro comportamiento cotidiano. El tiempo de la obediencia ciudadana y de la sumisión ha terminado. Podemos expresarnos libremente y tenemos que hacer posible la gran inflexión histórica de la oligocracia a la democracia, del bienestar de unos cuantos al bienestar generalizado, donde cada ser humano único pueda desarrollar plenamente las facultades que le distinguen.

“Nosotros, los pueblos…” tenemos la palabra. Unos cuantos tienen la fuerza. No estemos distraídos ni atemorizados: ha llegado el gran momento, después de tantos siglos de oprobio y sumisión, en que la palabra prevalezca sobre la fuerza. 

Federico Mayor Zaragoza
El Mercurio Digital

lunes, 6 de enero de 2014

Ya no es posible la reforma

La empresa sueca H&M producía en China, pero ahora traslada el 80% de su producción a Etiopía. Los 300 euros mensuales de salario que pagaba a los trabajadores chinos le parecen excesivos. En el país africano pagará solo 45 euros mensuales.
 
En Guatemala, las transnacionales acaparan tierras e imponen monocultivos de caña de azúcar y palma. Como acaparan tierras en África desde hace tiempo y arrojan a las poblaciones autóctonas a la pobreza, como denuncia Intermón Oxfam.
 
Los sumisos gobiernos de occidente imponen una austeridad presupuestaria criminal para poder ayudar millonariamente al sector bancario. Y en España los salarios han disminuido 12% de 2010 a 2012. Mientras una innecesaria ley de seguridad ciudadana y otra más innecesaria reforma del Código Penal convierten a la ciudadanía en permanente sospechosa y delincuente por protestar contra las violaciones de derechos que sufre.
 
Entre tanto, la negociación internacional para afrontar el cambio climático es bloqueada por las grandes industrias contaminantes en la cumbre de Varsovia. Y The New York Times publica que desde la caída del Muro de Berlín se han firmado más de 3.000 tratados internacionales para proteger los intereses de las multinacionales. En Namibia, por ejemplo, el Gobierno no puede aplicar las leyes anti-tabaco aprobadas porque la multinacional Phillip Morris lo ha demandado por atentar contra sus intereses.
 
Un sector financiero desbocado y sin control especula por todo el planeta con todo lo que se mueve. Donde había becas ahora hay créditos, que los estudiantes tardarán años en devolver. Y sólo hay atención sanitaria si se pagan seguros privados. Los medios de comunicación intoxican y manipulan la realidad, mientras la élite económica arremete contra las pensiones públicas en beneficio de fondos privados de pensiones. Incluso el agua y el aire son objeto de especulación. No es arriesgado afirmar que habrá más burbujas financieras. Se ha vuelto financiera casi toda la economía, porque la economía real ya no proporciona los beneficios pretendidos a la reducida clase dominante. Pues es mucho más rentable especular con deuda pública, privada, derivados o futuros que invertir en la economía real, la que atiende las necesidades de la gente.
 
Entretanto persisten impunes e incólumes los paraísos fiscales sin que ningún gobierno ni organización internacional haga nada para acabar con esos antros que albergan y mantienen oculto y protegido el dinero de la corrupción, la evasión fiscal y el crimen organizado.
 
En resumen, una verdadera guerra de los ricos contra los pobres.
 
Como recuerda Teresa Forcades, el capitalismo es incompatible con la vida, con la libertad, con la justicia, con la democracia y con los derechos de las personas. Y por ello cabe concluir que el capitalismo es irreformable. La salida solo puede ser un cambio profundo: una transformación política, económica, social y cultural a fondo. Lo que se suele llamar revolución. No violenta, por supuesto.
 
Pero hay quien no aprende ni a tiros y cree que con algunas medidas volveremos a la situación de 2006, antes de que estallará la crisis de las hipotecas basura, a la que siguió la crisis financiera tras hundirse Lehman Brothers. Y así, tres cuartas partes de afiliados al partido socialdemócrata alemán (SPD) han votado que su partido forme coalición de gobierno con Ángela Merkel, la principal austericida de Europa. Y un dato revelador: en las elecciones presidenciales de Chile ha vencido la socialdemócrata Bachelet, pero de trece millones y medio de chilenos con derecho a votar, solo lo han hecho algo menos de ocho; menos de la mitad: 41%. ¿Advertencia? ¿Síntoma? ¿Patología?
 
