Democracias en descomposición

En todas partes de Europa ascienden, lenta pero inexorablemente, los vapores nauseabundos de la intolerancia, el racismo, la ausencia de solidaridad, el orden moral y la regresión religiosa. Teniendo en cuenta la evolución de las democracias europeas, se tiende a establecer una comparación inquietante con el ambiente nocivo de los años treinta del siglo XX. Es cierto que no están de vuelta ni el fascismo semimilitarizado que Italia se inventó alrededor de 1920, ni tampoco el monstruoso nazismo que surge del fondo de la noche alemana. Ahora se trata de algo antiguo y moderno a la vez. Antiguo, porque tanto hoy como ayer se sigue practicando la caza del extranjero (ahora clasificado en la categoría neoxenófoba de "no comunitario"), del diferente, del inmigrante, del que pide asilo o del pobre que mendiga. Él carga con todos los males, a él le cuelgan el sambenito de la inseguridad social, y él también es sospechoso de traer, como las ratas la peste, el debilitamiento de la identidad del país al que inmigra. De ser humano, es reducido a la condición de intruso, de indeseable y de invasor. Es un chivo expiatorio tanto más conveniente en cuanto que es impotente para defenderse. De un lado, sus derechos son recortados día a día; del otro, es vigilado, la policía lo detiene, lo controla por el color de su piel, a veces lo insulta y otras lo mata "por error".

La precariedad es terreno fértil para que surjan el odio y la violencia en las relaciones sociales

Dirán que no hay nada nuevo en todo esto. Es verdad. Pero el estado de ánimo contemporáneo presenta características tanto más insidiosas que vienen recubiertas con frecuencia de una retórica de los derechos tan hipócrita como mentirosa. Ante todo, esta retórica se reviste de las virtudes del sistema democrático, es decir que avanza envuelta en el discurso de la ley. Pondremos un ejemplo. Todos sabemos que la directiva adoptada en junio de 2008 por el Parlamento Europeo, calificada con toda justicia de "directiva de la vergüenza", pretendía endurecer las condiciones de entrada y de residencia de quienes pedían asilo, alargar de forma excesiva los plazos de retención, y violar los derechos del menor situado en la misma categoría que el adulto, etc. Pero los gobiernos siguen presentando este texto como si ofreciera "garantías" adicionales a los extranjeros, nuevos derechos y una protección mejor organizada, aunque saben perfectamente que esta forma de operar no resiste el debate democrático. Éste es el motivo por el que los textos de aplicación de esta directiva europea son con frecuencia adoptados por la representación nacional deprisa y corriendo, en procedimiento de urgencia, y obliga a los diputados de la propia mayoría que no están de acuerdo con someterse o a dimitir.

Aunque sean motivo de preocupación, estas manipulaciones jurídicas no alcanzan afortunadamente las derivas que conocemos en Italia sobre el mismo tema. Allí, en la retórica del gobierno como en la de algunas autoridades municipales, el inmigrante se ha convertido simple y llanamente en sinónimo de delincuente. En Verona, la Liga Norte, partido racista que gestiona la ciudad, acaba de dar carácter oficial a las milicias civiles que patrullan las calles para "ayudar" a la policía en sus "tareas" de prevención de la delincuencia, a pesar de que Verona sea una ciudad donde verdaderamente no hay delincuencia, los extranjeros son mantenidos a raya y la inmigración clandestina es casi inexistente. Claudio Magris, uno de los pensadores y creadores europeos más lucidos de la actualidad subrayó, al recibir recientemente el premio de los libreros alemanes, que estos comportamientos recordaban dolorosamente el pasado fascista de Italia. Como "patriota" italiano, se declaró alarmado ante la ausencia de responsabilidad moral de las elites ilustradas que dejan que se extienda este estado de ánimo. Hay más signos de descomposición de la democracia que preparan el terreno para la llegada de los conservadurismos autoritarios. También en Francia, no pasa un día sin que se pongan en evidencia asuntos de nepotismo, de costumbres que atañen a los responsables en el poder, y de atropello a las reglas democráticas. La prensa, que hace su trabajo (mejor o peor, este es otro asunto, y los que se consideran injustamente calumniados pueden defenderse ante la ley), es ahora objeto de ataques populistas extremadamente duros. Se intenta intimidar a los que levantan la voz.

Todo esto tiene lugar en Europa en un contexto de crisis social y económica: el desempleo, la precariedad, la ausencia de esperanza de quienes se ven desestabilizados de este modo constituyen un terreno fértil para que surja el odio y la violencia en las relaciones sociales. El fascismo de ayer era grosero, brutal, paramilitar; los fermentos actuales de la descomposición de la democracia, ¿no serán los signos precursores de un neofascismo moderno, suave y bien pensante?

Sami Nair

Fuente: El País

Traducción de M. Sampons.

El atún y los piratas

En el esquizofrénico mundo en el que vivimos es tal la cantidad y la mala calidad de información que recibimos a diario (salvo excepciones) que pocas veces recordamos lo visto o leído mas allá de los 3 o 4 días, y menos aún relacionamos unas informaciones con otras (y eso seguramente a alguien le conviene que así sea). Miles de imágenes, sonidos, sensaciones se van acumulando en algunas partes de nuestro cerebro sin conexión y pareciera que sin ninguna lógica.

Hace unos pocos días varias de esas imágenes se agruparon en mi cabeza y tomé una importante decisión que me trajo hasta problemas familiares. Decidí no comer atún por el resto de mi vida, o por lo menos hasta que me garanticen que el mismo ni es fruto del saqueo de mares lejanos, ni está contaminado con desperdicios altamente contaminantes.

El motivo que provocó semejante revelación en mi cabeza fue que mi pareja iba a preparar para la cena unos espaguetis con salsa de tomates y atún. Entonces se juntaron en mi cabeza, la interminable guerra civil en Somalia, el tsunami que afectó al Océano Indico a fines del 2004, los barcos que tiran clandestinamente residuos tóxicos, radiactivos, etc. al mar, los piratas, los barcos y aviones de la OTAN y los atuneros.

Recordé que cuando se produjo el tsunami a fines del 2004, una de las cosas que mas me afectó (aparte de la tragedia misma), fue que en las costas somalíes miles de personas fueron afectadas por problemas de salud como: infecciones agudas del aparato respiratorio, tos severa, sangrado por la boca, hemorragias abdominales, reacciones cutáneas e incluso “muerte súbita”, síntomas idénticos a los de la intoxicación por sustancias químicas o radiactivas (1). Un informe elaborado por el Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA), recordaba que Somalia es uno de los muchos países catalogados como ‘menos avanzados’ cuyas costas se han convertido en vertederos para residuos tóxicos y radiactivos, en este caso debido a la guerra civil y a la práctica inexistencia de estructuras administrativas en las últimas décadas. El tsunami convulsionó las aguas cercanas a las costas somalíes y contaminó las playas, los acuíferos, etc., etc., etc. Hace aproximadamente un mes salía otra nota en un medio alternativo que volvía a hablar de los barcos de muchas nacionalidades que descargan desperdicios radiactivos y tóxicos, plomo, cadmio, etc. en los mares somalíes.

Todos sabemos que en Somalia hace años que no hay un gobierno legítimo, vive en una permanente guerra civil, y que el gobierno reconocido por la ONU solo gobierna en la capital y el resto del país es territorio de distintos clanes y de territorios autónomos sin reconocimiento internacional (Somaliland, Puntland, etc.) (2). En las aguas territoriales somalíes reina el mismo caos que en tierra y nadie creería la historia de que alguna de las potencias que pescan en sus aguas tiene alguna autorización para hacerlo y si la tuviesen sería otorgada por un gobierno de tan dudosa legitimidad que daría risa. Bien, hace unos días leí un artículo que hablaba de los pescadores somalíes convertidos en piratas (en Somalia es mas fácil comprar armas que un kilo de arroz) al verse agotados sus bancos de pescado y al no contar con fuerzas gubernamentales que protejan sus zonas de pesca (3) (4). Así como los pescadores senegaleses al ver arrasados sus bancos de pesca, ven en el negocio de los cayucos una salida económica, los somalíes ven en la piratería una alternativa de vida.

Otros artículos hablaban de mercenarios británicos entre los piratas y de rescates pagados en Londres (5). Y también ahora se pide que haya seguridad privada armada con armas largas en los atuneros (me recuerda a la privatización de la guerra que está llevando adelante USA), ya hay empresas que se están preparando para el negocio (6). Recordemos que los barcos que pescan en esos mares pertenecen a empresas privadas y que la protección que se les está dando por parte de los Estados la pagamos entre todos los ciudadanos. Incluso muchos de esos barcos tiene banderas de conveniencia para no pagar impuestos a sus respectivos países.

Y a todo esto, la OTAN sale a la caza de los temibles piratas para defender el saqueo de nuestros atuneros.

No sé, tanta información, tanta duda, tanta posible mentira, me vuelve a confundir, y la revelación se me esfuma, pero igualmente a pesar de que mi pareja me deje de hablar por un mes y medio, no vuelvo a comer atún, por lo menos hasta que no pueda confirmar que no proviene de las aguas saqueadas y contaminadas de Somalia.

Notas:
(1) http://www.lukor.com/not-por/0503/16191413.htm
(2) http://es.wikipedia.org/wiki/Somalia
(3) http://www.rebelion.org/noticia.php?id=92604
(4) http://www.rebelion.org/noticia.php?id=84216
(5) http://www.mundoarabe.org/somalia_piratas.htm
(6) http://servigilantedeseguridad.blogspot.com/2009/03/seguridad-privada-contra-ataques-pirata.html

Daniel Mansilla es miembro de ATTAC Mallorca.

Fuente: Rebelión

Otros enlaces:

http://despiertateya.blogspot.com/2009/10/la-realidad-sobre-la-pirateria-de.htm
http://www.rtve.es/mediateca/videos/20091022/las-noticias-mas-censuradas/611171.shtml
http://investigar11s.blogspot.com/2009/11/ah-los-piratas.html

Otra agricultura para otro clima

El actual modelo de producción agrícola y ganadero industrial contribuye a profundizar en la crisis ecológica global con un impacto directo en la generación de cambio climático. Aunque a primera vista no lo parezca, la agroindustria es una de las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero.

Así lo ha puesto de relieve la campaña "No te comas el mundo", en el marco de las movilizaciones de estos días en motivo de la reunión de las Naciones Unidas en Barcelona sobre cambio climático, previa a la crucial cumbre de Copenhague (COP15) en diciembre donde debe aprobarse un nuevo tratado que sustituya al de Kyoto.

Según la campaña, entre un 44 y un 57% de las emisiones de gases de efecto invernadero son provocadas por el actual modelo de producción, distribución y consumo de alimentos. Una cifra resultado de sumar las emisiones de las actividades estrictamente agrícolas (11-15%), de la desforestación (15-18%), del procesamiento, transporte y refrigeración de los alimentos (15-20%) y de los residuos orgánicos (3-4%).

Y es que no podemos olvidar los elementos que caracterizan a este sistema de producción de alimentos: intensivo, industrial, kilométrico, deslocalizado y petrodependiente. Veámoslo en detalle.

Intensivo, porque lleva a cabo una sobreexplotación de los suelos y de los recursos naturales que acaba generando la liberación de gases de efecto invernadero por parte de bosques, campos de cultivo y pastos. Al anteponer la productividad, por delante del cuidado del medio ambiente y la regeneración de la tierra, se rompe el equilibrio mediante el cual los suelos capturan y almacenan carbono, contribuyendo a la estabilidad climática.

Industrial, porque consiste en un modelo de producción mecanizado, con uso de agroquímicos, monocultivos, etc. La utilización de grandes tractores para labrar la tierra y procesar la comida contribuye a la liberación de más CO₂. Los fertilizantes químicos utilizados en la agricultura y en la ganadería moderna generan una importante cantidad de óxido nitroso, una de las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero. Asimismo, la quema de bosques, selvas... para convertirlos en pastos o monocultivos acaba afectando gravemente a la biodiversidad y contribuye a la liberación masiva de carbono.