Pues, como insiste Alberto Garzón, “ya no es posible la socialdemocracia, sino solo el socio-liberalismo al servicio del capital, porque la socialdemocracia hizo suyas las reglas del capitalismo.
 
De seguir apatía, resignación y miedo, sería una victoria del capitalismo y su insistente falacia de que no hay alternativa, de que no podemos cambiar las cosas. Y sí hay alternativas. El reto es convertir la mayoría social que sufre el saqueo llamado crisis en una mayoría política que consiga poder. Sin pretender formar un frente impecable homogéneo, sino ser capaces de unirse para recuperar la democracia con gentes de otras visiones políticas, sociales o nacionales. Porque es más lo que nos une, la condición de víctimas del capitalismo, que lo que nos diferencia. Lo conseguimos o no rompemos con este modelo predador.
 
Xavier Caño Tamayo es Periodista y escritor,
Fuente: Centro de Colaboraciones Solidarias  (CCS), España

martes, 10 de diciembre de 2013

Mensaje a la OMC: El agua no es una materia prima

WASHINGTON, 5 dic 2013 (IPS) - Mientras prosigue en Indonesia la reunión ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), activistas les reclaman especificar que los recursos hídricos no pueden tratarse como productos básicos.

Quienes critican las privatizaciones y la “financiarización” de los recursos naturales señalan el creciente interés de los inversores multinacionales en comercializar los recursos hídricos comunes. Este cambio pueda tener efectos particularmente dañinos en las comunidades pobres y marginadas.

Aunque en 2010 el derecho universal al agua (y al saneamiento) se consagró en pactos internacionales, los acuerdos de comercio todavía no han tomado nota, un vacío que se vuelve cada vez más peligroso para algunos especialistas”.

“La financiarización y la privatización del agua ya es en gran medida un objetivo a largo plazo de importantes inversores y empresas multinacionales”, dijo William Waren, analista en políticas comerciales de la oficina estadounidense de Amigos de la Tierra, en diálogo con IPS.

“Estas entidades apuestan a que el agua se comercie y distribuya de un modo muy parecido al petróleo. Ellos saben que el calentamiento global volverá cada vez más escasos los recursos hídricos, así que quieren apoderarse de ellos y terminar vendiéndolos al precio que piden”, sostuvo.

Waren mencionó a Suez Environment, el gigante francés del agua, y a T Boone Pickens, el magnate estadounidense del petróleo que se pasó al sector de las energías alternativas. Pero, más allá de dónde se ubiquen estos inversores, su objetivo es trasnacional.

En coincidencia con la conferencia ministerial de OMC, que se lleva a cabo desde el martes 3 hasta este viernes 6 en Bali, Indonesia, Amigos de la Tierra Internacional presentó una serie de estudios sobre las experiencias de una decena de países en la financiarización de recursos hídricos.

El informe plantea que una confluencia de instituciones financieras y corporaciones internacionales están “pavimentando el camino” para este proceso.

Esas grupos están recibiendo un apoyo clave de los acuerdos comerciales internacionales, tanto por las vaguedades de los que ya existen como por estrategias explícitas en otros que se están negociando, encabezados en particular por Estados Unidos.

Se trata de “fuerzas motrices de la desregulación y la liberalización que abrieron los sectores del agua y el saneamiento al lucro corporativo, y que son componentes básicos de la arquitectura de la impunidad que lo protege”, señala el informe.

“Entre ellos se destacan las nuevas modalidades, cada vez menos transparentes y menos democráticas, de asociaciones transoceánicas lideradas por Estados Unidos… y la agenda de la OMC sobre servicios ambientales”, agrega.

Viejos bienes públicos

En este debate es clave el pacto firmado hace más de medio siglo, predecesor de la actual OMC que se creó en 1995, conocido como Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT).

Las disposiciones del GATT siguen rigiendo las políticas de comercio de bienes materiales, si bien ni en este ni la OMC han definido claramente qué constituye un “bien” ni si el agua lo es.