Kilométrico y petrodependiente, porque se trata de una producción de mercancías deslocalizada en búsqueda de la mano de obra más barata y de la legislación medioambiental más laxa. Los alimentos que consumimos recorren miles de kilómetros antes de llegar a nuestra mesa con el consiguiente impacto medioambiental. Se calcula que en la actualidad, la mayor parte de los alimentos viajan entre 2.500 y 4.000 kilómetros antes de ser consumidos, un 25% más que en 1980. Nos encontramos ante una situación totalmente insostenible donde, por ejemplo, la energía para mandar unas lechugas de Almería a Holanda es tres veces superior a la utilizada para cultivarlas, a la vez que consumimos alimentos que provienen de la otra punta del mundo cuando muchos de éstos se cultivan también a nivel local.

La ganadería industrial es otro de los principales generadores de gases de efecto invernadero y su avance ha significado una mayor desforestación con un 26% de la superficie terrestre dedicada a pastos y el 33% a la producción de grano para piensos. Sus porcentajes de emisión equivalen al 9% de las emisiones de CO2 (principalmente por desforestación), el 37% de las de metano (por la digestión de los rumiantes) y el 65% del óxido nitroso (por el estiércol).

Este modelo de alimentación kilométrica y viajera, así como el alto uso de agroquímicos derivados del petróleo, implica una fuerte dependencia de los recursos fósiles. En consecuencia, en la medida en que el modelo productivo agrícola y ganadero industrial depende fuertemente del petróleo, la crisis alimentaria, la crisis energética y la crisis climática están íntimamente relacionadas.

Pero a pesar de estos datos, podemos parar el cambio climático y la agricultura campesina, local y agroecológica, como señala el centro de investigación GRAIN, puede contribuir de forma determinante a ello. Se trata de devolverle a la tierra la materia orgánica que se le ha quitado, después de que la revolución verde haya agotado los suelos con el uso intensivo de fertilizantes químicos, pesticidas, etc. Para hacerlo, hace falta apostar por técnicas agrícolas sostenibles que pueden aumentar gradualmente la materia orgánica de la tierra en un 2% en un periodo de cincuenta años, restituyendo el porcentaje eliminado desde la década de los 60.

Es necesario apostar por un modelo de producción diversificado, incorporando praderas y abono verde, integrando de nuevo la producción animal en el cultivo agrícola, con árboles y plantas silvestres, así como promover circuitos cortos de comercialización y la venta directa en mercados locales. Con estas prácticas, se calcula que sería posible capturar hasta 2/3 del actual exceso de CO₂ en la atmósfera. El movimiento internacional de La Vía Campesina lo tiene claro cuando señala que “la agricultura campesina puede enfriar el planeta”.

Asimismo, hay que denunciar las falsas soluciones del capitalismo verde al cambio climático como la energía nuclear, los agrocombustibles u otras, así como los lobbies empresariales que buscan mercantilizar el tratado de Copenhague. Desde distintos movimientos sociales se exige “justicia climática” frente a los mecanismos de mercado incorporados en el protocolo de Kyoto y que tendrán continuidad en Copenhague. Una justicia climática que debe ir a la par con la “justicia social”, ligando la lucha contra la crisis ecológica global con el combate contra la crisis económica que afecta a amplios sectores populares, en base a una perspectiva anticapitalista y ecosocialista. Para que el clima no cambie, hay que cambiar el mundo.

*Esther Vivas es autora Del campo al plato (Icaria, 2009).
Fuente: Público

La hora de la soberanía alimentaria

¿QUÉ HAY DETRÁS DE UN PLATO DE COMIDA?

Recuperar una semilla local es mucho más que un acto medioambiental. Es un gesto político que vincula al Norte con el Sur y cuestiona el modelo neoliberal de monopolios que ha invadido nuestra alimentación.

Miremos la etiqueta: manzanas chilenas, espárragos peruanos, langostinos de Ecuador, tomates marroquíes, calabazas senegalesas... alimentos kilométricos que recorren la tierra de punta a punta para llegar a nuestros platos. La idea de frutas y verduras de temporada o de productos locales ha pasado a engrosar la lista de conceptos obsoletos, como lo están haciendo muchas variedades hortícolas. De hecho, según la FAO, el 75% de las variedades genéticas de los cultivos agrícolas han desaparecido en el último siglo. Y todo gracias a una lógica neoliberal de mercado que ha entrado de lleno en el sector de la alimentación.

Una lógica de monopolios, de monocultivos que se traduce en bajos precios para los consumidores y consumidoras de los países del Norte, alimentos de mala calidad, grandes beneficios para los intermediarios y las multinacionales del sector, y hambre y miseria en los países empobrecidos donde, casualmente, están la mayoría de productores y productoras de alimentos. Una lógica que condena al movimiento campesino a la desaparición y a la pobreza. De hecho, los últimos datos de la FAO afirman que el número de personas desnutridas ha alcanzado los 1.020 millones. Una cifra que se agrava por la crisis alimentaria de 2008, fruto de la especulación y los agrocombustibles, y la coyuntura económica global.

Lo irónico es que el 70% de las personas que pasan hambre son o eran productores y productoras de alimentos. El discurso oficial habla con alarmismo de la falta de comida, y de la necesidad de una nueva revolución verde en continentes como África (es decir, más semillas modificadas genéticamente y agrotóxicos) para aumentar la productividad. Una revolución que favorecería a las grandes corporaciones del sector, como Monsanto, que aumentaría considerablemente sus ingresos y que perjudicaría directamente a los campesinos y campesinas, haciéndoles más dependientes con la compra de semillas modificadas cada año, contaminando su tierra y su agua y arruinando sus cultivos tradicionales. Algo que ya está pasando en muchos países como Brasil o Paraguay. De hecho, mientras en 2008 el número de hambrientos se incrementaba en cien millones, Monsanto anunciaba que durante el último trimestre de ese año sus beneficios se habían duplicado gracias a la venta de pesticidas (glifosato), especialmente en América Latina, y al incremento del precio de sus semillas entre un 15 y un 20%. Semillas transgénicas destinadas a monocultivos de soja que será exportada para que Europa alimente a su ganado.

Según datos del Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino, sólo al Estado español llegan cada año unos seis millones de toneladas de soja transgénica para dar de comer a pollos, vacas y cerdos. Una soja que en su lugar de origen deja deforestación –unos tres millones de hectáreas, lo que equivale aproximadamente al tamaño de Galicia– contaminación y miles de desplazados y desplazadas. Ante esta situación la respuesta del movimiento campesino no se está haciendo esperar. Está plantando cara a Estados, organismos internacionales y multinacionales luchando por su soberanía alimentaria. Ésta se define como el derecho de los pueblos a decidir sus propias políticas de alimentación, producción y distribución de alimentos, de manera que se garantice el acceso a una comida sana, sostenible y adecuada.

Los alimentos, por tanto, quedan fuera de las exigencias de los mercados y las multinacionales, fuera de la especulación. La Vía Campesina [ver p.18- 19], una coalición de 148 organizaciones creada en 1992, es el mayor representante a nivel internacional de esta lucha. Un momento clave para este movimiento fue el Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria celebrado en Mali, en 2007. Allí más de 500 representantes presentaron la declaración de Nyéléni, donde reclamaron el derecho al agua, a las semillas, a la gestión de la tierra.

Derechos negados

Unos derechos que hasta la fecha no están garantizados en ningún país. Tampoco en el Estado español, donde el movimiento campesino se enfrenta, según Isabel Álvarez, del sindicato agrario EHNE, con el problema de acceso a la tierra, “se priorizan las infraestructuras y la especulación antes que la alimentación local”. El otro gran problema, afirma Álvarez, es “la privatización de todas nuestras fuentes de vida, como el agua o las semillas”. Pero las alternativas también se están articulando, y a través de distintos sindicatos agrarios y organismos se trabaja reclamando la soberanía alimentaria. Un ejemplo muy claro son las movilizaciones contra el cultivo de maíz transgénico en el Estado español. El sistema agroalimentario mundial tampoco beneficia a los consumidores y consumidoras, que de manera indirecta ingieren transgénicos sin saberlo (a través de la carne o la bollería industrial) y ven mermada la calidad de sus alimentos (menos sabor, más químicos, menos variedad). Para Isabel Álvarez su papel también es importante en la lucha por la soberanía alimentaria. De hecho, otra línea que se está trabajando “es la alianza con los consumidores y productores, si las personas se conciencian y son capaces de ver qué hay detrás de un plato de comida, pueden ser la gran fuerza. Modificando nuestros hábitos de consumo día a día, la situación se puede cambiar”.

‘Dumping‘ en el Sur

Práctica por la cual los países ricos invaden, gracias a las subvenciones que reciben, los mercados locales de otros países y hunden su producción nacional. En 2004, en Ghana el kilo de pollo local costaba casi el doble que el procedente de la UE.

Cuidado del entorno

El último estudio de la organización internacional Grain Cuidar el suelo demuestra con datos cómo la agricultura familiar y campesina puede contribuir y ser una buena herramienta para combatir el cambio climático al no ser tan contaminante

Seguridad alimentaria

La seguridad alimentaria defiende el derecho de las personas a tener acceso al alimento necesario para cada día. No dice nada sobre la procedencia o la forma de producción de alimento y las consecuencias que esto pueda tener.

Izaskun Sánchez Aroca. Diagonal

Las causas políticas de la crisis mundial

Si ustedes leen la prensa económica de mayor difusión en España (incluyendo las secciones económicas de los cinco rotativos más importantes del país) apenas verán artículos que tocan las causas reales de la Gran Recesión, es decir, la enorme polarización de las rentas que ha ocurrido en la mayoría de países de la OCDE, y muy en particular, en EEUU, como consecuencia de la aplicación de las políticas liberales iniciadas por el gobierno federal de EEUU del Presidente Reagan y por el gobierno Thatcher de Gran Bretaña, y continuadas por los gobiernos de Bush padre, de Clinton y de Bush hijo en EEUU, y de Tony Blair y de Gordon Brown de Gran Bretaña, así como por los gobiernos de Lionel Jospin en Francia, Romano Prodi y Silvio Berlusconi en Italia, Gerhard Schröder y Angela Merkel en Alemania, y José Mª Aznar en España, así como por los dirigentes de la Comisión Europea, Jose Manuel Durao Barroso y por el equipo económico de tal Comisión liderado por el Sr. Pedro Solbes (como Comisario de Asuntos Económicos y Monetarios). Estas políticas incluían; 1) la reducción de impuestos y gasto público; 2) la desregulación de los mercados laborales, comerciales y financieros, y 3) la reducción de los beneficios sociales y laborales. Cada una de estas políticas contribuyó a la enorme polarización de las rentas, beneficiando las rentas del capital a costa de las rentas del trabajo. La evidencia de ello (ignorada cuando no silenciada en aquellos medios de información) es abrumadora (ver Navarro, V. (ed.) Globalization, Neoliberalism and Inequalities. Baywood. 2008).

En realidad, hay que remontarse a los años posteriores a 1929 (del crash de Wall Street) para encontrar polarizaciones de renta tan acentuadas como ahora. En 1979, el uno por ciento de la población que pagaba impuestos en EEUU recibía el 8% de la renta nacional. Tal porcentaje había subido en el año 2007 a un 18% de la renta nacional. Y si se incluyen las rentas recibidas por aquel 1% de la población de renta superior, como consecuencia de su propiedad de acciones, los porcentajes aumentan de un 10% en 1979 a un 23% en el 2007. Existe una enorme concentración tanto de la renta como de la propiedad, en los sectores superiores de renta del país, alcanzando una polarización sin precedentes desde la Gran Depresión.

¿Por qué el incremento de la polarización?

Las escuelas económicas dominantes han explicado esta polarización de las rentas como resultado de dos hechos. Uno es la introducción de nuevas tecnologías en la actividad económica, que ha dado mayor valor al conocimiento y a las cualificaciones de los trabajadores. En este escenario teórico, el incremento de las rentas superiores se percibe como consecuencia de la importancia que adquiere la formación de los trabajadores en una economía necesitada de personal cualificado. Todo el proyecto intelectual-político de establecer la “sociedad del conocimiento” (promovida por la estrategia de Lisboa del año 2000) estaba basado en esta interpretación de la realidad. Puesto que a mayor educación/ formación, mayor salario, había que invertir en educación y formación. Era un esquema fácil de entender y fácil de llevar a cabo. Según tal argumento, lo que tenía que hacerse para disminuir las desigualdades sociales y prevenir la exclusión social era dar formación a la fuerza laboral. Este mensaje ha sido muy poderoso en estos últimos años.