“El punto de vista tradicional en el derecho internacional es que el agua es un bien público, así que ya en 1948 no había ninguna consideración sobre lo que las grandes corporaciones contemplan hoy: el control completo del sistema, desde el pozo hasta el grifo”, planteó.

“Así que necesitamos asegurarnos de que los nuevos acuerdos comerciales ofrezcan garantías específicas de que el agua es parte de los bienes públicos, que no es una mercadería ni un producto”, añadió.

El debate de la OMC sobre el comercio de servicios continúa, mientras los países ofrecen sus propios compromisos. Hasta ahora ningún país asumió compromisos sustanciales en relación al abastecimiento doméstico de agua.

Los debates de esta semana en Bali aparecen como la última posibilidad de que la OMC llegue a un acuerdo multilateral, pues la actual Ronda de Doha, iniciada en la capital de Qatar en 2001, acumula más de una década de frustraciones.

Las energías liberalizadoras han virado mientras tanto a negociaciones multilaterales y bilaterales y a acuerdos de inversión.
Dos de los mayores están actualmente en negociación, ambos están liderados por Washington: el Acuerdo de Asociación Transpacífico, de 12 países, y un área de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. Si se concretan, abarcarán la mayor parte de la economía mundial.
 
Pero estos pactos comerciales también conllevan estrictos requisitos que favorecen a las empresas, y mecanismos cuasi judiciales de implementación que sitúan a los inversores al mismo nivel que los Estados soberanos.

Si bien la Organización de las Naciones Unidas estableció en 2010 el derecho universal al agua, los tribunales que entienden en disputas en el marco de acuerdos de inversiones no suelen reconocer el derecho humanitario internacional. Por eso es importante que la OMC se pronuncie explícitamente en el debate sobre el agua como mercancía comerciable.

Un tercio más caro
Es paradójico que la puja hacia una mayor financiarización del agua la encabece Estados Unidos, cuya experiencia en la privatización de las empresas públicas de agua ha sido notoriamente negativa.

La mayor empresa privada de agua de este país, American Water, fue antes propiedad de una compañía alemana, que se retiró en gran medida por la resistencia social a que capitales privados y extranjeros fueran dueños de los recursos hídricos.

“Claramente ha habido resistencia a la propiedad privada”, dijo a IPS la investigadora Mary Grant, de Food & Water Watch (FWW). “Las comunidades dejaron en claro que quieren propiedad local, a fin de controlar la calidad del servicio y las tarifas”.

Estudios de FWW concluyeron que empresas de servicios públicos que son propiedad de inversores en decenas de estados estadounidenses cobran un tercio más que las estatales. Los sistemas con fines de lucro también presentan problemas cuando se necesita extender el servicio, pues las empresas son reticentes a ampliar la cobertura a zonas pobres o comunidades muy pequeñas.

“La experiencia de Estados Unidos muestra que la privatización del agua ha sido un fracaso”, dijo Grant. “No ha generado mejores servicios, pese a la suba de precios, y  a menudo fueron peores. La provisión local y pública es la manera más responsable de garantizar que todos tengan acceso a agua limpia y barata”.

Carey L. Biron
IPS noticias
Carey L. Biron

miércoles, 6 de noviembre de 2013

Crecimiento y el código genético del capitalismo

La expansión de plantaciones de palma de aceite (Elaeis guineensis) desde el sudeste asiático hasta inmensas regiones de África es una de las causas más poderosas de destrucción de bosques tropicales en el mundo. Cada año miles de hectáreas de bosque son convertidas a la producción de palma. Biólogos y ecólogos tienen razón en estar preocupados y en clamar por un cambio en este proceso. Pero algo falta en su análisis.
 
Normalmente se proponen cambios en dos vertientes. Por un lado se sugiere la necesidad de detener o aminorar el crecimiento económico, como si se tratara de una manía, una moda o una obsesión. Por el otro, se exhorta a reducir el impacto sobre la biodiversidad a través de mejores prácticas de manejo de recursos, mejores tecnologías o por medio de mayores niveles de reciclaje y manejo de desechos. ¿Será ésta la solución a largo plazo?