La segunda explicación que se ha dado de la creciente polarización de rentas era el fenómeno de la globalización, que estaba relacionada con la explicación anterior. Los trabajadores no cualificados en los países ricos competían con los trabajadores no cualificados del tercer y cuarto mundo, forzando sus salarios y condiciones de trabajo a la baja. Esta situación ocurría bien a través de la globalización de la actividad económica (incluyendo la deslocalización de las empresas, trasladándose a países del tercer o cuarto mundo) o mediante la movilidad internacional del trabajo, es decir, la inmigración. Según tal explicación, la globalización ha llevado a un empobrecimiento masivo de los sectores laborales de escasa formación, distanciándose sus rentas de los sectores laborales cualificados menos afectados por tal fenómeno de la globalización.

La despolitización del fenómeno económico

A primera vista parece que ambas explicaciones son creíbles: parecen razonables. Ahora bien, el problema que tienen es que ambas explicaciones despolitizan lo que es un fenómeno profundamente político. Asumen que la importancia del conocimiento y de la globalización como factores causantes de la enorme polarización de las rentas (y de la propiedad) son factores exógenos a la sociedad (algo que viene dado de fuera de la propia sociedad) sin que se vean consecuencia del desarrollo de los conflictos internos existentes en cada sociedad. Tales argumentos representan la apolitización del fenómeno económico, lo cual es un obstáculo para entender lo que ocurre en la sociedad y, poder intervenir para cambiarla. Tanto la introducción de nuevas tecnologías como la globalización, ocurren dentro de contextos políticos específicos que configuran cómo, cuándo y con qué consecuencias ocurre cada uno de estos fenómenos. En otras palabras, tales fenómenos no son las causas de la polarización de rentas sino los síntomas de unas relaciones de poder, que son las causas reales de tal polarización. Veamos los datos.

La reducción de las desigualdades de renta en EEUU que tuvo lugar desde los años treinta a finales de los años setenta fue resultado de la fuerza del movimiento obrero en aquel país. Fue en los años treinta cuando se estableció el movimiento sindical (apoyado por la Administración Roosevelt primero y la Administración Truman después) que organizó, en los años cuarenta y cincuenta, a la mayoría de los trabajadores industriales, la fuerza mayor dentro del movimiento obrero. Más tarde, el movimiento de los derechos civiles en los años sesenta, y los movimientos feministas, así como el movimiento ecologista en los años setenta y ochenta forzaron cambios, no sólo políticos, sino también económicos tales como la prohibición de la discriminación de raza y de género, así como la inclusión de los costes de destrucción del ambiente como factor evaluador de las políticas públicas. Todas estas medidas fueron opuestas por el mundo empresarial que tuvieron que aceptarlas, por fin, a regañadientes, aunque nunca acabaron de incorporarlas completamente en sus prácticas empresariales. Aprovecharon cualquier resquicio en las leyes y prácticas federales para no llevar a cabo su puesta en marcha y desarrollo.

En realidad, la respuesta neoliberal de los años ochenta fue la respuesta del mundo empresarial a las conquistas sociales del mundo del trabajo, que habían conseguido toda una serie de conquistas sociales y laborales en la época 1930-1970, alcanzándose en 1979 la menor polarización de las rentas que EEUU conoció desde los años treinta. La respuesta empresarial se inició ya durante la Administración Carter, cuando su ministro de Economía, el Sr. Volker, inició una recesión como manera de reducir el poder sindical. Las políticas de Carter fueron continuadas y aumentadas por Reagan. Tales políticas representaron un ataque frontal a los movimientos obreros y a los movimientos sociales, y se presentaron bajo el argumento de que eran necesarias para mejorar la eficiencia de la economía. El descenso del salario mínimo, la desregulación de los mercados de trabajo, la desregulación del comercio, la privatización de los servicios públicos, y el aumento de la regresividad fiscal, eran presentadas como necesarias para recuperar la eficiencia de la economía; en realidad estaban orientadas a debilitar al mundo del trabajo. Y todas ellas contribuyeron a incrementar las rentas del capital a costa de las rentas del trabajo, causando un enorme crecimiento de la polarización de las rentas. La manera como se utilizaron las nuevas tecnologías y como se realizó la globalización era consecuencia directa del enorme dominio del capital que diseñó tales políticas públicas con el fin de incrementar su poder y sus rentas a costa de las rentas del trabajo. Y esto ocurrió en ambos lados del Atlántico, alcanzando su máximo desarrollo en EEUU, donde la enorme debilidad del mundo del trabajo y de las izquierdas (en ningún país de la OCDE las izquierdas son tan débiles como en EEUU), ha sido devastador para la calidad de vida de las clases populares. Es importante señalar que el objetivo teórico de tales reformas no se alcanzó. Antes al contrario, la eficiencia económica del periodo 1980-2004 fue menor que la del periodo 1950-1980. Pero aumentar la eficiencia económica no era la causa real de tales políticas. La causa real era aumentar las rentas del capital a costa del trabajo y esto es lo que lo consiguieron, incluso a costa de crear la crisis mundial.

Artículo publicado en Sistema Digital.
www.vnavarro.es

El hambre y los intereses

El hambre no es un negocio que a veces sale bien y otras sale mal. Es la violación de un derecho, del Derecho a la Alimentación.

El próximo 16 de octubre llegamos a una de esas fechas señaladas desde las Naciones Unidas –el día Mundial de la Alimentación– que este año se presenta con un dato, mejor dicho, con una bofetada escandalosa: 1.020 millones de personas en el mundo sufren hambre y desnutrición. Más que nunca. Coincidiendo con la fecha aparecerán nuevos informes acompañados de recomendaciones y algunas promesas. “Oficialmente” se explicará el incremento de la cifra en 100 millones por la crisis financiera que hizo bajar las donaciones a los países más necesitados y por las condiciones climáticas cada vez más duras. Otros estamentos irán más allá y añadirán que estos niveles de pobreza tan graves son consecuencia de una falta de voluntad política, de un desentenderse de la situación. Pero no, digo yo que no, que todo lo contrario, que es claramente una realidad provocada por una voluntad política de mantener un mundo por encima de otro. De sostener un mundo aplastando los recursos de otros. Ahí están, como novedad en los análisis de este año, la especulación con los precios de los alimentos y la adquisición de tierras de cultivos alimenticios para otros usos, dos atropellos que argumentan mi postura.

La crisis alimentaria iniciada en 2007 pareció despertar la preocupación de los estamentos internacionales y algunas iniciativas para afrontar la gobernanza de la alimentación y la agricultura a nivel global han aparecido en escena. Existe consenso en cuanto a la ineficacia de los mecanismos institucionales actuales, pero no respecto a cómo solventarla. Durante estos días se debate sobre las supuestas soluciones. Por un lado tenemos la propuesta del G-8 de crear una nueva “Alianza Global sobre la Agricultura, la Seguridad Alimentaria y la Nutrición”, mientras que algunos gobiernos y colectivos de la sociedad civil abogan por la renovación y el fortalecimiento del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la FAO (la Agencia de la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas). No es una discusión baladí. Los defensores de las políticas económicas neoliberales defienden un espacio de coordinación donde se otorgue poder de decisión, además de a los gobiernos, al sector privado y a las instituciones financieras internacionales, es decir, a la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Encontrar en la mesa de coordinación a representantes de empresas como Monsanto o Nestlé –por nombrar un par– junto con los actores que han contribuido a la desregularización de la agricultura, no es desde luego aceptable para muchos gobiernos del Sur, que reclaman un papel de liderazgo para la FAO, una institución del sistema de Naciones Unidas, donde cada país tiene un voto de igual valor.

Más allá del espacio de gobernanza, es clave conocer la estrategia a implementar y, otra vez, creo, deberíamos mirar hacia Ginebra –sede de las Naciones Unidas–, desarrollando políticas desde la perspectiva de los derechos humanos y no hacia Washington –sede del Banco Mundial, por ejemplo–, insistiendo en políticas neoliberales. El hambre no es un negocio que a veces sale bien y otras sale mal. Es la violación de un derecho, del Derecho a la Alimentación. Como tal se recoge en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y se desarrolla en el artículo 11 de la Convención Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Tomar como eje de acción el Derecho a la Alimentación es aceptar que los pueblos y sus poblaciones deben tener acceso permanente a la alimentación. Derecho a alimentarse, es decir, a producir sus alimentos accediendo a los recursos que los hacen posible: tierra, agua y semillas. Si se acepta este enfoque, los estados tienen entonces la obligación de “respetar, proteger y garantizar” el Derecho a la Alimentación desde sus responsabilidades territoriales y extraterritoriales.

Y también supondría un despliegue legislativo que defendiera a tantas personas de la vulneración de su derecho a alimentarse. Al respecto quisiera citar dos ejemplos que ha documentado el Observatorio del Derecho a la Alimentación y la Nutrición. El primero es el caso de la India, que, a pesar de un incremento significativo del PIB, presenta tendencias de aumento de la pobreza. El Gobierno de la India ha promovido el cultivo de agrocombustibles para reducir su dependencia energética y –dicen– incrementar puestos de trabajo agrícolas. Si el Gobierno hubiera seguido las directrices del Derecho a la Alimentación como prioridad frente a intereses de grandes corporaciones como Daimler Chrysler, no se hubieran generado los impactos provocados sobre las poblaciones campesinas locales: sustitución de cultivos de subsistencia, escasez de agua por la alta demanda de los cultivos energéticos, destrucción de tierras y bosques dedicadas al pastoreo y más dificultades para acceder a la madera como combustible.

El segundo ejemplo es el caso de Zambia, donde las producciones de miel y leche generan alimentos, ingresos y empleos a muchas familias, pero su Derecho a la Alimentación se ve vulnerado esta vez por los acuerdos comerciales entre Zambia y la Unión Europea, que llevarán a competir a los productores locales con las grandes corporaciones europeas, fuertemente subsidiadas.

Decía al principio que el hambre no es sólo un problema de negligencia, sino una cadena de intereses a favor de unos pocos. Contra esos intereses debe centrarse cualquier estrategia de lucha contra el hambre. El enfoque desde los derechos ha avanzado en los últimos años. Desde la sociedad civil se elaboraron las Directrices Voluntarias para la Realización del Derecho a la Alimentación que fueron aprobadas en noviembre de 2004 por el Consejo de la FAO. Ahora faltaría que dejaran de ser voluntarias.

Gustavo Duch es ex director de Veterinarios sin Fronteras y colaborador de la Universidad Rural Paulo Freire

http://gustavoduch.wordpress.com/

Fuente: Público

¿Qué ha sido de los Objetivos de Desarrollo del Milenio?

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
2. Lograr la enseñanza primaria universal.
3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.
4. Reducir la mortalidad infantil.
5. Mejorar la salud materna.
6. Combatir el sida, el paludismo y otras enfermedades.
7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
8. Fomentar una asociación mundial.

He ahí los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (a partir de aquí ODM) que en la llamada Declaración del Milenio del año 2000 se comprometieron a alcanzar, para el año 2015, los 189 países integrantes, por aquel entonces, de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Transcurridos nueve años, casi las dos terceras partes del tiempo fijado para la consecución de esos objetivos, ¿cuál es el balance? ¿Hay avances, estancamiento, retroceso?

No puede negarse que durante algunos años, hasta la crisis financiera, económica y social de 2007-08, se produjeron algunos progresos -en la reducción del número de los extremadamente pobres y hambrientos, en enseñanza primaria universal, en la disminución de la mortalidad infantil-, pero estos progresos modestos e insuficientes, de los que casi siempre habría que excluir, desgraciadamente, al África subsahariana, no tuvieron lugar ni siquiera en los años de crecimiento económico general, en los capítulos de la igualdad entre los géneros y el mejoramiento de la salud materna, que afecta sobre todo a la situación de las mujeres en los países en desarrollo, en la escandalosa incidencia del sida en la región más pobre del globo, el África subsahariana, en la auténtica sostenibilidad del planeta o en el fomento de una asociación internacional para el desarrollo en un mundo en el que la economía se regía por los intereses de un pequeño número de países desarrollados integrados en el club exclusivo del G-7.