Hoy sabemos que ni el cambio tecnológico, ni los diferentes esquemas de regulación y certificación, han frenado la destrucción de biodiversidad. Por ejemplo, en 2001 se estableció un régimen de regulación para la producción de palma de aceite: la Mesa redonda para la palma de aceite sustentable (RSPO) que tenía por objeto fijar lineamientos técnicos para la producción sustentable de palma. Entre las empresas que acordaron seguir estos principios se encuentran Nestlé, Unilever, Cadbury, Cargill y Archer Daniels (empresas responsables de 45 por ciento del comercio mundial de aceite de palma). ¿Qué tanto han cambiado las cosas?

La respuesta: no mucho. Hoy en día la expansión de plantaciones mantiene su vínculo con la deforestación y no sólo concierne los países productores más importantes del sudeste asiático (Indonesia y Malasia), sino que abarca países clave en África (Camerún, Gabón y la República Democrática del Congo). 

Cargill afirma que el crecimiento de su producción de palma de aceite es para alimentar a una población mundial en continuo crecimiento. Pero la realidad es otra: Cargill o Nestlé están en el negocio no para alimentar a nadie, sino para generar ganancias. Y eso nos lleva al tema del crecimiento.

La visión que ve en el crecimiento una especie de obsesión ignora que la expansión de la ley de la mercancía capitalista es consubstancial al capitalismo. Y si algún día la biología molecular descubre el código genético del capital, encontrará la palabra Crecimiento deletreada a todo lo largo de la doble hélice del capitalismo.
Para aclarar esto imaginemos una sociedad en la que los medios de producción pertenecen a toda la sociedad en su conjunto. Aquí los medios de producción serían como una res communis del antiguo derecho romano, una cosa sujeta a un régimen de propiedad común (distinto de una res nullius que no pertenece a nadie). Bajo esas condiciones no habría competencia entre los diferentes componentes de la sociedad porque nadie estaría motivado a invadir la parcela del vecino. En sentido estricto, en este esquema no habría capital, ni asalariados. Habría un mercado, pero no sería un espacio para convertir en ganancias las mercancías vendidas. Las decisiones sobre qué y cuánto producir serían adoptadas colectivamente. El crecimiento estaría impulsado exclusivamente por la expansión demográfica y por las decisiones de la comunidad.

Ahora imaginemos una sociedad en la que los medios de producción están en manos privadas. La situación es radicalmente distinta. La única manera en que este supuesto tiene sentido es si añadimos dos ingredientes adicionales: cada productor produce para el mercado y es necesario que exista una relación social entre asalariados y dueños de los medios de producción. Claro, estamos hablando ya del capitalismo y por la forma en que hemos construido este ejemplo, las decisiones sobre qué y cuánto producir son tomadas por cada propietario individual (de medios de producción). La permanencia en el mercado de cada productor depende del éxito o fracaso en la lucha con otros dueños de medios de producción. La competencia intercapitalista es el motor de crecimiento del sistema. En las palabras de Marx, el capital sólo puede existir como esferas privadas de acumulación. Por eso decimos, el crecimiento está inscrito en el DNA del capitalismo.

Si una esfera privada de acumulación de capital deja de crecer, perderá su mercado y dejará de existir. Es indispensable entender lo anterior para comprender que ni Cargill, ni Shell, ni Nestlé o Toyota pueden abandonar sus planes de expansión sin fin. Si lo hacen, estarían aceptando su desaparición como esferas privadas de acumulación. La destrucción de la cuenca del Congo o de los bosques en Borneo es algo que les tiene sin cuidado, pero no porque sean unos desalmados (aunque en muchos casos sí lo son) sino porque su código genético está marcado por la acumulación. En consecuencia, frenar la destrucción de la biosfera por el capital pasa por transformar radicalmente la forma de organizar la producción y el consumo. ¿Podremos lograrlo antes de que se destruya la biosfera? Tenemos algo de tiempo, pero no mucho.