Pero es que además ahora, tras la quiebra del modelo de crecimiento neoliberal, cuando mayor es el impacto social de la recesión económica mundial en los países en desarrollo, los avances logrados en el terreno de la reducción de la pobreza extrema y el hambre, o en enseñanza primaria infantil, o en la disminución de la mortalidad de los niños menores de cinco años, se están malogrando. Como señala la organización Intermón-Oxfam, en el contexto de la crisis, cada minuto 100 personas caen en la pobreza; el número de los hambrientos, según la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), alcanza la cifra nunca igualada de 1.020 millones de personas, casi la sexta parte de la humanidad o como ha denunciado el director de la Campaña del Milenio Salil Shetty : ” Van a morir 400.000 niños más por efecto de la crisis”.

Ante este panorama no es extraño que en su informe de 2009 la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) se haya visto obligada a reconocer que la crisis financiera, que comenzó en Estados Unidos y terminó afectando a los países en desarrollo, ha recrudecido la pobreza de tal modo que será prácticamente imposible cumplir los ODM de la ONU fijados para el año 2015.

En consecuencia, si ya antes de la Gran Recesión los resultados conseguidos eran casi siempre insuficientes e incluso decepcionantes, ahora en el marco de la crisis el retroceso es inapelable, cabe preguntarse, ¿qué es lo que ha fallado?

En mi opinión la respuesta es clara: la voluntad política. Ha fallado la determinación de los gobiernos, sobre todo de los países más enriquecidos del mundo, de luchar decididamente por la consecución de los ODM. Los gobiernos y, especialmente, los del G-7, ninguno de los cuales dedica siquiera el 0,7% de su Producto Nacional Bruto ( PNB ) para ayuda oficial al desarrollo de los países empobrecidos, hicieron dejación de sus responsabilidades, permitiendo que la distopía neoliberal de un desarrollo del Sur basado solo en la globalización de los mercados y la libertad comercial, sustituyera a la indispensable ayuda económica, tecnológica, etcétera, sin la que el mundo más empobrecido dificilmente podrá salir de su situación.

Quedan solo seis años para llegar a la fecha límite de 2015. Por supuesto que después de esa fecha la lucha por la consecución de un orden económico y social internacional más justo proseguirá, pero la cuestión ahora es si todavía estamos a tiempo de lograr avances significativos en el contexto de la crisis que nos aflige.

La respuesta es incierta. Al G-7, que impuso al mundo su voluntad durante décadas, le ha sucedido el G-20 que pretende erigirse en máxima instancia económica mundial. Así es que hay que preguntarse, ¿qué se puede esperar del G-20 en relación al urgente logro de los ODM de la ONU?

En mi opinión más bien poco. Los llamados países emergentes -Brasil, Rusia, India, China (BRIC) y otros-, tendrán bastante con evitar una recaída de una parte de sus poblaciones en el pozo de la pobreza y el hambre y en cuanto a los países enriquecidos del antiguo G-7 usarán la crisis como motivo-pretexto para no aumentar la ayuda oficial al desarrollo.

Prueba de lo que digo es la reciente Declaración final del G-20 tras la cumbre de Pittsburgh, donde si bien el párrafo 37 de las Conclusiones del documento menciona los ODM, no avanza ninguna propuesta concreta para hacer viable el logro de esos objetivos.

En fin, parece evidente que hoy en el contexto de la crisis, que puede prolongarse varios años, la solución de los problemas de la pobreza, el hambre, etcétera, a los que tratan de dar respuesta los ODM, no puede desligarse de la realidad global de la situación. Por eso el marco apropiado para afrontar la crisis y tratar de cumplir los ODM no es el de las 20 economías del G-20, sino el de las 192 economías del G-192, la Asamblea General de las Naciones Unidas. En ella, que alumbró la idea y el compromiso de los ODM, a pesar del boicot y la presión política ejercida por los países más enriquecidos y poderosos, tuvo lugar en junio de este año, la ” Conferencia sobre la crisis financiera y económica y su impacto sobre el desarrollo”. Su Documento final alude nada menos que en nueve ocasiones a los ODM -párrafos 3, 4 (dos veces),10, 11, 18, 21, 23 y 28-. En este último, además, les recuerda a muchos países desarrollados el compromiso asumido de destinar al menos el 0,5% del PNB en 2010 y el 0,7% del PNB en 2015 en concepto de asistencia oficial al desarrollo de los países en desarrollo y concretamente entre el 0,15% y el 0,20% al desarrollo de los países menos adelantados.

Sólo ese marco ofrece pues alguna esperanza de que los estados del mundo alcancen una asociación global capaz de poner fin al espectáculo intolerable de la pobreza y el hambre de tantos y tantos millones de personas en el planeta.

Por su parte a la sociedad civil mundial que en todos los países organizada en redes de asociaciones, ONG’s, etcétera, lucha por un mundo más justo, le queda el recurso de seguir movilizándose y presionando con propuestas acerca del 0,7% y más del PNB, la anulación de la deuda eterna de los países más empobrecidos,el establecimiento de impuestos solidarios mundiales, tipo tasa Tobin y la supresión de los paraísos fiscales, como medios para financiar y resolver los problemas de pobreza, hambre, enseñanza, sanidad, etcétera, comprometidos por la ONU en la solemne Declaración del Milenio de septiembre de 2000.

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
2. Lograr la enseñanza primaria universal.
3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.
4. Reducir la mortalidad infantil.
5. Mejorar la salud materna.
6. Combatir el sida, el paludismo y otras enfermedades.
7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
8. Fomentar una asociación mundial.

He ahí los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (a partir de aquí ODM) que en la llamada Declaración del Milenio del año 2000 se comprometieron a alcanzar, para el año 2015, los 189 países integrantes, por aquel entonces, de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Transcurridos nueve años, casi las dos terceras partes del tiempo fijado para la consecución de esos objetivos, ¿cuál es el balance? ¿Hay avances, estancamiento, retroceso?

No puede negarse que durante algunos años, hasta la crisis financiera, económica y social de 2007-08, se produjeron algunos progresos -en la reducción del número de los extremadamente pobres y hambrientos, en enseñanza primaria universal, en la disminución de la mortalidad infantil-, pero estos progresos modestos e insuficientes, de los que casi siempre habría que excluir, desgraciadamente, al África subsahariana, no tuvieron lugar ni siquiera en los años de crecimiento económico general, en los capítulos de la igualdad entre los géneros y el mejoramiento de la salud materna, que afecta sobre todo a la situación de las mujeres en los países en desarrollo, en la escandalosa incidencia del sida en la región más pobre del globo, el África subsahariana, en la auténtica sostenibilidad del planeta o en el fomento de una asociación internacional para el desarrollo en un mundo en el que la economía se regía por los intereses de un pequeño número de países desarrollados integrados en el club exclusivo del G-7.

Pero es que además ahora, tras la quiebra del modelo de crecimiento neoliberal, cuando mayor es el impacto social de la recesión económica mundial en los países en desarrollo, los avances logrados en el terreno de la reducción de la pobreza extrema y el hambre, o en enseñanza primaria infantil, o en la disminución de la mortalidad de los niños menores de cinco años, se están malogrando. Como señala la organización Intermón-Oxfam, en el contexto de la crisis, cada minuto 100 personas caen en la pobreza; el número de los hambrientos, según la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), alcanza la cifra nunca igualada de 1.020 millones de personas, casi la sexta parte de la humanidad o como ha denunciado el director de la Campaña del Milenio Salil Shetty : ” Van a morir 400.000 niños más por efecto de la crisis”.

Ante este panorama no es extraño que en su informe de 2009 la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) se haya visto obligada a reconocer que la crisis financiera, que comenzó en Estados Unidos y terminó afectando a los países en desarrollo, ha recrudecido la pobreza de tal modo que será prácticamente imposible cumplir los ODM de la ONU fijados para el año 2015.

En consecuencia, si ya antes de la Gran Recesión los resultados conseguidos eran casi siempre insuficientes e incluso decepcionantes, ahora en el marco de la crisis el retroceso es inapelable, cabe preguntarse, ¿qué es lo que ha fallado?

En mi opinión la respuesta es clara: la voluntad política. Ha fallado la determinación de los gobiernos, sobre todo de los países más enriquecidos del mundo, de luchar decididamente por la consecución de los ODM. Los gobiernos y, especialmente, los del G-7, ninguno de los cuales dedica siquiera el 0,7% de su Producto Nacional Bruto ( PNB ) para ayuda oficial al desarrollo de los países empobrecidos, hicieron dejación de sus responsabilidades, permitiendo que la distopía neoliberal de un desarrollo del Sur basado solo en la globalización de los mercados y la libertad comercial, sustituyera a la indispensable ayuda económica, tecnológica, etcétera, sin la que el mundo más empobrecido dificilmente podrá salir de su situación.

Quedan solo seis años para llegar a la fecha límite de 2015. Por supuesto que después de esa fecha la lucha por la consecución de un orden económico y social internacional más justo proseguirá, pero la cuestión ahora es si todavía estamos a tiempo de lograr avances significativos en el contexto de la crisis que nos aflige.

La respuesta es incierta. Al G-7, que impuso al mundo su voluntad durante décadas, le ha sucedido el G-20 que pretende erigirse en máxima instancia económica mundial. Así es que hay que preguntarse, ¿qué se puede esperar del G-20 en relación al urgente logro de los ODM de la ONU?

En mi opinión más bien poco. Los llamados países emergentes -Brasil, Rusia, India, China (BRIC) y otros-, tendrán bastante con evitar una recaída de una parte de sus poblaciones en el pozo de la pobreza y el hambre y en cuanto a los países enriquecidos del antiguo G-7 usarán la crisis como motivo-pretexto para no aumentar la ayuda oficial al desarrollo.

Prueba de lo que digo es la reciente Declaración final del G-20 tras la cumbre de Pittsburgh, donde si bien el párrafo 37 de las Conclusiones del documento menciona los ODM, no avanza ninguna propuesta concreta para hacer viable el logro de esos objetivos.

En fin, parece evidente que hoy en el contexto de la crisis, que puede prolongarse varios años, la solución de los problemas de la pobreza, el hambre, etcétera, a los que tratan de dar respuesta los ODM, no puede desligarse de la realidad global de la situación. Por eso el marco apropiado para afrontar la crisis y tratar de cumplir los ODM no es el de las 20 economías del G-20, sino el de las 192 economías del G-192, la Asamblea General de las Naciones Unidas. En ella, que alumbró la idea y el compromiso de los ODM, a pesar del boicot y la presión política ejercida por los países más enriquecidos y poderosos, tuvo lugar en junio de este año, la ” Conferencia sobre la crisis financiera y económica y su impacto sobre el desarrollo”. Su Documento final alude nada menos que en nueve ocasiones a los ODM -párrafos 3, 4 (dos veces),10, 11, 18, 21, 23 y 28-. En este último, además, les recuerda a muchos países desarrollados el compromiso asumido de destinar al menos el 0,5% del PNB en 2010 y el 0,7% del PNB en 2015 en concepto de asistencia oficial al desarrollo de los países en desarrollo y concretamente entre el 0,15% y el 0,20% al desarrollo de los países menos adelantados.

Sólo ese marco ofrece pues alguna esperanza de que los estados del mundo alcancen una asociación global capaz de poner fin al espectáculo intolerable de la pobreza y el hambre de tantos y tantos millones de personas en el planeta.

Por su parte a la sociedad civil mundial que en todos los países organizada en redes de asociaciones, ONG’s, etcétera, lucha por un mundo más justo, le queda el recurso de seguir movilizándose y presionando con propuestas acerca del 0,7% y más del PNB, la anulación de la deuda eterna de los países más empobrecidos,el establecimiento de impuestos solidarios mundiales, tipo tasa Tobin y la supresión de los paraísos fiscales, como medios para financiar y resolver los problemas de pobreza, hambre, enseñanza, sanidad, etcétera, comprometidos por la ONU en la solemne Declaración del Milenio de septiembre de 2000.

Francisco Morote – ATTAC Canarias