Alejandro Nadal
La Jornada

sábado, 2 de noviembre de 2013

Imperialismo digital

El espionaje mundial que EE UU perpetra estos últimos años no debe tomarse a la ligera: es una estrategia de una gravedad excepcional, puesto que considera no solo a los adversarios del Estado americano, sino también a sus aliados, como enemigos. El hecho de que este espionaje se extienda —más allá de la tradicional colecta de información sobre datos estratégicos, armamentos, responsables de las principales fuentes del poder y los recursos tecnológicos y económicos— a los ciudadanos, a la vida privada de los jefes de Estado, revela una visión del mundo bien demencial, bien totalitaria.

Demencial si tomamos en serio el discurso del poder estadounidense, que se habría vuelto paranoico como consecuencia de los atentados del 11 de septiembre y que habría dado carta blanca a los servicios de seguridad para vigilar no solo sus ciudadanos, sino también a todo el planeta. Es decir, la Patriot Act de Bush extendido al mundo entero.

Totalitaria, puesto que el sueño de un poder que lo sabe todo sobre todos, capaz de amenazar y de manipular a cada uno, ha sido siempre el de los Estados despóticos, de los cuales los especímenes más temibles han sido los fascismos en Europa occidental y los estalinismos de los países del Este y en Rusia. Con sus medios tecnológicos ultramodernos, EE UU lleva a cabo este sueño mejor que los Estados dictatoriales del siglo XX. Se han convertido en los representantes de un imperio de tipo nuevo, cuyo objetivo no consiste tanto en ejercer una dominación directa como en proveerse de los medios para paralizar a quienquiera que parezca peligroso; en hacer chantaje a millones de individuos; en provocar conflictos entre naciones o fuerzas económicas; y, por último, en enfrentarse a todo poder que se les oponga en las instancias internacionales.

Es así como Barack Obama ha viajado a Alemania con informaciones confidenciales sobre la señora Merkel; como las líneas del Palacio del Elíseo francés estaban intervenidas antes de que él llegara; como el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero era escuchado con asiduidad; y como los negociadores norteamericanos en el Consejo de Seguridad de la ONU estaban informados en tiempo real sobre las directrices que los representantes de otros países recibían de sus Gobiernos. Y, por si fuera poco, las decenas de millones de escuchas a ciudadanos en todo el mundo.

Lo que sobre todo merece la pena plantear aquí es la pregunta: ¿Por qué? ¿Por qué semejante obsesión estratégica y política por parte de EE UU?

La respuesta no puede ser psicológica ni, como dice Obama, un simple "error": es histórica y económica. En realidad, el poder desmesurado que EE UU se arroga, junto con las capacidades de espionaje de la NSA, es la consecuencia directa de la situación en la que se encuentra la potencia americana hoy, más de veinte años después del derrumbe de la Unión Soviética: la de un Estado económicamente en crisis, en quiebra en el plano fiscal, que, al mismo tiempo, debe hacer frente al ascenso de potencias emergentes (China, India, Brasil) y al retorno de la potencia alemana al centro del poder mundial.

EE UU busca, a través del control de la información mundial, invertir este ineluctable declive empleando el arma económica central del futuro (tan poderosa como el átomo o el petróleo): la información, ya que la economía mundial del futuro estará cada vez más centrada en torno a grandes potencias como Internet y operadores mundiales como Google, Apple o Microsoft. Y nacerán otras que tendrán poderes coercitivos más grandes aún. Es este desafío histórico el que EE UU quiere afrontar, aunque deba para ello pisotear las leyes más elementales de la democracia. Quien posea la mayor parte del monopolio de la información ostentará el poder mundial. Espiar al mundo entero, hacer un seguimiento preciso del estado de ánimo de las poblaciones, se vuelve un recurso económico de primera importancia en la competencia global. El imperio americano utiliza el saber electrónico moderno para proteger su poder económico ineluctablemente debilitado e intentar invertir esta tendencia. El éxito de esta estrategia dependerá, en primer lugar, del consentimiento pasivo de sus víctimas. Dadas las reacciones pusilánimes, retorcidas y cómplices de la Unión Europea —el Consejo Europeo se negó el 24 y 25 de octubre a tomar una posición firme sobre este tema—, Washington tiene todavía días de gloria por delante.

Sami Nair
El País